CARLOS D. MESA GISBERT | No más «entre Chile y Bolivia no hay asuntos pendientes»
Desde que en 1910 Daniel Sánchez Bustamante estableciera la doctrina de Bolivia de reivindicar un acceso soberano al mar, al margen del Tratado de 1904 —doctrina que no hacía sino recoger la de Domingo Santa María: “…no podemos ahogar a Bolivia… debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo…”—, Chile hizo muchas ofertas oficiales en las que se comprometió solemnemente a negociar con Bolivia para darle una salida soberana al Océano Pacífico.
Su lógica fue la cápsula de la bilateralidad, el dogal de una negociación en la que nadie pudiese decir una sola palabra ni ofrecerse como facilitador y, ni digamos, como mediador. Chile hizo cuestión de Estado y trabajó con denuedo para evitar “injerencias” en esa negociación bilateral. La base de su dureza y de su seguridad era la hipótesis de que el Tratado de 1904 cerraba toda opción a Bolivia de salirse de ese estrecho callejón sin salida en el que nos había confinado. Cuando Bolivia anunció que acudiría a un tribunal internacional, en Santiago supusieron que intentaríamos cuestionar parcial o totalmente el Tratado de 1904, y asumieron que Bolivia iba a otro callejón sin salida.
Una vez presentada nuestra memoria de demanda ante la Corte Internacional de Justicia, Chile se dio cuenta de que nuestro fundamento jurídico estaba muy lejos del Tratado. Entonces, el escenario cambió 180 grados para una diplomacia que se había anclado en una certeza: atrapados en la bilateralidad, los bolivianos no teníamos ninguna opción que no pasase por Santiago. No pensaron nunca que la base argumental boliviana iba a apoyarse en otra piedra angular, la propia política exterior chilena sostenida entre 1920 y 1983. Los actos unilaterales de Chile, sus reiterados compromisos, la solemnidad de sus promesas, todos ellos incumplidos.
Bolivia, por primera vez, rompía el cerco e incorporaba no a un tercero, sino al máximo tribunal internacional de justicia de las Naciones Unidas y, ¡oh sorpresa!, no basaba su demanda en el Tratado de 1904. Lo que parecía imposible ocurrió. No más: “entre Chile y Bolivia no hay asuntos pendientes”. A partir de esa realidad, Chile se vio obligado a cambiar de estrategia. Bolivia, liberada de esa traba aparentemente infranqueable, comenzó a explicarle a la comunidad internacional la realidad de su demanda, sus fundamentos jurídicos y las razones esenciales por las que pide un acceso soberano al mar, aunque estas podrían no existir sin disminuir un milímetro la obligación jurídica de Chile de sentarse a negociar con Bolivia. Ocurrió lo que Chile no hubiese querido que ocurra, verse forzado a explicar porqué se niega a darle a Bolivia un acceso soberano al mar que sus propias autoridades, a lo largo de casi un siglo, se comprometieron a negociar.
Ante la fortaleza argumental boliviana, la diplomacia trasandina no encontró otro camino que intentar cambiar de escenario, dado que sus compromisos unilaterales son tan evidentes y es tan contundente el contenido de su promesa de “negociar con Bolivia para darle un acceso soberano al mar”, dicen que en el fondo Bolivia objeta el Tratado y pone en serio riesgo el sistema jurídico internacional en el que se apoya la estabilidad fronteriza mundial. El anuncio de la llegada de un “próximo apocalipsis” da una idea de cuan complejo es el asunto para Chile.
En la antesala a los alegatos orales, que para Chile son el verdadero juicio de fondo, sus autoridades juegan a doble mano, por un lado la preparación de su alegato y por el otro la preparación de su opinión pública. Necesitan generar tranquilidad en sus ciudadanos, necesitan mostrar seguridad, necesitan proyectar la idea de que Bolivia no las tiene todas consigo; que decimos una cosa y hacemos otra, que nuestra debilidad argumental será contrarrestada con la intemperancia de quien no se atreve a decir que aceptará los fallos de la CIJ.
Sin ningún reparo Chile invierte los términos, pretende que el país que ha hecho la demanda responda si está dispuesto a acatar los fallos de la CIJ, sugiere que las autoridades bolivianas no quieren ser claras en la cuestión.
Que quede claro. Bolivia ha presentado una demanda ante la CIJ porque cree que es el organismo idóneo para resolver pacíficamente diferendos entre estados y porque cree que falla en derecho. ¡Sí! La respuesta es inequívoca. Bolivia se someterá a los fallos de la CIJ, en plural, porque está convencida de que la Corte se declarará competente y porqué está convencida de que llegaremos al debate de fondo: la obligación de Chile de cumplir sus compromisos de negociar con Bolivia.
Chile debe ceñirse a las bases jurídicas de su demanda. No tiene caso generar equívocos sobre la clara postura boliviana. Chile, que objeta la competencia de la CIJ, es el país que debe responder si, como dice, respeta por encima de todo el derecho internacional. Nuestra duda es razonable. Durante décadas incumplió sus compromisos unilaterales, es legítimo preguntarse si ante un fallo de la CIJ que declare que Chile se obligó a negociar con Bolivia, esta vez sí hará lo que no hizo desde 1920.
