Data: febrero 4, 2020 | 22:57

Flash/Noticias del País/Política/Seguridad

COMETÍAN EXTORSIONES EN COCHABAMBA | Son ex agentes de la DEA que participaron en chantajes y “volteos” bajo las órdenes de Llorenti, Quintana y Romero. El actual Viceministro de Gobierno los incorporó a la Dirección de Inteligencia. Murillo dice que investigará...

POLICÍAS DE SACHA LLORENTI TRABAJAN CON HUMÉREZ

Los policías Milton Terán Colque y Hernán Vásquez Parada trabajaron bajo las órdenes de Sacha Llorenti como especialistas del Giaef, grupo policial acusado de millonarias extorsiones desde el año 2011. El actual viceministro Daniel Humérez los promovió a la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Gobierno. | Fotomontaje Sol de Pando

Para lectura en móvil usar pantalla horizontal |

Dos policías integrantes de una red de extorsión que dirigía el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, han sido promovidos por el actual régimen de transición para dirigir labores de Inteligencia bajo las órdenes del Viceministro de Gobierno, Daniel Humérez, mano derecha del ministro Arturo Murillo. La información fue proporcionada a Sol de Pando por efectivos de la institución policial que mantienen contacto con esta Redacción.

Consultado Murillo al respecto, el Ministro de Gobierno no desmintió ni confirmó la versión. Dijo a Sol de Pando que instruirá una investigación.

Según la denuncia, el teniente coronel Milton Terán Colque y el capitán Hernán Vásquez Parada, desde el año 2011, formaron parte del Grupo de Investigación y Análisis Económico Financiero (Giaef), unidad adjunta a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Dicho grupo especial se formó en base a oficiales con credenciales de ex agentes de la DEA que fueron reclutados durante la gestión del entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti.

“Desde los tiempos de Sacha Llorenti el Giaef ha funcionado como un organismo dedicado a extorsionar a empresarios sospechosos de narcotráfico; los oficiales de este grupo coordinaban las operaciones de extorsión con una red de fiscales en todo el país y con los abogados del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera, Boris Villegas y Dennis Rodas. El diezmo de las ganancias se entregaba a Juan Ramón Quintana supuestamente para cubrir los gastos electorales del MAS”, afirman.

Aquella organización tiene en su haber más de una decena de millonarios chantajes donde las víctimas fueron sometidas a la presión extorsiva con un método común en todos los casos: si no pagaban los montos exigidos, se desataba contra ellos una escalada de persecusión judicial activada por los fiscales y en base a los “informes financieros” del Giaf que servían como pruebas de cargo. Una vez encarcelados, se les despojaba de todos sus bienes para ser repartidos entre los extorsionadores mediante acciones dolosas de Dircabi. El caso más conocido vinculado a esta banda es el del empresario norteamericano Jacob Ostreicher, cometido en Santa Cruz.

Una de las fuentes policiales que hizo llegar la denuncia a nuestra Redacción. | Foto Sol de Pando

Un ex paramilitar de García Mesa en el Giaef

En Cochabamba, el Giaef era dirigido por el coronel Alfredo Castedo Borda (recientemente fallecido) cuyos principales colaboradores eran los entonces capitán Milton Terán y teniente Hernán Vásquez, además de un ex paramilitar de la dictadura de García Meza, Fernando Martínez Camacho, alias “coronel Nano”, quien se presentaba ante las víctimas como supuesto asesor del coronel Castedo. “El contacto de ellos con Sacha Llorenti y con los abogados del Ministerio de Gobierno era la fiscal Claudia Mancilla”, afirman los denunciantes.

No sólo amasaron fortunas de dudoso origen, que nunca han sido investigadas, “sino también, siendo militantes del MAS se han beneficiado con ascensos y otros privilegios durante las gestiones de los ministros Sacha Llorenti y Carlos Romero; y ahora, con grados de coronel y capitán, Terán y Vásquez terminan pisando fuerte bajo la gestión del ministro Arturo Murillo, como si en el país no hubiese pasado nada después de la caída de Evo Morales”, reclaman.

Los nombres de la fiscal Claudia Mancilla y de los policías del Giaef Alfredo Castedo, Hernán Vásquez y Milton Terán, entre otros, están envueltos en el expediente de un proceso judicial que culminó con una sentencia condenatoria contra el ex paramilitar de García Meza, Fernando Martínez, por la extorsión cometida por esta banda al empresario Orlando Candia Romero, contra quien, al no haber cedido a un pago de $us 500.000 (quinientos mil dólares), se reabrió judicialmente, bajo la extraña figura de “delito precedente”, un caso ejecutoriado hace más de 25 años.

La condena dictada contra Martínez por el Juez de Sentencia Nro. 5 de Cochabamba, Néstor Enriquez Quiroga, establece que el exparamilitar llevó a Candia la “noticia” de su nuevo procesamiento judicial durante el velorio de un hijo fallecido del empresario. Abusando del estado anímico de la víctima, Martínez le ofreció interceder ante el jefe del Giaef —Castedo— a cambio de un pago de $us 500.000. Al negarse a pagar, Candia y su familia fueron procesados y encarcelados, en un enredo judicial inextinguible que fue tramado por la fiscal Claudia Mancilla con la intervención directa del ministro Sacha Llorenti y sus abogados que llegaron a Cochabamba para presionar sobre los jueces.

El entonces teniente Hernán Vásquez Parada, colaborador estrecho de la fiscal Mancilla, se encargó de “sembrar” supuestas pruebas contra Candia, tomó posesión de los bienes incautados al empresario y utilizó su nexo familiar con una periodista encargada de la fuente policial en un periódico local, para difundir falsedades que agravaron la incriminación contra Candia, totalmente indefenso ante semejante despliegue del aparato extorsivo.

El documento judicial revela también que el grupo extorsionador del Giaef se comunicaba con sus víctimas utilizando teléfonos registrados en Entel a nombre de la Embajada de Estados Unidos.

Tras la sentencia contra Martínez, el Giaef fue re-estructurado con el cambio de destino para los policías extorsionadores. “Estaban tan protegidos por los ministros del MAS que el único castigo que les dieron fue cambiarles de destino, sin afectar sus fortunas mal habidas”, comenta uno de nuestros informantes.

El intercambio de mensajes entre Sol de Pando y el ministro Arturo Murillo. | Foto Sol de Pando

La respuesta de Arturo Murillo

Pese a que el Ministro de Gobierno bloqueó a Sol de Pando en su cuenta de Twitter, logramos contactarnos con el señor Murillo a través del Whatsaap, transmitiéndole la información que nos hicieron llegar nuestras fuentes policiales vía Messenger.

“Solicitamos a su digna autoridad tenga a bien confirmar o desmentir el hecho de que los referidos policías trabajan en su despacho ministerial en el área de Inteligencia” —requerimos al Ministro—. “En caso de ser evidente dicha situación, sírvase informarnos cuáles fueron los criterios que avalan la designación de ambos policías en tan delicadas funciones dentro el actual Gobierno, y de qué manera han sido evaluados los antecedentes citados de los mismos”.

La respuesta de Murillo fue lacónica pero concreta: “Instruiré investigación”.

Sol de Pando ofrece facilitar a los investigadores que designe el Ministro toda información que sobre el tema dispone en su base de datos, siempre y cuando se nos brinde las garantías necesarias en resguardo de nuestra integridad.