Data: julio 27, 2019 | 12:56
VUELVE LA INYECCIÓN LETAL | Tras una pausa de 16 años, el Presidente norteamericano pide la ejecución de un racista blanco que exterminó a una familia negra, de un indio navajo que mató a una anciana y a su nieta, de un violador que estupró a su hija y de un asesino en masa. Las cinco ejecuciones se cumplirán entre diciembre y enero próximos...

TRUMP ORDENA REINSTAURAR LA PENA DE MUERTE

El gobierno del Presidente Donald Trump ordenó la reinstauración de la máxima condena a nivel federal y solicitó la programación de la inyección letal para cinco reclusos entre diciembre y enero. | Fotomontaje Sol de Pando

© Fernanda Rojas | La Tercera de Santiago
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“Cinco presos condenados a muerte por asesinato y, en algunos casos, tortura y violación”. Ese mensaje fue parte del comunicado emitido por el Departamento de Justicia después que el secretario de esta cartera, William Barr, ordenó a la Oficina de Prisiones la reinstauración de la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos después de 16 años, para buscar justicia contra “los peores criminales”.

Las primeras inyecciones letales con pentobarbital se producirían en diciembre (la primera sería el 9 de ese mes), y enero 2020. El Departamento de Justicia sostuvo que en las cinco ejecuciones programadas, “cada uno de estos presos ha agotado sus recursos de apelación y posteriores a la condena”, y se realizarán en la Penitenciaría en Terre Haute, Indiana. Los cinco condenados a pena capital son:

Daniel Lee Lewis, un supremacista blanco que en 1999 asesinó a tres miembros de una familia, entre ellos una niña de 8 años por lo que fue condenado en Arkansas.

Lezmond Mitchell, un nativo americano condenado por un jurado de Arizona en 2003 después de ser encontrado culpable de apuñalar a una abuela de 63 años y obligar a su nieta de solo 9 años a sentarse junto al cuerpo durante un trayecto en vehículo antes de asesinar a la menor.

Wesley Ira Purkey, violó y asesinó a la adolescente de 16 años Jennifer Long.

Alfred Bourgeois, condenado a pena de muerte por abusar sexualmente y matar a su hija de dos años.

Dustin Lee Honken, disparó y mató a cinco personas, dos de ellas menores de edad.

GALERÍA | En el Callejón de la Muerte

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Lezmond Mitchell, feminicida e infanticida navajo de Arizona.

La última ejecución

El 18 de marzo de 2003, Louis Jones Jr., de entonces 53 años, recibió la inyección letal. Ocho años antes, la soldado Tracie Joy McBride, de 19 años, había sido secuestrada, abusada sexualmente y brutamente asesinada a golpes por Jones, un exsoldado que estuvo en servicio por 22 años.

Según el Chicago Tribune, tras dos días de testimonio y 65 minutos de deliberación del jurado, Louis Jones Jr. fue declarado culpable y condenado a pena de muerte en 1995.

A pesar de las múltiples apelaciones en las que la defensa de Jones culpó del crimen al trauma que vivió en la Guerra del Golfo por sus deberes militares y al uso de gas nervioso en Irak que habría dañado su cerebro, en 1999 la Corte Suprema rechazó la anulación de la pena capital contra Jones. Según la cadena CBS, en 2003, la apelación de clemencia presentada al entonces mandatario de EE.UU., George W. Bush fue rechazada y Louis Jones Jr. se convirtió en el tercer preso federal ejecutado tras la reanudación de la pena capital en 2001.

Legalidad de la pena de muerte

En Estados Unidos, la pena de muerte es legal en 29 estados. A pesar de esto, esta medida judicial había estado “en pausa” durante más de una década y las ejecuciones estatales habían disminuido. Durante este período, el Departamento de Justicia y la Administración de Prisiones estaban en proceso de revisión de los fármacos utilizados en las inyecciones letales lo que había evitado nuevos ejecutados. 

Según el Centro de Información de Penas de Muerte en EE.UU., actualmente hay 62 reclusos federales que esperan la ejecución, de ellos el 41,9% son afroamericanos, el 43,6% blancos, el 11,3% latinos y el 1,6% restante son asiáticos y nativos americanos. Casi la mitad de las sentencias a muerte a nivel federal provienen de Texas, Virginia y Missouri.

“El Congreso ha autorizado expresamente la pena de muerte a través de la legislación adoptada por los representantes electos, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, y cuenta con la firma del presidente”, señaló Barr en el comunicado.

El titular del Departamento de Estado, solicitó a los encargados de las cárceles que programen un calendario con los condenados a muerte, pero esto no implica la obligatoriedad de la medida ya que los reos pueden presentar recursos o reclamos judiciales para atrasar la condena. Según Death Penalty Information Center (DPIC), a nivel federal se han realizado tres ejecuciones desde 1963.

Según la agencia Reuters, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha pedido “que se incremente el uso de pena de muerte para narcotraficantes y tiradores en masa”, lo que habría sentado las bases para el regreso de la pena capital, especialmente después que en 2018, el exfiscal general Jeff Sessions ordenó a la Oficina Federal de Prisiones examinar las medidas necesarias para reanudar el uso de este castigo judicial.

El retorno de un debate inconcluso

El restablecimiento de la pena de muerte generó duras críticas por parte del Partido Demócrata. “El gobierno federal debe liderar el esfuerzo para poner fin a este castigo brutal y, a menudo, cruel, no abogar por su retorno. Es hora de que evolucionemos y dejemos atrás esta terrible práctica”, señaló ayer Dianne Feinstein, senadora demócrata por California y parte del Comité Judicial del Senado.

En tanto, el portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que la práctica no debería ocurrir en ningún lugar. “La ONU cree que es la posición de principio para poner fin a este tipo de pena de una vez por todas”, sostuvo Farhan Haq a la prensa.

Sin embargo, a pesar del debate en torno al tema, algunos jueces han manifestado que la pena de muerte es “contraria a la prohibición de la Octava Enmienda de la Constitución” sobre el castigo cruel e inusual, pero después que el Presidente Trump pudo nombrar a dos jueces de la Corte Suprema, que tiene mayoría conservadora, la opción que la pena de muerte sea inconstitucional parece cada vez más lejana.

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