Tensión con pueblos indígenas en Belo Monte hace renunciar a jefa de la Funai
La semana pasada 150 indígenas viajaron a la capital, Brasilia, para hablar con el Gobierno por la falta de consulta sobre sus controvertidos planes de construir presas hidroeléctricas en varios de los principales afluentes del gran río Amazonas. | ©Foto Antônio Cruz
La antropóloga Marta Azevedo asumió la jefatura de la Funai hace poco más de un año.
La jefa del departamento de asuntos indígenas de Brasil, FUNAI, dimitió el pasado 7 de junio alegando problemas de salud.
Marta Azevedo asumió el cargo hace poco más de un año, y declaró que la situación de las tribus de los awás y de los guaraníes era una prioridad.
Muchos creen que su renuncia se precipitó por el reciente asesinato de un indígena terena a manos de la policía, y por las medidas del Gobierno para debilitar los derechos de los pueblos indígenas y de socavamiento de los poderes de la FUNAI. Estos acontecimientos han provocado una ola de ira entre los pueblos indígenas de Brasil y sus defensores.
Las protestas han estallado en todo Brasil en los últimos meses ya que los indígenas están tratando de defender los derechos constitucionales que tanto les ha costado alcanzar frente a las intenciones del Gobierno de llevar a cabo proyectos de industrialización y de “desarrollo” aparentemente a cualquier precio.
Tal y como declararon recientemente los indígenas marubos del oeste de Brasil: “Queremos que la presidenta Dilma Rousseff haga de este país una ‘democracia’ verdadera y tenga en consideración las conquistas de los pueblos indígenas sobre la garantía de sus territorios, que después de 513 años de masacres y genocidio, la garantía de las demarcaciones pueda ser un orgullo para estos pueblos en su historia y la imagen de un Brasil para un futuro mejor”.
Dilma Rousseff es la única presidenta desde la caída de la dictadura militar en 1985 que no se ha reunido con ningún representante indígena.
La semana pasada 150 indígenas viajaron a la capital, Brasilia, para hablar con el Gobierno por la falta de consulta sobre sus controvertidos planes de construir presas hidroeléctricas en varios de los principales afluentes del Amazonas.
Después de las reuniones, los mundurukus escribieron al Gobierno declarando lo siguiente: «Ahora nuestra tierra se ha convertido en un campo de batalla donde estamos siendo exterminados y asesinados por las fuerzas armadas gubernamentales”.
Al mismo tiempo, los indígenas guaraníes y los kainganges bloquearon carreteras para protestar por la ausencia de avances en la demarcación de tierras.
COIAB, el órgano coordinador de las organizaciones indígenas de la Amazonia brasileña, declaró: “El actual Gobierno está tratando de imponer su estilo colonial dominante sobre nosotros (…) [que] ha causado un daño irreversible a los pueblos indígenas con proyectos de ley y decretos, muchos de ellos inconstitucionales”.
Un proyecto de ley que se está debatiendo prohibiría la expansión de los territorios indígenas y afectaría a las tribus que viven en la franja agrícola del medio oeste y sur del país. Una zona en la que los conflictos territoriales violentos son más agudos y donde el poderoso lobby rural brasileño incluye políticos que poseen haciendas ganaderas en tierras indígenas, que deben ser devueltas a sus dueños legítimos.
Este proyecto de ley tendría repercusiones especialmente desastrosas para los guaraníes de Mato Grosso do Sul, que viven en campamentos levantados en las cunetas de las carreteras o en reservas superpobladas, cuyos líderes han sido sistemáticamente atacados y asesinados por los pistoleros a sueldo de los ganaderos en sus intentos por recuperar sus tierras ancestrales
Una enmienda constitucional propuesta otorgaría al congreso (dominado por el lobby agrícola y minero) el poder de participar en el proceso de demarcación de tierras indígenas, causando más demoras a la protección de sus territorios.
Los políticos de los estados ricos en minerales del Amazonas están apoyando un proyecto de ley minero que, de ser aprobado por el congreso, abriría por primera vez los territorios indígenas a la minería a gran escala. Sólo el territorio yanomami está sujeto a 654 solicitudes mineras.
En Brasil, decenas de antropólogos firmaron un manifiesto que afirma que el “progreso” y el “desarrollo” no tienen sentido si no respetan la constitución.
Los representantes de varias organizaciones no gubernamentales escribieron recientemente a la presidenta Rousseff sobre el desmantelamiento de los derechos indígenas a la luz del descubrimiento del informe Figueiredo, en el que se documentan las terribles atrocidades sufridas por los indígenas en las décadas de 1940, 50 y 60.
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