Reporteros sin Fronteras exige profundizar juicio en caso del periodista asesinado Carlos Quispe

El 29 de marzo de 2008 murió Carlos Quispe Quispe, periodista de FM 90.7 Radio Municipal de Pucarani (altiplano de La Paz) por traumatismos encéfalo craneanos según el informe forense; dos días antes Quispe fue “linchado” (agredido) dentro de la radio que funcionaba en la sede del Gobierno Municipal, por una turba de 300 dirigentes y comunarios, inducidos por dirigentes del «control social» opositores del entonces alcalde Alejandro Mamani. Los equipos de la Radio (antena, computadoras, cables, etcétera) fueron destrozados e incendiados. La Radio no volvió a emitir y existen tres procesos judiciales por este caso. | Foto El Diario

Una sentencia por la jueza Velia A. Choque Tapia el 19 de junio de 2013 obliga al gobierno municipal de Pucarani a pagar una indemnización por muerte en fuente laboral a la familia del periodista Carlos Quispe, asesinado en marzo de 2008 luego de sufrir un linchamiento por unas 300 personas que ingresaron violentamente en la Radio Municipal de Pucarani (altiplano de La Paz), donde trabajaba. Los vocales de La Paz deben ratificar la sentencia emitida.

El caso judicial laboral está radicado desde el 2 de septiembre de 2013 en la Sala Social Segunda del Tribunal Superior de Justicia del Departamento de La Paz, a cargo de los vocales Fernando Aranibar Rico y Grover Johnn Cori Paz, autoridades que deben revisar la sentencia de la jueza Choque, en grado de apelación, según dispone la legislación boliviana en la materia.

“Si bien la vida de Carlos Quispe es irreparable, la familia merece una reparación y una determinación judicial para conocer quiénes son los responsables de aquel crimen contra un trabajador de la prensa. Reporteros sin Fronteras considera que a más de cinco años de la muerte provocada del periodista, la sentencia de la jueza Choque es un primer acto de justicia. El siguiente es que los fiscales y jueces del ámbito penal, culminen la investigación fiscal y emitan su informe definitivo,” declara Reporteros sin Fronteras.

La sentencia de la jueza Choque ordena al Gobierno Municipal de Pucarani, el pago de una indemnización o “Liquidación de Derechos Laborales” por 27.460 Bolivianos ($us.3.950) por indemnización, multa de 30% y cobertura de gastos funerarios, el mismo que debe ser actualizado según el decreto Supremo 28699 de acuerdo a la cotización de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFV del Estado boliviano. La sentencia fue emitida por la jueza Choque luego de que los alcaldes del municipio de Pucarani, Gregorio Mamani Canaza y Félix Alfonso Espinoza Coro fueron declarados en su momento rebeldes ante la justicia y les fueron asignados abogados de Defensa Pública, pese a su condición de máximas autoridades municipales.

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