LEGALIZAR “CHUTOS” FUE INICIATIVA DE DEL CASTILLO

Banner de la campaña electoral, en Guayaramerín. En el cálculo del ex Ministro de Gobierno, su oferta podía captar alrededor de medio millón de votos, cantidad que el mismo candidato había estimado como propietarios de “autos chutos”, es decir vehículos indocumentados. | Foto archivo Sol de Pando
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© Redacción Sol de Pando | Servicio Informativo Datos & Análisis
Durante el proselitismo previo a las elecciones del pasado 17 de agosto, el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, enarboló como propuesta estrella de su campaña impulsar un proyecto de Ley para “nacionalizar” el parque ilegal de vehículos que ingresaron al país mediante contrabando durante los 14 años posteriores a una Ley similar promulgada por Evo Morales en 2011.
“Legalizar tu auto significa protegerte a ti, a tu familia y a toda la población. Además, pondremos un ‘kit verde’ para que tu vehículo funcione también con electricidad, cuidando el medio ambiente”, escribió el propio Del Castillo en sus redes sociales tras lanzar oficialmente esa oferta electoral el 12 de julio, en Guayaramerín, un mes antes de los comicios.
En el cálculo del ex Ministro de Gobierno, su oferta podía captar alrededor de medio millón de votos, cantidad que el mismo candidato había estimado como propietarios de “autos chutos”.
Según una fuente policial experta en el tema, el candidato del MAS-IPSP no sólo buscaba los votos de dueños de autos chutos. “La propuesta de Eduardo del Castillo, estaba claramente dirigida a beneficiar a narcotraficantes y contrabandistas que lavan dinero y se enriquecen internando al país vehículos robados en Brasil y Chile”, dijo a Sol de Pando el coronel en retiro Nivardo Sánchez Zavala.
Ex oficial de Inteligencia que investigó varios casos durante el gobierno de Evo Morales, el coronel Sánchez asegura que, a diferencia de gobiernos anteriores al MAS “los vehículos indocumentados que ingresan a Bolivia son, en alto porcentaje, autos que se truecan en las fronteras con cocaína. De Chile ingresan dos tipos de autos intercambiados con droga: vehículos livianos que se destinan a las zonas rurales, y vehículos de alta gama, ya sean robados o indocumentados, que son usados por los mismos narcotraficantes; mientras de Brasil ingresan habitualmente motocicletas, también robadas e intercambiadas con cocaína en las fronteras”.
En 2014, Sol de Pando hizo un seguimiento de informes policiales que establecían que los vehículos robados en Chile e intercambiados con cocaína, incluían también el contrabando de mercadería destinada a Pando. Por otra parte, también se estableció que el robo de autos en Brasil era una actividad conexa al narcotráfico. En enero de ese año, la Policía de Pando desbarató una banda que se dedicaba incluso a robar retroexcavadoras en el lado brasileño, para su venta en Riberalta.
La propuesta de legalizar esos vehículos de procedencia dudosa, en opinión del experto, es una forma de fomentar a grupos de narcotraficantes y contrabandistas que controlan el creciente mercado de los “autos chutos” en Bolivia, como ya sucedió con la Ley promulgada por Evo Morales en 2011.
Johnny Fernández fue otro candidato a la Presidencia en la primera vuelta que también propuso legalizar los “autos chutos”; y en la actual fase del balotaje la misma propuesta es enarbolada por el candidato Rodrigo Paz Pereira.

El periódico El País de Madrid había informado que la Ley promulgada por Morales ese 8 de junio de 2011, “ha originado ya una avalancha de automóviles desde las fronteras hacia el interior de Bolivia”. | Foto Sol de Pando
LA LEY AVALANCHA DE EVO MORALES
El 8 de junio de 2011, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 133 “de Regulación y Saneamiento Vehicular”, similar a la que planteó este año el candidato del MAS Eduardo del Castillo.
Dicha Ley legalizó miles de vehículos internados por contrabando y Evo Morales justificó esa medida afirmando que beneficiaba “principalmente a la gente pobre que busca mejorar su estatus y compran autos ilegales porque son pobres; todos tenemos derecho a tener nuestro auto”.
La ley fijaba un plazo de 15 días para el registro de los vehículos indocumentados existentes en territorio nacional, para luego proceder a la “nacionalización” legalizando todos los “autos chutos” previamente registrados, sin importar su procedencia. En ese lapso se produjo una avalancha de autos ilegales que grupos de contrabandistas ligados al MAS introdujeron al país, especialmente de Chile, donde el robo de vehículos se intensificó inusitadamente. La legalización y su efecto multiplicador de «autos chutos» había incrementado el consumo de diésel y gasolina, obligando al Estado reajustar el presupuesto de las subvenciones en el precio de los carburantes. Fue un escándalo internacional.
El periódico El País de Madrid había informado que la Ley promulgada por Morales ese 8 de junio, “ha originado ya una avalancha de automóviles desde las fronteras hacia el interior de Bolivia. Los dueños esperan la aplicación del nuevo ordenamiento automovilístico que, según parece, será más bien todo lo contrario: un caos en el tráfico, mayor daño del medio ambiente y una significativa erogación de recursos para el subsidio estatal a los precios de gasolina y diésel”.
Investigadores chilenos denunciaron que decenas de autos robados en Chile, introducidos al amparo de la Ley 133 de Evo Morales, fueron hallados en poder de autoridades gubernamentales de Bolivia, entre ellos el Comandante Nacional de la Policía, general Ciro Farfán.

En su edición del 11 de julio de 2017, Sol de Pando informó que “la invasión masiva de ‘autos chutos’ durante el actual régimen agravó drásticamente la contaminación ambiental, convirtiéndose en el principal factor de polución urbana con elevada cantidad de tóxicos en el aire”. | Foto Sol de Pando
COCHABAMBA Y LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR
Como efecto inmediato y directo de la Ley 133, Cochabamba se convirtió en una de las urbes más contaminadas de Latinoamérica.
En su edición del 11 de julio de 2017, Sol de Pando informó que “la invasión masiva de ‘autos chutos’ durante el actual régimen agravó drásticamente la contaminación ambiental, convirtiéndose en el principal factor de polución urbana con elevada cantidad de tóxicos en el aire”.
Por tercer año consecutivo la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), organismo de Naciones Naciones Unidas, había clasificado a Cochabamba entre las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, mencionando como principal causa la combustión automotriz.
En su reporte del 2014, la OMS clasificó a Cochabamba como la quinta ciudad más contaminada de la región, después de las ciudades de Lima (Perú), Rancagua y Chillán (Chile) y Santa Gertudes (Brasil).
Para el 2016, la OMS incluyó a Cochabamba en el puesto 11 dentro una lista de 700 ciudades en 67 países de Latinoamérica —después de Lima, Monterrey y México DF, entre otras—, detectando 60 gramos de sustancia contaminante por cada metro cúbico de aire.
La OMS identificó como principal causa de aquella insalubridad ambiental en Cochabamba, al incremento descontrolado del parque automotor.
Ante la insistencia de Naciones Unidas para abordar aquel creciente deterioro ambiental, en mayo de 2017 el propio Gobierno de Evo Morales se vio obligado a reconocer que el 70% de la contaminación ambiental en Cochabamba era causada por el creciente parque automotor generado por el contrabando de “chutos”.
En 2019, contrabandistas y narcotraficantes que financiaban las campañas de reelección de Morales, exigían que se dicte una nueva Ley para volver a “nacionalizar” los autos chutos. El derrocamiento del MAS postergó ese nuevo proyecto de Ley, retomado en la pasada elección por el ex ministro de Gobierno Del Castillo.
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