Data: febrero 23, 2020 | 11:11

Flash/Sopa de Mani

UNA OMINOSA CARENCIA EN EL RÉGIMEN TRANSITORIO | En términos jurídicos, los dos pilares esenciales de la transición debieron ser la Ley del Régimen Electoral y la Ley del Estatuto del Funcionario Público...

¿DÓNDE ESTÁ EL PROGRAMA DE TRANSICIÓN?

El gobierno transitorio que preside la senadora Jeanine Añez administra el proceso sin un Programa de Transición. Al carecer de ese instrumento esencial para la transformación de las estructuras evistas, el gobierno de Añez conduce al país a un retroceso sin precedentes. | Fotomontaje Sol de Pando

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Era de suponer que un proceso de transición —como el emergente en Bolivia tras 14 años de un régimen prorroguista que re-instaló al narcotráfico en el poder bajo los aleros de un populismo autoritario y partidocrático—, debía contemplar un Programa de Gobierno Transitorio enmarcado en la ética de la austeridad y la honestidad, del fomento al respeto de los derechos humanos y de una imparcialidad constructiva capaz de centralizar las fuerzas éticas del país en una sóla corriente de renovación democrática, apartando del escenario a las malas conciencias que pululan en el decadente sistema político sobre el cual se asienta el Estado Plurinacional.

Un Programa de Transición post Evo Morales debía sobre todo perfilar una gestión interina concentrada en dos pilares básicos: la consolidación de un proceso electoral fluido y transparente para superar con pleno éxito el fraude del 20 de octubre; y la institucionalización de cargos en la administración pública como única vía para prevenir la corrupción e imponer transparencia en la gestión estatal. En términos jurídicos, los dos pilares esenciales de la transición debieron ser la Ley del Régimen Electoral y la Ley del Estatuto del Funcionario Público.

Lo que debió ser un proceso electoral festivo y conciliador, es hoy un escenario de incertidumbres, frivolidades y miserias humanas, debido al caos electoral que provocó la inescrupulosa postulación presidencial de Jeanine Añez para las elecciones del 3 de mayo, no obstante que la misión que el Poder Legislativo la encomendó al designarla presidenta interina, era administrar el nuevo proceso elctoral garantizando imparcialidad y transparencia.

Lo que debió ser el inicio de un proceso de institucionalización de cargos reivindicando una vigencia plena de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, es hoy un mercado negro de compra y venta de cargos al mejor postor, y un recurrente manejo prebendal y nepótico de la función pública en beneficio exclusivo de amigos, parientes y obsecuentes de los poderosos de turno.

El retroceso que implica administrar y conducir el tránsito de la dictadura a la democracia sin un Programa de Transición, no sólo implica el peligro de un retorno de Evo Morales con Quintana, sino ir más atrás inclusive.