Data: abril 1, 2017 | 19:10

Gira el Mundo

EL FACTOR LUISA ORTEGA | Los otros factores que se articularon con la acción legalista de la Fiscal General para revertir la abolición judicial del Poder Legislativo que convertía a Maduro en dictador, fueron la presión internacional y la movilización ciudadana en las calles…

Una Fiscal Constitucionalista del chavismo salvó la democracia en Venezuela

Luisa Ortega Díaz: “Todas y todos los venezolanos, a través del proceso constituyente de 1999, logramos generar este contrato social, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. | Foto Archivo

El nombre de la abogada Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, pasa a la historia como un factor determinante que impidió el desmantelamiento definitivo de las debilitadas bases democrático-institucionales que aún sostienen al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los otros factores que se articularon con la acción legalista de Ortega Díaz fueron la presión internacional y la movilización ciudadana en las calles.

El pasado martes, el Tribunal Supremo de Justicia emitió dos fallos en favor de una demanda interpuesta por el Gobierno de Maduro para transferir las competencias del Poder Legislativo a la Sala Constitucional del mismo Tribunal Supremo y despojar de inmunidad a los legisladores que fueron elegidos en los comicios del 2015. Es decir que los parlamentarios en su mayoría opositores cesaban en sus funciones y el cargo legislativo, según la Sentencia Nro. 155, pasaba a manos de los jueces constitucionales, todos leales a Maduro. Una segunda sentencia, la Nro. 156, quitaba inmunidad a los parlamentarios destituidos de facto, acusándolos de “traición a la patria” por exigir la convocatoria a elecciones regionales postergadas debido a la crisis nacional.

Un Golpe de Estado y tres factores democráticos

La intentona dictatorial reactivó la movilización social en las calles convertidas desde hace mucho tiempo ya, por la carestía de alimentos, en escenario cotidiano de disturbios y enfrentamientos ciudadanos con las fuerzas del orden. | Foto Reuters

Calificado al unísono por la comunidad internacional como un Golpe de Estado, la abolición del Poder Legislativo desató una presión externa que fue un factor primordial para que el régimen de Maduro vacile ante la eventualidad de un aislamiento inminente de Venezuela en el contexto mundial. Organismos como la OEA y el Mercosur exigían la inmediata restitución del Parlamento. La OEA tomó la vanguardia demandando a Maduro el cumplimento de la Carta Democrática Interamericana que había sido aplicada en 2002 para defender de un Golpe de Estado al propio Gobierno constitucional Hugo Chávez.

Al mismo tiempo, la reciente intentona dictatorial de Maduro reactivó la movilización social en las calles convertidas desde hace mucho tiempo ya —por la carestía de alimentos y artículos básicos de la canasta familiar— en escenario cotidiano de disturbios y enfrentamientos ciudadanos con las fuerzas del orden. Diversas fuerzas políticas contrarias a la abolición del Legislativo convocaron a concentraciones en diversos puntos de Caracas para defender el régimen constitucional que se basa en la independencia y coordinación de poderes.

Al factor externo y las movilizaciones internas, se sumó un factor legal también muy determinante: la posición adoptada por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien calificó la abolición del Poder Legislativo por parte del Poder Judicial como “una ruptura del orden constitucional”.

Durante la presentación de la Memoria y Cuenta del Ministerio Público, la Fiscal General expuso sus objeciones contra las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia. “Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del Orden Constitucional”, afirmó Luisa Ortega.

El presidente Nicolás Maduro, acorralado por el factor internacional y las protestas internas, aprovechó el resquicio abierto por la Fiscal General para dar marcha atrás, sumándose a la argumentación legal de la fiscal Luisa Ortega. La noche del viernes, Maduro presidió una reunión del Consejo Nacional de Defensa de la Nación (Codena), de donde surgió la decisión política de derogar las dos sentencias de abolición parlamentaria, exhortando al Tribunal Supremo dar curso a la apelación de la Fiscal General, quien no asistió a dicha reunión.

La madrugada de este sábado el Tribunal Supremo de Justicia restituyó los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional Legislativa.

Contradicciones que ahogan a Maduro

“La distancia marcada el viernes por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien no asistió a la sesión (del Codena, nr), pone límites al reiterado esfuerzo del régimen por no reconocer las labores del control legislativo y les obliga a repensar de qué forma pueden convivir con un poder en manos de la oposición”, observó el periodista Alfredo Meza, corresponsal de El País de Madrid en Caracas.

“De momento el régimen insiste en que la Asamblea Nacional sigue en desacato. Pero ha quedado claro que no puede evitar reconocer al Legislativo de forma permanente por la imagen que esto provoca entre la comunidad internacional. A esa presión se ha agregado ahora el afán de la fiscal general, una histórica aliada de la autodenominada revolución bolivariana, de respetar las formas, un activo que el régimen cuidó con celo durante la gestión de su líder Hugo Chávez, y de garantizarse su supervivencia mucho más allá de la circunstancial presencia del chavismo en el poder” —comenta Meza—. “Maduro, después de tres días de silencio, ha querido mostrarse como el mediador entre los poderes y a la vez quitarse el estigma de dictador que le confería el tácito acatamiento de las sentencias”.

Luisa Ortega o la reivindicación del chavismo

La Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega, durante uno de sus informes ante la Asamblea Nacional Legislativa. | Foto Archivo

El argumento central por el cual la Fiscal General de la República se opuso a los fallos abolicionistas del Tribunal Supremo de Justicia se basó en una defensa rígida de los principios consagrados por el difunto presidente Hugo Chávez en la Constitución Bolivariana.

Luisa Ortega Díaz es una abogada penalista de 59 años que fue designada Fiscal General durante el gobierno de Chávez, por la misma Asamblea Nacional Legislativa, en 2007, con un primer periodo que abarcó hasta el 2014, año en el cual el mismo órgano legislativo chavista la ratificó en el cargo hasta el 2021. Ingresó al Ministerio Público el año 2002 tomando una posición de abierta defensa al gobierno de Hugo Chávez durante el intento de golpe militar antichavista en diciembre de ese año.

En su impugnación contra las sentencias judiciales que clausuraban el Parlamento venezolano, Luisa Ortega manifestó una “alta preocupación”, sobre todo considerando que “todas y todos los venezolanos, a través del proceso constituyente de 1999, logramos generar este contrato social, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Recordó que las mujeres, todos los grupos de cultura, indígenas, obreros, la sociedad civil en su conjunto, “todos, participaron de esta constitución en 1999. El Presidente Chávez fue el impulsor de esta Constitución. Fue un proceso abierto, popular, participativo y protagónico del pueblo venezolano. Fue el pueblo quien, a través de un referendo consultivo, aprobó esta Constitución. Todos aprobamos esta Constitución”.

Finalmente, como máxima representante del Ministerio Público “y en nombre de los casi 10 mil funcionarios y los casi 3 mil fiscales que ejercen en forma autónoma la acción penal”, Ortega Díaz llamó a la reflexión “para que se tomen caminos democráticos que, respetando la Carta Magna, propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad. A que se debata de forma democrática y respetando las diferencias. Conseguir caminos institucionales que garanticen la paz y superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la voluntad de vida que reclama la población”.

Previamente, la Fiscal General de la República también se manifestó “en contra de cualquier injerencia y de cualquier hecho que atente contra la autodeterminación de Venezuela”.