Data: febrero 27, 2020 | 16:55

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UN ATAQUE DE TRANSPARENCIA | La Procuraduría del Estado desclasificó varios “contratos directos y secretos” con dos bufetes de abogados extranjeros que cobraron $us 8 millones en arbitrajes internacionales...

DEFENSA LEGAL DEL ESTADO SERÁ LICITADA

José María Cabrera, Procurador del Estado: “Con un decreto supremo, argumentando que era de necesidad pública, hacían que se sustraigan contratos confidenciales y reservados; lo que en la práctica equivalió a que estos contratos sean secretos…” | Foto ABI

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Con la promulgación de un nuevo Decreto Supremo impulsado por la Procuraduría General del Estado, se anula el Decreto Supremo 2698 del ex presidente Evo Morales que legalizaba la contratación directa de consorcios jurídicos para la defensa legal del Estado boliviano con una cláusula de confidencialidad que impedía transparentar dichos contratos. A partir de ahora las contrataciones se realizarán a través de licitación pública internacional.

El Procurador General del Estado, José María Cabrera Dalence, informó que el decreto de Morales fue abrogado por el Decreto Supremo 4156 disponiendo la adjudicación de próximos contratos mediante licitación pública internacional, además que las nuevas adjudicaciones deberán remitirse a la Contraloría General del Estado y registrarse en el Sistema de Contrataciones Estatales.

Cabrera recordó que durante el gobierno de Evo Morales, mediante aquellos contratos directos sometidos a estrictas cláusulas de confidencialidad, el Estado Plurinacional de Bolivia pagó desde el año 2006 alrededor de ocho millones de dólares a dos consorcios de abogados extranjeros que asumieron defensa en ocho arbitrajes internacionales contra empresas que fueron estatizadas por el régimen anterior.

Dos consorcios jurídicos extranjeros fueron beneficiados con dichos contratos directos encriptados por el Decreto de Evo Morales, por un monto que supera los 54 millones de bolivianos (aproximadamente ocho millones de dólares): la francesa Dechert se encargó de seis procesos ante tribunales internacionales de Arbitraje, por los cuales cobró un total de Bs 51’615.198, es decir $us 7.535.065. Por su parte el consorcio norteamericano Foley Hoag recibió un pago de Bs 2.497.737 ($us 364.633) por dos casos antendidos.

Dechert, con sede en París, defendió al Estado boliviano en los pleitos arbitrales con Albertis, Glencore, Rurelec & Guaracachi, Pan American Energy, Paz Holding y CLHB. Con excepción de Glencore, todos los arbitrajes concluyeron en conciliación e indemnizaciones para la tuición estatal de subsidiarias en empresas bolivianas como ENDE e YPFB.

El bufete de abogados Foley Hoag, desde sus oficinas en Boston y Nueva York, atendió los pleitos con ETI Euro Telecom y AEI Luxemburg Holdings, llegando a conciliación e indemnización por la estatización de ENTEL y Transredes.

El procurador Cabrera reveló que en dependencias a su cargo se descubrió un “bunker” donde se escondían los archivos de todos los procesos que siguió el Gobierno de Evo Morales para la llamada “nacionalización” de las empresas estratégicas del Estado.

“Con un decreto supremo, argumentando que era de necesidad pública hacían que se sustraigan contratos confidenciales y reservados” —declaró en entrevista con La Razón—; “lo que en la práctica equivalió a que estos contratos sean secretos. Pero en un Estado de derecho solo se permite que los contratos sean secretos por dos motivos: defensa nacional y seguridad del Estado. Ninguna de estas categorías abarca la contratación de un abogado o bufetes nacionales o internacionales de manera secreta, todo debe ser público”.

José María Cabrera asumió el cargo de procurador General del Estado el 3 de diciembre.