XAVIER ALBÓ | Personas con discapacidad

ACERCA DEL AUTOR
El pasado 5 de abril el presidente Evo Morales le confirió la Medalla del Cóndor de Los Andes, condecoración máxima del Estado boliviano, en mérito a “su labor activa en favor de las comunidades indígenas de Bolivia, así como la emprendida con relación a la democracia y los derechos humanos del pueblo boliviano”.
Xavier Albó nació el 4 de noviembre de 1934 en La Garriga (Catalunya, España).
En 1951 se hizo miembro de la Compañía de Jesús. Emigró a Bolivia en 1952 y se nacionalizó ciudadano boliviano.
Es doctor en Lingüística Antropología por la universidad de Cornell, Nueva York (1966 70); licenciado en Teología de la Facultad Borja, Barcelona (1961 4) y de la Loyola University, Chicago (1964 5). Doctor en Filosofía por la Universidad Católica del Ecuador, Quito (1955 58). Realizó estudios en Humanidades en Cochabamba (1952 4) y luego en la Universidad Católica del Ecuador, Quito (1953 4).
Entre otras actividades, se ha desempeñado como miembro del consejo académico de la maestría en antropología de la Universidad La Cordillera y del doctorado en Desarrollo del CIDES (Universidad Mayor de San Andrés, 2002). Ha sido coordinador latinoamericano de jesuitas en áreas indígenas (1995). Miembro de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica (1995).
Desde 1994 es miembro del Comité Directivo del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB)1 y actualmente forma parte del cuerpo docente de la Universidad-PIEB.
Ese mismo año se hizo miembro del directorio de NINA2 y fue presidente del Programa hasta 2001.
A partir de 1972 se ha desempeñado como profesor ocasional en diversas universidades públicas y privadas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro.
En 1971 cofundó el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)3 , del que fue el primer director, hasta 1976. Investigador antropólogo en la oficina nacional de CIPCA (La Paz), ha cubierto diferentes cargos internos. Actualmente es miembro del Directorio. Entre 1978 y 1994 fue miembro del Consejo Nacional de Planificación (CONAP) y en 1995 se hizo miembro de la Asamblea y del equipo de la Unidad de Acción Política de CIPCA.

Personas con discapacidad. Esta es la definición hoy considerada correcta. Resalta que se trata de personas, que tienen todos los derechos humanos y sociales reconocidos por la CPE y demás convenios internacionales. Pero lo son con discapacidad, deficiencias que al interactuar con un entorno social y físico desfavorable los pone en desventaja para defender sus derechos. Pueden desarrollar mejor otras capacidades y tener un gran potencial productivo, aunque la sociedad no lo perciba así.

Los Bs 500 mensuales que reclaman pueden ser un buen paliativo, mucho mejor que los 1.000 anuales que les reconoce el Decreto Supremo 1133, conseguido con la marcha que entonces se realizó bajo el liderazgo del controvertido Jaime Estívariz, un narcotraficante que quedó parapléjico en un enfrentamiento con la policía y que fue diputado con el PPB (Plan Progreso de Bolivia de Manfred Reyes Villa (2009-14). La marcha actual es más genuina y merecería una mayor atención, aunque convendría ampliar y diferenciar mejor su pliego. Por falta de espacio, me concentraré en dos temas centrales: el carnet y el derecho a trabajo, sin entrar en otros temas como la educación de la sociedad, la salud, la arquitectura de edificios y calles, etcétera.

Actualmente es clave tener el carnet de discapacidad, que es el único documento garante de derechos, por ejemplo, a la atención médica gratuita, salvo para terapias más costosas y continuas. Este carnet define porcentualmente el grado de discapacidad de cada persona: Leve, Moderada, Grave y Muy Grave; solo las dos últimas son beneficiarias del bono por tener más de 50% de discapacidad calificado. Pero conseguir ese carnet es costoso, lento y sesgado por diversos intereses burocráticos, aunque sigue siendo la puerta para la mayoría de los servicios.

Hasta el 2015 los registrados con carnet eran 6.136 con discapacidad múltiple; 4.898 con la sensorial (ciegos y sordos), 11.060 con la intelectual; y 12.578 con la física, sumando algo más de 35.000 personas. Comparado con un informe de las Naciones Unidas, que estima que entre el 8 y el 10% de la población en Bolivia tiene alguna discapacidad. Esta calificación porcentual no siempre traduce la realidad de la persona. Tampoco valora las habilidades, experiencias y potenciales, algo clave para su inclusión laboral.

El derecho a trabajo es un elemento estructural básico. Por el DS 29608 de 2008, cada institución pública debe contratar a personas con discapacidad, incluidos padres, madres y tutores cuando corresponda, en un mínimo de 4% del total de su personal. La Defensoría del Pueblo hizo un seguimiento al cumplimiento de lo normado, con resultados negativos. El Ecuador, que durante años tuvo a un vicepresidente con discapacidad, puede darnos pistas adicionales. Por ejemplo. descuenta impuestos o sanciona al sector privado según el cumplimiento de esa norma.

Nuestro Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, administrado por el Ministerio de la Presidencia, tiene la tuición de crear proyectos a favor de personas con discapacidad, como puestos de venta y unidades productivas, con resultados aún no verificados. Es tiempo para dialogar sobre todo esto.

© Xavier Albó con Adrián Pérez, especialista en el tema