Data: diciembre 12, 2012 | 20:36
El periodista y analista Hugo Moldiz desmerece las advertencias del actor norteamericano y asegura que la red de funcionarios delincuenciales es nada más un aislado "grupo privado"

Sean Penn revela que la banda estatal de extorsionadores también se ligó al narcotráfico

Sean Penn saliendo del Palacio Quemado. El actor activista puso el dedo en la llaga del Gobierno; pero a nadie parece dolerle el pinchazo. Evo calla. | Foto AP

Fernando Rivero Tardío operando desde el Ministerio de Gobierno especialmente en la gestión de Sacha Llorenti, conjuntamente José Manuel Antezana Pinaya desde el Ministerio de la Presidencia, ambos principales “coordinadores” de una banda de extorsionadores que actuaban en pleno ejercicio de su función pública y no como un “grupo privado” tal cual argumenta el periodista Hugo Moldiz, montaron su negocio trabajando estrechamente con el narcotraficante Maximiliano Dorado según ha confirmado este miércoles en Santa Cruz el actor estadounidense y activista de los derechos humanos, Sean Penn…

© Wilson García Mérida

Tras la negativa judicial de poner en libertad al empresario norteamericano Jacob Ostreicher, el actor Sean Penn que llegó al país para presenciar la audiencia hizo severas declaraciones afirmando que la justicia en Bolivia “está siendo estrangulada por los jueces” y que la mafia organizada a partir de los ministerio de Gobierno y de la Presidencia creó una vulnerabilidad extrema al gobierno de Evo Morales, a tal punto que podría incluso producirse un golpe de Estado alentado por estos mafiosos inscrustados en el Estado y vinculados incluso al narcotráfico. Sean Peen, amigo personal de Evo Morales, no oculta su preocupación sobre la difícil situación en que se halla el Presidente bajo cierto entorno corrupto y reaccionario que le rodea.

“En un esfuerzo de obstruir la investigación de extorsión perpetrada por Fernando Rivera y su red y su nexo implícito con el traficante Maximiliano Dorado, los jueces de la corte realizada el día de ayer una vez más  utilizaron el caso Ostreicher para disminuir la existencia de esta red y esto significa que están estrangulando la justicia boliviana”, declaró el actor asistido por un traductor, en la Clínica donde se encuentra internado Ostreicher.

Añadió que la red de extorsión y corrupción conformada por jueces, funcionarios públicos y fiscales destapada al interior del Gobierno es “un cáncer que está atacando al corazón de Bolivia” y que espera que el país “no sufra en las manos de esta red como Jacob ha sufrido”.

“Mafia privada” | Argumento de Hugo Moldiz

En declaraciones efectuadas a un medio radial, el periodista Hugo Moldiz, ligado a esferas gubernamentales, desmereció las denuncias y advertencias de Sean Penn. Afirmó que las declaraciones del actor norteamericano fueron “muy apresuradas e inaceptables” y que podrían llevar a confusiones en un caso que “es de absoluta y total competencia del Estado boliviano”.

Moldiz insinuó que aún existen materias que aclarar judicialmente entre el norteamericano Otriecher y su ex socia Claudia Liliana Rodríguez, recluida por sus  vínculos con el narcotraficante Maximiliano Dorado.

El periodista  aseguró que el Gobierno “es el primer interesado en esclarecer el caso”; pero teniendo en cuenta que “estos funcionarios actuaron por cuenta propia, camuflados en unos ministerios…”.

“Es un grupo privado cuyas acciones no comprometen al Gobierno”, afirmó Hugo Moldiz repitiendo ese argumento de modo insistente. La argumentación de Moldiz  es un recurso estrictamente político orientado a minimizar la magnitud de esta configuración corrupta y delictiva en la función pública y que efectivamente compromete al gobierno que preside Evo Morales, o por lo menos a una parte estratégica de su Gabinete.

Se sabe que Fernando Rivera ingresó al Ministerio de Gobierno durante la gestión del ministro Alfredo Rada en el 2007; y que José Manuel Antezana asumió funciones en el Ministerio de la Presidencia desde el 2008 con el padrinazgo del entonces viceministro Héctor Arce y del ministro Juan Ramón Quintana. Pero, según datos que se manejan en la investigación del caso, a los que tuvo acceso Sol de Pando, no es sino desde el 2010, cuando Sacha Llorenti asume el Ministerio de Gobierno por influencias de Quintana, cuando Rivera y Antezana habrían comenzado a “recaudar” fondos destinados a actividades políticas “extraoficiales” inicialmente. De “recaudadores” para las arcas del partido presuntamente controladas por Quintana y Sacha Llorenti como una especie nueva de “fondos reservados”, Rivera y Antezana terminaron convirtiéndose en agentes mafiosos encargados de organizar esa tenebrosa red de extorsionadores que fue descubierta por cosas de azar.

Las actividades delictivas de esta mafia desarrollada en el ejercicio de la función pública, fueron perpetradas en horas de oficina y como parte de las atribuciones administrativas que los flamantes mafiosos detentaban para cometer sus delitos de extorsión. Usaron bienes del estado, fondos estatales, cobraron viáticos y dispusieron pasajes pagados por el TGN para desplazarse de la sede de gobierno a otros puntos del país con el fin de hacerse presentes en cárceles, juzgados y fiscalías que eran los escenarios de sus crímenes. A las investigaciones policiales a que son sometidos estos funcionarios corruptos, se debería añadir una Auditoría Interna, por parte de la Contraloría, para clarificar las actividades administrativas de estos sujetos en los últimos cuatro años.

Lo grave es que siendo parte de una estructura estatal que funciona con conductos regulares, estos delincuentes tenían que informar a sus inmediatos superiores sobre el desempeño de sus funciones, especialmente cuando realizaban viajes al interior o intervenían en audiencias para ejercer sus presiones extorsivas. ¿Qué informaban a sus inmediatos superiores?. Tendrán que aclararlo esos inmediatos superiores.

Por tanto esta banda criminal que operaba con fondos estatales y recursos públicos, vinculándose en el desempeño de su función pública con narcotraficantes, sicarios y todo un lumpen reaccionario alrededor de dos ministerios del gobierno revolucionario, no era de ninguna manera una “empresa privada” ajena a la estructura gubernamental como insiste Hugo Moldiz.

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