YPFB entrega el Gas a empresa brasileña ligada al Lava Jato
El 5 de diciembre del pasado año, los presidentes Evo Morales y Michel Temer sostuvieron una cumbre en Brasilia acordando, entre otros temas, la venta directa del Gas Natural de Bolivia al holding JBS (EPE-AmbarGas) del multimillonario Joesley Batista, quien en mayo de ese mismo año confesó haber pagado sobornos a Temer y sus colaboradores para beneficiarse con el negocio gasífero sin la intervención de Petrobras en las negociaciones con la estatal boliviana YPFB. | Fotomontaje Sol de Pando
El 29 de noviembre del 2016 llegó a La Paz el representante de EPE-JBS, Rodrigo Zuñiga. Aquel socio de Joesley Batista en el Mato Grosso logró la firma con YPFB, bajo la supervisión del Ministro de Hidrocarburos, de un primer contrato directo de suministro de Gas al margen de Petrobras, vigente hasta diciembre del 2019. | Foto ABI
El Gobierno de Bolivia se dispone a consumar la entrega del Gas natural que produce Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la comercializadora privada EPE (Empresa Pantanal de Energía) perteneciente al holding JBS, que controla la usina termoeléctrica del Estado de Mato Grosso una vez que logró desplazar de ese negocio a la estatal Petrobras tras el pago de millonarios sobornos a políticos —entre ellos el presidente Temer— que traficaron sus influencias en favor del holding que lidera el multimillonario Joesley Batista.
El 5 de mayo de 2017 llegaron a Santa Cruz los gobernadores Pedro Taques de Mato Grosso y Reinaldo Azambuja de Mato Grosso do Sul para firmar con el Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, una carta de intenciones que garantiza incrementar durante el 2019 suministros de Gas Natural que YPFB ya está vendiendo de manera directa al holding JBS, sin participación de Petrobras. | Foto ABI
Para el Ministro de Hidrocarburos boliviano, Luis Alberto Sánchez, esa privatización corrupta en Brasil es “muy positiva” en la perspectiva de Bolivia.
De hecho ya se firmó un primer contrato directo con EPE-JBS en noviembre de 2016, el mismo que está vigente hasta diciembre de 2019.
En declaraciones efectuadas a la prensa de La Paz, ayer viernes, el ministro Sánchez ha confirmando que a partir del nuevo año 2019 —cuando fenece el contrato suscrito en 1996 y que rige desde 1999— la estatal YPFB reducirá drásticamente el volumen de Gas natural que se vendía de Estado a Estado. El nuevo contrato prevé la venta mayoritaria del hidrocarburo a la empresa privada que monopoliza el negocio gasífero en Cuiabá, Mato Grosso, tras arrinconar judicialmente a Petrobras.
El 21 de diciembre de 2017, el ministro de Hidrocarburos Juan Carlos Sánchez retornó a Cuiabá para sellar un negocio con el grupo JBS que se vino gestando desde el 2011 cuando Petrobras comenzó a perder terreno en el Mato Grosso. | Foto Olhardirecto.com.br
El objetivo de JBS en el Mato Grosso es también posicionar a Ambar Comercializadora de Gas (ACG), subsidiaria de EPE, como la principal empresa distribuidora de Gas domiciliario en el Pantanal brasileño, para lo cual era preciso que EPE tome control directo de la distribución del Gas boliviano que se hallaba en manos de Petrobras hasta el año 2012, cuando JBS demandó judicialmente a la estatal brasileña por «competencia desleal y prácticas monopólicas”.
Sánchez explicó que Petrobras es “un intermediario” del Gas que le compra a YPFB para “re-vender” el combustible boliviano en el Estado de São Paulo “a mayor costo”. Pero a partir del siguiente año, dado que Petrobras quedó impedida para ampliar el contrato firmado en 1996, Bolivia podrá comercializar el carburante “de forma directa a los consumidores brasileños”.
Sin embargo —contrastando aquella versión oficial con una investigación periodística que sobre el tema publicó Sol de Pando el 25 de mayo de 2017—, la autoridad petrolera boliviana no dice toda la verdad.
El ministro Sánchez no dice, por ejemplo, que EPE y Ambar Gas forman parte del holding más corrupto del Brasil. JBS —junto Odedrech, OAS y Queroiz Galvão— es otras de las poderosas empresas sobornadoras investigadas dentro el expediente Lava Jato.
Modificación y achicamiento del Gasoducto
El funcionario del Estado Plurinacional no explicó a los medios que uno de los factores para la “beneficiosa reducción de costos y mejora del precio” en el nuevo contrato que arrancará en 2019, es que el Gas boliviano ya no llegará al distante Estado de São Paulo, donde los grandes complejos industriales comienzan a consumir crecientes volúmenes provenientes de campos gasíferos descubiertos en Paraguay y Argentina, sobre la triple frontera en la cuenca del Paraná, prescindiendo gradualmente del Gas boliviano.
El nuevo contrato en ciernes se reducirá a proveer Gas Natural prioritariamente a la Termoeléctrica de Cuiabá, capital del Estado de Mato Grosso, sobre la frontera caliente con Santa Cruz, donde el narcotráfico es la principal actividad, además de la venta de Gas Natural. La venta también se extenderá al vecino Estado de Mato Grosso do Sul, cuya capital es Campo Grande.
Privatización brasileña de la distribución del Gas boliviano
Los primeros pasos para abrir las puertas a EPE-JBS en el negocio del gas boliviano se dieron en septiembre del 2011, en Rio de Janeiro, paradógicamente en la sede de Petrobras, donde el entonces Presidente de YPFB Carlos Villegas y el gobernador de Mato Grosso Silval Barbosa (actualmente preso por el Lava Jato) acordaron garantizar el suministro a la Temoeléctrica de Cuiabá. | Foto Hidrocarburos Bolivia
Según verificó Sol de Pando acudiendo a fuentes de Petrobras en Brasilia, la Termoeléctrica de Cuiabá denominada oficialmente “Usina Governador Mário Covas”, fue construída en 1999 como propiedad estadual, enfrentando de inicio problemas en el suministro de combustible.
El año 2010, por gestiones directas del entonces Gobernador del Estado de Mato Grosso, Silval Barbosa, ante el Ministerio de la Presidencia de Bolivia, YPFB se comprometió a modificar la ruta del gasoducto de Curumbá hacia San Matías, con el fin de abaratar el costo de transporte a la zona del Pantanal.
El 5 de mayo de 2017 el presidente Morales se reunió en Santa Cruz con los gobernadores de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, avalando a ojos cerrados los negocios que encabeza su Ministro de Hidrocarburos con el grupo sobornador del Lava Jato EPE-JBS. | Foto ABI
En 2011, aún con participación de Petrobras, YPFB (entonces bajo la presidencia de Carlos Villegas) firmó en Rio de Janeiro una Adenda para cubrir los requerimentos de la usina de Cuiabá a través de la distribuidora estadual MT-Gas. EPE ya había participado en esas negociaciones con Bolivia como concesionaria privada de la Termoeléctrica.
Al año siguiente, en 2012, el gobernador Barbosa privatizó totalmente la planta termoeléctrica estadual no sólo en su administración operativa sino también en el control de la distribución interna que pasó a manos de JBS, generando un millonario conflicto judicial entre EPE y Petrobras.
El proceso de la privatización de la distribución interna del Gas boliviano en Brasil iniciado el año 2011 en Rio de Janeiro, culminó con la cumbre Temer – Morales en Brasilia el 5 de diciembre del pasado año. | Foto Alan Santos / Agencia Brasil
La disputa judicial entre EPE-JBS y Petrobras por el control de la distribución interna del Gas boliviano en el Mato Grosso, produjo una paralización de la Termoeléctrica de Cuibá por un lapso de casi cuatro años.
En 2016, también a fines del año, Joesley Batista decidió «tomar el toro por las astas» enviando a La Paz a su socio en el Mato Grosso, Rodrigo Zuñiga, quien suscribió un primer contrato de venta directa, contando con los «buenos oficios» del Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Juan Carlos Sánchez.
Posteriormente, el 5 de mayo de 2017, los gobernadores Pedro Taques de Mato Grosso y Reinaldo Azambuja de Mato Grosso do Sul llegaron a Santa Cruz para firmar con el Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, una carta de intenciones garantizando incrementar durante la gestión 2019 suministros de Gas Natural mediante las empresas del holding “JBS-J&F Investimentos”, sin participación de Petrobras. Ese acto contó con la asistencia del presidente Evo Morales que dio su visto bueno a las negociaciones con el grupo privado brasileño.
En diciembre de 2017, Silval Barbosa, el gobernador de Mato Grosso que logró la desviación del gasoducto boliviano a San Matías (zona endémica del narcotráfico), fue condenado a 14 años de cárcel como parte de las investigaciones del Lava Jato por recibir sobornos del empresario Joesley Batista en el proceso de privatizar dolosamente la usina termoeléctrica de Cuiabá (entre otros cargos de corrupción que abarcan lavado de activos y enriquecimiento ilícito) .
La Termoeléctrica de Cuiabá funciona con un mínimo de 2.2 millones de metros cúbicos diários (mcd) de Gas Natural y un máximo de 4 millones, para generar 480 megawatts que abastecen el 40% del consumo eléctrico en el Estado de Mato Grosso.
El contrato original fue firmado en 1996 y entró en vigencia en 1999 por un período de 20 años, acordando la exportación de 30 millones de metros cúbicos diarios de Gas Natural mediante el gasoducto extendido hasta el Estado de São Paulo, en el extremo sur del Brasil, pasando por los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. En los últimos años, el volumen contractual se redujo a no más de 13 millones de mcd.
Con el nuevo contrato, la venta se reducirá al tramo fronterizo San Matías – Cuiabá – Campo Grande, para aprovisionar el combustible boliviano a los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul.
Todo el Gas boliviano para el Lava Jato de Joesley Batista | VIDEO
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“Propinas” a Temer para sacar a Petrobras del negocio
Joesley Batista y Michel Temer mantenían una relación de amistad y de negocios de larga data. El Lava Jato los desenmascaró enfrentándolos. Los delitos de Temer que delató Batista son más graves de los que depusieron a Rousseff y mandaron tras las rejas a Lula. | Foto Archivo Sol de Pando
El 4 de septiembre de 2015, EPE-JBS presentó una denuncia contra Petrobras ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), por competencia desleal y monopolio, buscando someter a la empresa estatal para controlar la distribución y venta interna del Gas boliviano en todo el suroeste brasileño. El objetivo de Joesley Batista era obligarle extorsivamente a Petrobras reducir el precio de venta del gas boliviano destinado a Cuiabá, o desplazarlo del mercado. Esta pugna se desarrolla en medio de constantes interrupciones del suministro por parte de Petrobras que se niega a rebajar el precio.
El 7 de marzo de 2017 el dueño de EPE-JBS se reúne con el presidente Michel Temer en el Palacio de Jaburu (Brasilia) que es la residencia vicepresidencial (Temer ocupa esa residencia desde que fue Vicepresidente de Dilma Rousseff antes de asumir provisoriamente la Presidencia tras la destitución de Roussef por el Lava Jato).
Según el registro magnetofónico realizado subrepticiamente por el mismo Batista en esa reunión, el presidente Temer designa un “intermediario” de su entorno íntimo, su asesor político y diputado Rodrigo Rocha Loures, para influir mediante un soborno procurando que el Superintendente del CADE, Kenys Menezes Machado, propenso a defender el patrimonio estatal de Petrobras, se incline a favor de EPE-JBS.
Una semana después, el 16 de marzo, Batista se reune con el diputado Rocha Loures, el asesor y emisario de Temer, para fijar una “propina” de 500.000 reales (alrededor de 150.000 dólares) como pago por el “lobby” ante el CADE. El dinero se le entregó al día siguiente en una pizzería de Brasilia. Rocha debía resolver el asunto hasta antes de una reunión de Batista agendada en el CADE para el 20 de marzo. Dicha reunión no se realizó ya que Rodrigo Rocha fue filmado y atrapado in fraganti por la Policía Federal del Brasil saliendo de la pizzería con la maleta de los 500.000 reales en la mano. El diputado se encuentra recluído y devolvió la maleta con menos dinero del que le entregó Batista.
Simultáneamente, la Policía Federal del Brasi por orden de los jueces que llevan adelante el expediente Lava Jato, venía investigando un total de ocho actividades ilícitas de la familia propietaria del holding JBC, cuyo rubro original es la industria cárnica. Entre sus varios ilícitos, Joesley y su hermano Wesley, accionistas del banco estatal mixto Bandes, intentaban (también en “colaboración” con el presidente Temer) descapitalizar a esa entidad financiera exportando ilegalmente sus paquetes accionarios a bancos de Europa.
Delación Premiada de Joesley Batista ante los procuradores del Ministerio Público Federal, el 27 de abril de 2017. | Fascmil expediente PGR Brasil
Sometido a proceso investigativo dentro el Lava Jato, Batista pactó con la Procuraduría General de la República (Fiscalía) el procedimiento judicial de la Delación Premiada a cambio de reducir su condena.
El 27 de abril de 2017, Joesley Batista confesó ante los procuradores (fiscales) sus ocho crímenes, revelando los nombres de sus decenas de presuntos cómplices en el sistema político, entre ellos el actual presidente Temer, a quien, dijo, entregaba “propinas” desde el año 2010 cuando el actual Presidente fue Diputado y posteriormente Vicepresidente de Dilma Rousseff.
Batista admitió haber distribuído 400 millones de reales en “propinas” durante los últimos 15 años, enriqueciendo a prominentes figuras públicas gobernantes y opositoras. Un socio de Batista, Ricardo Saud, también procesado, delató que en ese lapso JBS distribuyó “propinas” a un total de 1.820 candidatos de 28 partidos políticos de distintas tendencias.
Entre las pruebas de su delación contra Temer, figura la grabación digital de su reunión del 7 de marzo en el Planalto, la misma que, meses después, fue declarada nula por no haberse producido bajo orden judicial. La Policía Federal comenzó una investigación al presidente Temer haciéndole llegar un cuestionario de 84 preguntas que no respondió, ya que el Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió eventualmente su procesamiento y su inminente destitución para salvar del colapso total al decaído sistema democrático brasileño, no obstante que los delitos cometidos por Temer en sus tratos con Joesley Batista fueron mucho más graves de los que se acusaron a sus antecesores Dilma Roussef (destituída) y Lula da Silva (encarcelado).
En su declaración ante la PF y la PGR, Batista confiesa que parte de los 500.000 reales entregados al diputado Rocha Loures debían destinarse a lograr un laudo favorable para EPE-JBS en la disputa con Petrobras por el control de la distribución interna del Gas boliviano en el Mato Grosso, a ser dirimido legalmente por el CADE.
Delación Premiada de Joesley Batista ante los investigadores de la Policía Federal del Brasil, el 16 de junio de 2017. | Fascmil acta PF Brasil
En el acta de su declaración informativa del 16 de junio de 2017 ante la Policía Federal, al cual Sol de Pando tuvo acceso exclusivo, se lee que “el declarante tiene conocimiento de que el CADE no emitió ninguna decisión en mérito a la cuestión que involucraba la compra de Gas boliviano, no obstante que en una audiencia con Petrobras el CADE advirtió sobre el abuso en el monopolio del Gas, lo que podría implicar graves sanciones, razón por la cual Petrobras revisó su posición aceptando un contrato de provisión de Gas a EPE (Empresa Productora de Energía) del grupo J&F Investimentos, con un precio más acorde al mercado”.
En su declaración del 27 de abril de 2017 ante el Ministerio Público Federal (Procuraduría General) contenida en 180 páginas —de la cual Sol de Pando dispone un video judicial que difundiremos en breve— Joesley Batista abunda en más detalles de su pugna con Petrobras, revelando la estrategia que había trazado con el diputado Rocha Loures para inclinar el fallo del CADE en favor de la venta total del Gas boliviano a través de EPE-JBS.
Batista había ofrecido a Rodrigo Rocha pagarle el 5% de la utilidades generadas por la distribución del gas boliviano en el Pantanal, si se lograba sacar a Petrobras del negocio, ya que inclusive se tenía firmado un contrato parcial “con los bolivianos”.
Según el relatorio fiscal, Joesley Batista recordó que Rodrigo Rocha “se esforzó en entender la cuestión, que ya no era necesaria Petrobras para seguir comprando todo el gas boliviano; que él ya tenía hasta un contrato de compra con los bolivianos; que habló con Rodrigo animándole a hacer más negócios para poder pagar la planilla de Lucio Funaro y de Eduardo Cunha (diputados ambos, del entorno de Temer, nr); y le prometió pagar el 5% del lucro de la Termoeléctrica si el CADE decidiese favorablemente a los intereses del declarante… Rodrigo entendió que esos 5% eran una propina y aceptó esa forma de pago”.
Finalmente, el CADE no emitió hasta hoy un fallo definitivamente contrario a Petrobras; pero el Gobierno boliviano —de un modo extrañamente oficioso— ya está vendiendo importantes volúmenes de Gas natural de manera directa a EPE-JBS.
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