Carlos D. Mesa Gisbert | UNA “AMNISTÍA” IMPROCEDENTE
El Presidente Morales ha hecho conocer el 27 de septiembre de 2018 que nos concede una amnistía a Jorge Tuto Quiroga y a mí con el siguiente argumento: “Tomo esta decisión de manera personal apoyándome en la autoridad legal que la Constitución me confiere y lo hago sin solicitar a los expresidentes nada personal a cambio, sólo que defiendan […] nuestro derecho a una salida soberana al océano Pacífico con todas sus energías, con todo su corazón y capacidad intelectual”.
Lo primero que hice al conocer la noticia fue hacerme varias preguntas ¿Mi acción como Presidente en 2004 de colocar la palabra soberanía como central en nuestro diálogo con Chile y el reposicionamiento de nuestra reivindicación marítima en la Cumbre de las Américas de Monterrey, fue hecha sin energía? ¿Mi apoyo a la decisión del Presidente de enjuiciar a Chile desde que la hizo pública en 2011, fue hecho sin corazón? ¿Mi trabajo como vocero internacional de la Demanda boliviana desde que me invitó en 2014, fue hecho sin capacidad intelectual?
¿Por qué Evo Morales, que tiene pruebas más que suficientes de mi compromiso con la causa marítima, que sabe las condiciones que tuve que afrontar en este tema desde que hice público en septiembre de 2015 que votaría NO en el Referendo del 21F de 2016, da esta señal de “magnanimidad”, cuando es perfectamente consciente de que mi compromiso con el mar boliviano viene desde siempre y será permanente hasta lograr una solución definitiva a nuestra Demanda, independientemente de cuál sea la dureza de los ataques o falsas acusaciones en mi contra por parte de su gobierno? ¿Por qué lo hace a pocos días de conocerse el fallo de la CIJ?
La respuesta no puede ser otra que política. Si el Presidente ha comprobado mi compromiso inclaudicable con el mar, es plausible la hipótesis de que quiera generar una duda en la ciudadanía. Ensayemos la hipótesis: “Vienes a La Haya, me respaldas y aceptas nuevas responsabilidades post fallo y yo te libero de cualquier juicio en tu contra”
¿Qué juicio? ¿Quiborax? ¿Hay un juicio en contra mía en el caso Quiborax? ¡No, no lo hay! El tema está en este momento en la antesala de la Asamblea Legislativa (ALP), que debe decidir si acepta la proposición acusatoria en mi contra. Si la ALP acepta la proposición y decide por dos tercios de votos abrir un juicio, el Fiscal General debe abrir la investigación, decidir si aplica medidas cautelares o no y formalizar la acusación que deberá ser recién entonces transformada en un juicio de responsabilidades sustanciado en el Tribunal Supremo de Justicia.
El Presidente no puede amnistiar a una persona (otra cosa es una decisión abstracta de alcance colectivo) que no tiene juicio alguno y que, en consecuencia, no tiene sentencia ejecutoriada en su contra. ¿Amnistiarme de qué? De nada. He recibido una amnistía como concesión graciosa cuyo resultado es inverso al que dice buscar. ¿Por qué? Porque como ha afirmado con toda intención el vicepresidente: «Lo que está haciendo el Presidente es decir: Yo voy a hacer esta amnistía, condonación o anulación del delito que se ha cometido en aras de un bien mayor, y ¿cuál es el bien mayor?, la defensa del mar”. El Presidente presume mi culpabilidad y no mi inocencia y el vicepresidente afirma que cometí un delito.
Todo tiene un límite, límite que no acepto que se traspase. Mi actuación con Quiborax-Non Metallic Minerals fue impecable. Hice lo que tenía que hacer y lo hice bien. No sólo no cometí delito alguno, sino que recuperé el patrimonio nacional de una empresa pirata conformada por piratas. Quien acusa soy yo y para que no haya dudas, acuso al ex procurador Héctor Arce, al procurador Pablo Menacho, al ministro de Minería César Navarro y a la exministra de Defensa del Estado Elizabeth Arismendi. Los acuso de una vergonzosa defensa de Bolivia y los acuso de daño al Estado por 42,6 millones de dólares, a favor de una empresa que cometió el grave delito de falsificación para enjuiciar a Bolivia y a favor del abogado que, además de defender a Quiborax, fue parte del equipo chileno contra Bolivia en la Demanda marítima.
En consecuencia, desde el punto de vista legal el Presidente no puede amnistiar a alguien que no está sometido a juicio alguno y que no ha sido sentenciado por tribunal alguno. Desde el punto de vista del bien mayor, el mar, el Presidente no puede inferir que requiero de esta “gracia” para actuar con energía, corazón y capacidad intelectual, dado que es así como actúo en el tema desde hace décadas, como periodista y como político, tanto cuando ocupé la presidencia como hoy que me desempeño como vocero de la Demanda Marítima.
