Data: noviembre 15, 2026 | 10:15
SILENCIO EN EL GOBIERNO | Filial Cochabamba de la organización internacional de escritores y poetas que protege la libertad de expresión, recuerda que García Mérida ya enfrentó este año ataques cibernéticos y amenazas de juicio por su labor investigativa. También se pronunció el Comité Nacional de Defensores de Derechos Humanos de Bolivia…
PEN-BOLIVIA EXIGE GARANTÍAS PARA DIRECTOR DE SOL DE PANDO
El documento lleva la firma del Directorio en pleno del PEN-Cochabamba, presidido por la escritora Pilar Pedraza Pérez del Castillo, Directorio conformado además por los académicos Ronnie Piérola, Julieta Zurita, Melita del Carpio y Stefan Gurtner. | Foto Sol de Pando
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© Redacción Sol de Pando
A tiempo de repudiar el intento de asesinato que sufrió el periodista Wilson García Mérida el pasado 4 de noviembre, la filial Cochabamba del PEN-Bolivia, mediante comunicado emitido en la víspera, exige al gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira garantías de seguridad y protección para la labor periodística en el país. El documento lleva la firma del Directorio en pleno del PEN-Cochabamba, presidido por la escritora Pilar Pedraza Pérez del Castillo.
García Mérida recibe respaldo y protección del PEN-Internacional desde su exilio en Brasil durante el régimen de Evo Morales.
Dicha institución “insta a las autoridades del Estado a actuar de manera inmediata para resguardar su integridad física y garantizar el ejercicio del periodismo en el país. El hecho de mayor gravedad ocurrió recientemente en la ciudad de Cochabamba, donde el periodista sufrió una agresión física en la vía pública perpetrada por un individuo con antecedentes de atentados previos en su contra y que habría obtenido libertad en fechas recientes”.
En el ataque, con un letal golpe de piedra en la sien que reventó una arteria en la zona parietal, conectada a la vena yugular, el periodista salvó la vida gracias a la providencial intervención del galeno Alejandro Mina, jefe médico de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC) que se encontraba presente en el momento del atentado. El oportuno auxilio detuvo una intensa hemorragia que habría causado a la víctima un shock hipovolémico.
El oportuno auxilio por parte del médico de ELFEC, Dr. Alejandro Mina, detuvo una intensa hemorragia que habría causado a la víctima un shock hipovolémico. | Foto Sol de Pando
Asimismo —remarca el documento—, “observamos con preocupación que este ataque físico se enmarca en un contexto adverso para el ejercicio periodístico de Sol de Pando, caracterizado por incidentes de censura digital —como la reciente desactivación no autorizada de sus canales de difusión— y por acciones de amedrentamiento legal e institucional mediante notificaciones judiciales vinculadas a sus investigaciones de interés público”.
El pasado 7 de septiembre, Sol de Pando tuvo que interrumpir la difusión de sus investigaciones sobre las actividades delictivas del mercenario argentino Fernando Cerimedo, tras una escalada de ataques cibernéticos que derivó en la eliminación de su cuenta oficial en Facebook. “Nuestra página fue denunciada por 50 bots que se atribuyeron, mediante un aplicativo doloso, la autoría de nuestros informes periodísticos y la página fue bloqueada por META porque habríamos incurrido en ‘violación a derechos de autor’”, denunció García Mérida en el portal www.soldepando.com.
Anteriormente, el 3 de febrero, el entonces Presidente de la Aduana amenazó a García Mérida con un juicio penal, otorgándole plazo de cinco días exigiendo se retracte sobre un informe que vinculaba a dicha autoridad con un contrabandista mexicano de armas y droga, hoy preso en Miami. El Director de Sol de Pando ratificó la información instando al Presidente de la Aduana presentar su reclamo ante el Jurado de Imprenta.
“Recordamos a las autoridades e instituciones estatales que el periodismo de investigación es un pilar fundamental de la democracia y que el uso de mecanismos de presión judicial o digital para silenciar medios vulnera derechos garantizados por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos. El periodismo no debe ejercerse bajo amenaza”, concluye el documento de los poetas y escritores bolivianos.
Junto a la escritora Pilar Pedraza, el Directorio del PEN Cochabamba está conformado por los académicos Ronnie Piérola, Julieta Zurita, Melita del Carpio y Stefan Gurtner.
COMITÉ DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS TAMBIÉN SE PRONUNCIA
El Comité Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Bolivia, observa que los ataques a la prensa nacional, como aquellos que enfrenta Sol de Pando, se enmarcan en un contexto de vulneración de derechos y garantías ciudadanas dentro la sociedad civil, en especial contra los pueblos indígenas de la Amazonia mediante un creciente avasallamiento de sus territorios.
“Apoyamos de manera categórica al estado de emergencia y al pedido emitido por la Unión Nacional de Instituciones para Trabajo de Acción Social (UNITAS) en respaldo a su institución asociada, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), y a la nación indígena Movima, al tiempo que condenamos enfáticamente por las agresiones perpetradas contra el Pueblo Indígena Ese Ejja en el río Madre de Dios y contra el periodista Wilson García Mérida en la ciudad de Cochabamba”, expresa el pronunciamiento de dicha entidad emitido el pasado 8 de noviembre.
Estos actos, dice el Comité, “constituyen amenazas, hostigamiento armado, atentado físico, agresión y amedrentamiento contra personas defensoras de derechos de toda la colectividad; demuestran la consolidación de un patrón de vulneraciones estructurales en Bolivia, documentado por las investigaciones empíricas de nuestro Comité Nacional y los monitoreos del Observatorio de Derechos de la Red UNITAS durante 2024”.
Ante la gravedad de aquellos hechos, el Comité Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Bolivia exige de manera urgente:
1. Garantías Inmediatas y Protección Colectiva al CEJIS y a las Subcentrales SPIM y SMIM del Pueblo Movima.
2. Ejecución de Resoluciones Agrarias e investigación penal en el Predio California, defensa de la TCO Movima, contra la ocupación ilegal e investigación de oficio de la emboscada con armas de fuego y la actuación de redes armadas en la zona.
3. Esclarecimiento de la autoría intelectual en el atentado a Wilson García Mérida.
4. Freno a la contaminación minera y cerco armado en el Río Madre de Dios; y desalojar la minería ilegal, frenar el vertido de mercurio y desarticular los grupos de choque que amenazan al Pueblo Ese Ejja.
5. Implementación de mecanismos de protección de parte del Estado como la promulgación de una Ley de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
“Sin personas defensoras seguras, no hay democracia ni Estado de Derecho”, concluye el documento.
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