En la Amazonia boliviana 45.000 personas se dedican a la minería ilegal del oro
Una vista aérea de San Simón, en el cantón de Mategua del municipio de Baures, provincia Iténez del Departamento del Beni. La serranía colinda con yacimientos del Brasil y mantiene un límite conflictivo con el municipio cruceño de San Ignacio de Velazco. Durante 17 años, junto a cooperativistas y mineros informales, la trasnacional canadiense Eaglecrest desarrolló aquí, casi en secreto, la minería aurífera subterránea más sofisticada de Bolivia. Las imágenes insertas en el montaje gráfico corresponden a un pozo exploratorio y una de las bocaminas que desarrolló Eaglecrest en la veta “Doña Amelia”. | Fotomontaje Sol de Pando
Los círculos en el mapa marcan las cuencas y regiones donde se combinan operaciones mineras legales e ilegales en la Amazonia de Bolivia. | Foto cortesía Spda
La minería ilegal se extiende en la Amazonia, de la que forma parte Bolivia, con la deforestación, la contaminación del agua y del aire, además de la trata de personas y la explotación laboral. Según un estudio de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (Spda), se calcula que en Bolivia hay unas 45 mil personas que trabajan en esta región de manera ilegal, especialmente en la explotación de oro con el uso de mercurio.
El mismo informe indica que unos 13.500 niños son utilizados principalmente para el ingreso a los socavones; aunque este dato se refiere especialmente a la actividad minera tradicional en el occidente del país. Se considera que la minería en la Amazonia es exclusivamente a cielo abierto.
No obstante, también en los altos montes de la Amazonia boliviana existen yacimientos subterráneos que se combinan con la explotación aluvional. Además de oro, en estos yacimientos se explotan simultáneamente piedras preciosas y semipreciosas, como es el caso de la serranía de San Simón en el municipio de Baures, a orillas del río Iténes, Beni.
El diagnóstico promovido por los académicos peruanos denominado «La realidad de la minería ilegal en países amazónicos», identificó problemas comunes en Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Ecuador y Bolivia, países que han sido objeto de estudios pormenorizados por cada caso.
Los elementos en común de la minería ilegal en los seis países analizados son la expansión de actividades de minería ilegal sobre áreas naturales protegidas, el uso descontrolado de sustancias nocivas a la salud (mercurio y cianuro) con graves implicancias sobre la salud de la población y el incremento de situaciones de trabajo infantil, trabajo forzado, trata y explotación.
La investigación de la Spda estableció que Perú encabeza la lista de los países donde hay una mayor cantidad de personas que trabajan en la minería de forma ilegal. En Perú se contabilizaron 150 mil personas que trabajan en forma informal, le sigue Brasil con un número mayor a las 75.200 personas, en tercer lugar está Colombia con casi 52 mil personas, en cuarto lugar se ubica Bolivia con 45 mil personas que trabajan de forma ilegal, en quinto lugar está Venezuela con 15 mil personas y finalmente se ubica Ecuador con 10.472.
El consumo de mercurio para la amalgamación del oro en los lechos de los ríos amazónicos —un problema común en todos los países estudiados— aumentó en los últimos años. El estudio establece que Colombia consume alrededor de 180 teneladas de esta sustancia, en segundo lugar se ubica Bolivia con 120 toneladas, en tercer lugar Perú con un consumo de 70 toneladas, le sigue de cerca Ecuador con 50 toneladas, Brasil con 45 toneladas y Venezuela, con 15 toneladas.
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