Data: mayo 9, 2020 | 13:29
LA OSCURA MINA DE ORO EN QUE SE CONVIRTIÓ LA COMPRA DE EQUIPOS POR LA PANDEMIA | En varios países se reportan casos de corrupción en la adquisición de respiradores, bolsas para cadáveres, ambulancias y diversos insumos para frenar la propagación del Covid-19...

SE CORROMPE LA BIO-SEGURIDAD EN LATINOAMÉRICA

La corrupción no entró en cuarentena durante la pandemia. Está en su auge ante la creciente demanda de equipos e insumos para enfrentar al mortal coronavirus. | Foto AFP

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© Eél María Ângulo | France24

Un negocio redondo y oscuro es el que tienen bajo la lupa las autoridades de países latinoamericanos como México, Ecuador y Colombia por cuenta de la suerte de mina de oro en la que se convirtieron, para algunos funcionarios y empresarios, los contratos de compra de los equipos médicos necesarios para hacerle frente a la propagación del Covid-19. 

Ventiladores clínicos que triplican su valor convencional, bolsas para cadáveres a precios exorbitantes, alcohol cobrado como si fuera vino de las más finas reservas y overoles de bioseguridad tan caros como prendas de diseñador, son apenas algunos de los casos reportados en varias naciones de la región en la que la emergencia sanitaria es aprovechada por quienes incrementan gastos a su favor al mismo ritmo con el que aumentan los casos de contagio. 

Ecuador: fúnebre escándalo en compra de bolsas para cadáveres

A precio de mercado las bolsas para cadáveres cuestan 12 dólares, pero la Seguridad Social de Ecuador pagó por ellas 148,5 en un contrato ahora investigado por corrupción, y en el que se malgastaron casi 600.000 dólares. | Foto EFE

Que el valor de un insumo para trasladar de manera segura los cuerpos de quienes han muerto en medio de la pandemia sea alterado atenta contra las normas de ética administrativa, más aún cuando dicho hecho se produce en un hospital público que depende directamente de la Policía, como ocurrió en territorio ecuatoriano, de acuerdo con lo denunciado este 6 de mayo por la ministra de Gobierno del país, María Paula Romo.

Lo reportado por la alta funcionaria da cuenta que, tal como lo confirma la carta que le envió a la fiscal general, Lady Salazar, dos días antes de que estallara el escándalo, en la orden de compra 0004174 realizada por el Hospital Docente de la Policía de Guayaquil se evidencia que fueron adquiridas 400 «bolsas impermeables para cadáveres Covid-19» por valor de 130 dólares cada unidad, elemento que puede ser encontrado en el mercado por no más de 20 dólares, según datos citados por la agencia internacional de noticias EFE. 

Pero el caso del Hospital Docente de la Policía de Guayaquil no es el único, al menos así lo indicó la Secretaría Anticorrupción al hacer pública una serie de denuncias sobre otros presuntos sobreprecios justamente en los mismos productos, bolsas para cadáveres, los cuales en el Hospital General Guasmo Sur fueron comprados por 145 dólares cada unidad, lo equivale a 15 dólares más que el sobreprecio que había sido reportado en el primer caso. 

Para la Secretaría Anticorrupción, se trata de una mafia que está detrás de estas convenientes irregularidades en la compra de las bolsas requeridas ante el aumento de las muertes por el brote de coronavirus no solo en Guayaquil, sino también en Quito, donde el Ministerio Público llevó a cabo el 4 de mayo varios allanamientos en medio de las investigaciones por otro caso de presunta malversación de dineros públicos en otra institución hospitalaria. 

Las indagaciones en curso por parte de la Fiscalía vinculan en esta modalidad de sobreprecios incluso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en donde cada bolsa fue pagada a 148 dólares, tres dólares más que en el Hospital General Guasmo Sur, en una muestra de que la corrupción se estaría propagando en la red de salud tan rápido como el virus. 

Aunque, hasta el 8 de mayo, solo han sido detenidas cuatro personas por los casos denunciados en Guayaquil, en redes sociales la ciudadanía se ha desbordado en peticiones a las autoridades para que identifiquen a los titulares de los contratos, prueben si cometieron un delito administrativo y les apliquen todo el peso de la ley. 

México: Truculenta venta de respiradores mecánicos 

El 31 de marzo pasado el IMSS firmó un contrato por la compra de 500 respiradores de traslado pediátrico-adulto Covid-19 y 2 mil más de adulto por un total de 80 millones 725 mil dólares. | Foto Reforma

Como «el ventilador más caro del mundo» llaman satíricamente algunos mexicanos al equipo respiratorio que fue comprado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo mediante el contrato firmado el 17 de abril con la compañía Cyber Robotic Solutions. 

Antes de que corrieran los rumores de que un alto funcionario relacionado con el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, estaba vinculado a la cuestionada compra de una sola unidad de ventilación clínica por un valor de cerca de 63.000 dólares, a pesar de que el mismo día había sido adquirido otro equipo igual a una compañía europea identificada como Conduit Life por 35.000 dólares, poco más de la mitad del precio del de Cyber Robotic Solutions, todo parecía un caso más en el golpeado país azteca.

Pese a los reproches por el sobreprecio del ventilador, la polémica solo se encendió cuando fue confirmado que la empresa comercializadora es propiedad de León Bartlett, el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, uno de los más criticados funcionarios del Ejecutivo de López Obrador. 

Poco después que las referencias a la venta del ventilador se volvieran virales, salió a la luz que no solo había sido uno de estos elementos, sino que se trataba también de la compra de 20 más; por más de un millón de dólares. 

La diferencia entre lo pagado por unidad a Cyber Robotic Solutions en comparación con lo entregado a Conduit Life es tan abismal que llevó a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a hacer sus propios cálculos mediante una revisión, según la cual el Gobierno logró comprarle a otras empresas ventiladores con las mismas características por valores un 85% menores a los ofrecidos por la firma de Bartlett. 

Colombia: Presuntos sobreprecios en la compra de ambulancias

La Procuraduría colombiana abrió una investigación al gobernador de Putumayo por presuntos sobrecostos y posible vulneración al principio de planeación en la compra de 10 ambulancias para el departamento. | Foto El Tiempo

Escenarios como el de las indagaciones por corrupción administrativa en tiempos de pandemia en Ecuador y México se repiten en Colombia, donde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia se vio obligada a hacer un llamado a los gobernadores para que redoblen las revisiones a los contratos por la emergencia sanitaria en departamentos como Atlántico, Bolívar, Arauca, Chocó, Vaupés y Putumayo, seis de los territorios considerados como los de mayor «riesgo de corrupción». 

Precisamente Putumayo fue el territorio en el que la Procuraduría General abrió una investigación contra el gobernador, Buanerges Florencio Rosero Peña, por un polémico contrato de compra de 10 ambulancias con el que, presuntamente, habría incurrido no solo en sobrecostos, sino también en la «vulneración al principio de planeación».

Antes de que terminara el mes de abril, el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, fue separado de su cargo luego de ser señalado de haber cometido supuestas «irregularidades graves» en la administración de los fondos destinados a cubrir los gastos por la emergencia, caso que integra el listado de los procesos abiertos contra 19 gobernaciones y 17 alcaldías por acciones similares.

En total, se trata de más de 43 procesos disciplinarios y 70 indagaciones por corrupción en curso por corrupción con el capital estatal para atender la pandemia en 56 poblaciones, algunas de ellas, marcadas por la guerra y el narcotráfico.

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