Carlos D. Mesa Gisbert | MEDIOS, PODER Y COERCIÓN
No es saludable a mediano y largo plazo que quienes detentan el gobierno sean los “dueños” de la verdad…
Cuando un gobierno decide unilateralmente establecer la valoración de lo que es verdad y es mentira, de lo que es responsable e irresponsable, de lo que es politizar o no politizar, se convierte en árbitro discrecional de los demás, y lo hace en los temas más sensibles de los derechos de los ciudadanos, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión…
Esa mirada subjetiva está obviamente condicionada por la posición ideológica de quien detenta el poder. No es el camino adecuado para llevar adelante un comportamiento genuinamente democrático, cuando es evidente que toda sociedad se caracteriza por la diversidad y aún el antagonismo de ideas.
La libertad de expresión es uno de los valores mayores de la libertad como concepto que hace posible la plenitud humana. Limitarla mediante cualquier instrumento, cercena el corazón mismo de uno de nuestros derechos fundamentales.
La responsabilidad de que la libertad de expresión se ejerza de manera plena tiene siempre dos puntas, la del poder del gobierno y la de los poderes de la sociedad civil expresados de diverso modo (empresas, sindicatos, iglesias, organizaciones sociales, activistas, ONG’s, etcétera). Dadas las circunstancias actuales ocupémonos de una de esas puntas. En Bolivia es evidente que el gobierno ha conseguido un poder muy grande, el mayor desde que se reabrió la democracia en 1982. La legitimidad de sus triunfos electorales sucesivos le ha permitido construir una hegemonía de partido, el MAS, y un dominio directo e incuestionable sobre dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo y otro, poco disimulado, sobre los poderes Judicial y Electoral.
El gobierno debe entender una ecuación tan sencilla como desafiante. A mayor poder, mayor responsabilidad. A mayor poder, mayor necesidad y obligación de escuchar y aceptar la crítica de la minoría como parte del ejercicio imperativo de la pluralidad. Es sobre esa obligación, la del uso responsable del poder, que los medios deben ser tratados por el gobierno. Los medios tienen el derecho de hacer oposición, hacerla duramente si así lo creen conveniente —mientras esta se desarrolle en los límites de la legalidad—, y tienen el derecho de hacer política y alinearse ideológicamente en el lugar que crean más adecuado a su visión de la sociedad.
Los actuales gobernantes deben recordar el pasado democrático anterior a 2006 y el pasado dictatorial anterior a 1982. En el periodo 1982-2006, salvo excepciones —que las hubo— el respeto a la libertad de expresión fue pleno y de ese derecho gozaron los actuales gobernantes cuando sufrieron cárcel, represión o expulsión del Congreso. En el periodo dictatorial,cuando vivimos sometidos a una restricción severa o total de la libertad de expresión, uno de los argumentos de los dictadores era que periodistas y medios hacían política y no periodismo.
No es aceptable hoy que un gobierno democrático apele a argumentos tan desgastados y sobre todo incorrectos. La política es parte de nuestras vidas y, por supuesto, un derecho ciudadano individual y colectivo de todos.
En este punto es imprescindible hacer una distinción, el gobierno no es el Estado, el gobierno, específicamente el Poder Ejecutivo, administra el Estado, el Estado somos todos y, por tanto, los recursos del Estado son de todos. Cuando ese administrador destina una determinada cantidad de dinero para difundir las tareas estatales (gas domiciliario, inversiones en carreteras, planes de vivienda, bonos, inversiones industriales, etcétera, etcétera), la lógica debe estar estrictamente circunscrita a dos criterios, el de considerar en lo posible a todos los medios de comunicación y el de hacer esa distribución proporcional en función de los niveles de audiencia y lectoría.
El gobierno debe saber que el dinero es de los contribuyentes y no puede ejercer presión, debilitamiento o asfixiar a medios de comunicación y periodistas a partir de la distribución arbitraria de los recursos de la publicidad que administra. Menos aún a través de amenazas veladas o directas sobre estos.
No es saludable en el mediano y en el largo plazo que quienes detentan el gobierno sean los “dueños” de la verdad. En política, como en todo, no hay verdades ni absolutas ni reveladas, hay interpretaciones y propuestas, hay visiones de mundo que se enriquecen en la medida en que somos capaces de confrontarlas en el marco del respeto, la tolerancia y el cumplimiento de la Constitución.
Nuestra sociedad necesita oxígeno político, vasos comunicantes, debate abierto y fortalecimiento de las estructuras que fortalecen nuestra democracia. Los medios, los partidos políticos, las organizaciones sociales, son parte de ese tejido. La independencia de poderes y el respeto a esa independencia, el sometimiento a la Ley, nos guste o no su contenido, es parte de un camino cuyo principal responsable es el gobierno, mucho mas este, precisamente por el gran poder que le ha otorgado la ciudadanía para que haga un ejercicio democrático de ese mandato.
