Abogadas aymaras dentro el Gobierno se enfrentan en la administración de justicia
La magistrada Mónica Limachi Rosas, con mantilla roja, y la ministra Virginia Velazco Condori, abogadas aymaras en la función pública del Estado Plurinacional. | Fotomontaje Sol de Pando
Lo novedoso de la ministra Velazco Condori y la magistrada Limachi Rosas es que ambas abogadas en función pública vienen protagonizando una controversia legal que pone de manifiesto la contradicción principal en que se debate el llamado proceso de cambio: La lucha entre la corrupción y la transparencia, de cuyo devenir depende el futuro revolucionario de Bolivia con su profundización libertaria de la democracia, o con su retroceso desde el populismo prebendal y autoritario….
UNA MINISTRA DESDE ABAJO Y PARA ABAJO
La doctora Virginia Velazco Condori se integró al gabinete del presidente Evo Morales como Ministra de Justicia, el 23 de enero del pasado año 2015. Nació en la comunidad de Caicoma, municipio de Laja, capital de la provincia Los Andes del departamento de La Paz; radica en la ciudad de El Alto.
Titulada como Licenciada en Derecho de la Universidad Salesiana de Bolivia (USB), se desempeñó como abogada en el ejercicio libre, incursionando en varios ámbitos de la profesión. Durante su trayectoria, la nueva autoridad tuvo relacionamiento con varias organizaciones sociales.
En su desempeño sorprendió a la opinión pública al dejar su despacho durante el pasado mes de octubre para “infiltrarse” como “ciudadana encubierta” en varios juzgados del territorio nacional y dependencias del Ministerio Público, para realizar trámites de rutina, afán en el cual fue varias veces maltratada por jueces y fiscales que la confundieron como una “chola cualquiera” sin saber que era la Ministra de Justicia. Aquellos ingeniosos y valientes “operativos sorpresa” le permitieron constatar “in situ” el grado de corrupción e ineficiencia que prevalece en algunos niveles medios del sistema judicial, identificando personalmente a malos funcionarios en juzgados de Quillacollo, Montero, Yacuiba y otras ciudades principales e intermedias del país.
En una entrevista publicada por La Razón, la ministra Velazco Condori declaró haber sentido “un profundo dolor, como autoridad y como mujer”, al experimentar el maltrato que reciben los ciudadanos comunes en tales reparticiones del Poder Judicial. “Imagínese, si a mí me han tratado de esa forma, pienso que el pueblo boliviano sufre más”, dijo.
“No porque se es de poncho o pollera se va a discriminar. La Constitución establece que estamos en democracia y no es posible que se discrimine. Todos merecemos respeto ante la ley”, declaró en otra entrevista publicada por El Deber.
Fue declarada “Hija Predilecta” del municipio de Achacachi.
En diez años de vigencia, el Estado Plurinacional de Bolivia abrió un nuevo resquicio de participación popular ampliando el componente social de la administración pública, con la presencia de profesionales que en pasados regímenes eran marginados por su condición étnica o su bagaje cultural. Este avance es visible con el creciente protagonismo de mujeres de pollera que migraron del campo a la ciudad tras el objetivo de obtener educación universitaria, y lo lograron sin abandonar su identidad.
Es el caso de la actual ministra de Justicia Virginia Velazco Condori y la Delegada por La Paz en el Consejo de la Magistratura Mónica Limachi Rosas, mujeres aymaras, las dos, y abogadas de profesión.
No son las primeras «cholas» (así decimos en Bolivia a las indígenas mestizas que visten a la usanza colonial imitando a las damas sevillanas dieciochescas), pues antes de ellas sus cargos ya fueron ocupados por otras mujeres de pollera; lo cual indica que en el campo del Derecho, a diferencia de otras profesiones como la Medicina, este género halló oportunidades seguras para su realización profesional. En el Estado Plurinacional hay cada vez más cholitas abogadas, así como periodistas, profesoras o secretarias desempeñándose con idoneidad en la administración pública y el sector privado.
Entre polleras limpias no hay componendas
Lo novedoso de la ministra Velazco Condori y la magistrada Limachi Rosas es que ambas abogadas en función pública vienen protagonizando una controversia legal que pone de manifiesto la contradicción principal en que se debate el llamado proceso de cambio: La lucha entre la corrupción y la transparencia, de cuyo devenir depende el futuro revolucionario de Bolivia con su profundización libertaria de la democracia, o con su retroceso desde el populismo prebendal y autoritario.
Esta semana, la ministra de Justicia Virginia Velasco Condori instruyó investigar a la delegada del Consejo de la Magistratura Mónica Limachi Rosas acusada de favorecer, mediante tráfico de influencias, a familiares suyos que estarían implicados en un caso de despojo de una propiedad de 13 mil metros cuadrados en la provincia Loayza que pertenece a una anciana inválida de 87 años. Limachi se defiende y contraataca amenazando con enjuiciar a la Ministra por difamación y calumnias.
Según informó la red Erbol el pasado 19 de enero, la ministra de Justicia Virginia Velasco Condori instruyó una “investigación minuciosa” a la delegada del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi Rosas, cuya familia estaría implicada en un caso de supuesto despojo inmobiliario a una anciana.
De acuerdo a la denuncia planteada por la ciudadana Zoraida Aquino a través de Erbol, «familiares de Limachi despojaron un terreno de 13 mil metros cuadrados en la provincia Loayza que pertenece a su abuela de 87 años que no se puede mover y sólo vive de su Renta Dignidad, llamada Casimira Huertas”.
La abogada de la anciana Huertas, Claudia Castro, explicó que el esposo de Martha Limachi (hermana de Mónica) allanó y se benefició de la estancia que pertenece a la anciana. Luego, el cuñado de la magistrada Limachi Rosas fue aprehendido y un juzgado de Sica Sica lo benefició con detención domiciliaria que debe cumplir en la misma estancia que supuestamente despojó a la anciana. Los denunciantes presumen que hubo tráfico de influencias para esta determinación.
Enterada del caso, la ministra Velasco Condori ordenó una investigación. “Vamos a ser drásticos en eso de que se haga una investigación minuciosa. Que revisen los abogados bien. La abuelita tiene que estar con sus terrenos, no puede ser que le quiten”, dijo la autoridad a Erbol. “No por el hecho que sea del Consejo de la Magistratura la doctora Limachi puede estar haciendo sufrir a gente humilde de la tercera edad”, agregó la Ministra.
Los descargos de Mónica Limachi
UNA MAGISTRADA ENTRE LUCES Y SOMBRAS
El 9 de julio del pasado año, la abogada Mónica Limachi Rosas fue posesionada como la nueva responsable departamental del Consejo de la Magistratura en La Paz. Anteriormente había ocupado los cargos de Auxiliar de Sala Penal, Secretaria de Tribunal, Defensora Pública, Juez y Fiscal tanto en la ciudad de La Paz como en provincias de este departamento. Se tituló como Licenciada en Derecho dentro la Universidad Mayor de San Andrés el año 2005, con la especialidad de Derecho Penal.
Según se aprecia en una foto suya que figura el registro de su matrícula en el Colegio de Abogados de La Paz, Mónica habría evadido la discriminación racial en las aulas universitarias ocultando su condición de “chola”, vestía como una estudiante urbana con jeans en vez de polleras. Volvió a usar su atuendo originario cuando incursionó en política para acceder a puestos judiciales en el Estado Plurinacional.
Su gestión es muy accidentada desde sus inicios. Fue varias veces denunciada por irregularidades en sus funciones como jueza en el municipio de Viacha y en la localidad de San Andrés de Machaca, a tal punto que un ciudadano exigió la destitución del presidente nacional del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, por haberla designado desde Sucre como delegada de ese organismo judicial en La Paz sin cumplir ciertos requisitos legales.
Siguiendo una publicación del diario Página Siete del 16 de junio del 2015, Limachi Rosas habría prevaricado como jueza de Viacha en supuesta componenda con un diputado del MAS, Rubén Chambi, quien se habría apropiado de un terreno agrícola perteneciente a una familia campesina que acusó al diputado de haber protegido a un violador de su hija de 16 años. El violador, informó Página Siete, “fue aprehendido y puesto a disposición de la jueza cautelar de Viacha, Mónica Limachi Rosas, quien remitió a la cárcel de Chonchocoro, pero curiosamente salió en libertad después de más de un mes con el beneficio de cesación de la detención preventiva con arresto domiciliario”.
No obstante esos antecedentes negativos, la doctora Mónica Limachi como Delegada del Consejo de la Magistratura, muestra esfuerzos encomiables por moralizar la justicia en el departamento de La Paz. En septiembre del 2015 intervino el Juzgado Sexto de Partido de Familia a raíz de denuncias sobre retardación de justicia. Posteriormente intervino las 12 oficinas de Derechos Reales, detectando rutinarias irregularidades.
En octubre pasado, tras verificar retardación de procesos, malos tratos del personal judicial y otras irregularidades, procedió a rotar a las autoridades de un asiento judicial a otro con el objetivo de mejorar la imagen de la justicia; entonces fue objeto de amenazas junto al equipo fiscalizador del Consejo de la Magistratura.
También inició procesos administrativos y penales contra 544 funcionarios judiciales entre oficiales, auxiliares y jueces.
En noviembre del 2015 denunció y logró la destitución del juez Marcelo Barrientos que fue filmado pidiendo dinero al familiar de un acusado de violación.
“Tratan de intimidarte, pero no lo van a lograr, porque lo que estoy haciendo es un trabajo que debe haber un cambio efectivo en la justicia, porque ya es intolerable esperar otro tiempo más y gracias a Dios me ha dado esta oportunidad de estar en este cargo y todo lo que se lo voy a plasmar y dar vida a esas leyes”, declaró en una nota publicada por la Agencia Boliviana de Noticias.
Por su parte, la magistrada Mónica Limachi negó las denuncias en su contra y anunció que iniciará un proceso por difamación y calumnia contra quienes la acusaron.
“Esta denuncia es falsa, voy a dar a conocer mediante certificado emitido por el Tribunal de Sentencia de Sica Sica que los procesados dentro de este hecho están involucrados el señor Vladimir Aquino (quien sería su cuñado) y como parte denunciante está la señora Casimira Huertas (…). Mi persona jamás ha cometido un hecho irregular”, explicó la autoridad judicial según Erbol.
“Tal vez la ministra Virginia Velasco ha sido sorprendida en su buena fe (…), lo único que quieren es acallarme en la labor que estoy realizando, he recibido amenazas de muerte por celular y mensajes, me están iniciando un proceso de difamación por denunciar a estas autoridades a quienes mi persona ha denunciado y ha hecho conocer cómo está la justicia. Algunos jueces tienen hasta 38 procesos y eso no es mentira”, afirmó Limachi Rosas.
Las acciones que asumirá la magistrada se traducirán, dijo, en un proceso penal por difamación y calumnia contra Soraida Aquino Figueredo y su abuela Casimira Huertas, quienes habrían gestado la denuncia en su contra. Limachi informó que también procesará a la abogada Claudia Castro, quien es patrocinante de Huertas y la denunció por supuestamente Limachi perjudicarla en una postulación a jueza.
“También iniciaré un proceso contra la doctora Claudia Castro quien ha sido postulante a juez Tribunal Primero de Sentencia, la cual de acuerdo al informe emitido, la ciudadana no habría cumplido con los requisitos y fue eliminada en la primera fase de presentación de documentos”, explicó.
Según la misma red Erbol, Limachi Rosas informó que igualmente presentará una denuncia por difamación, calumnias e injurias contra la Ministra de Justicia que instruyó investigarla por el caso en cuestión.
