Data: febrero 14, 2019 | 11:20
TRAGEDIA DE EUROCHRONOS | Displiscencia de Romero desata lapidaria exhortación de la indignada madre. Se probó que la bala de un policía mató a su hija Ana Lorena. La justicia se endereza y todo apunta a un crimen de Estado. La concubina del brasileño “Xingú” es pieza clave, intentan apartarla del caso...

Roxana Torrico, la excelsa indignación de una madre

El abogado Jorge Santistevan junto a la arquitecta Roxana Torrico durante una esclarecedora entrevista televisiva sobre nuevas evidencias en los crímenes de Eurochronos | Foto PAT
© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando
Roxana Torrico Paz a Romero: “Quiero que encuentre al criminal de mi hija, y además que también usted aclare cuál es su responsabilidad en esto…”. | Foto El Deber

“Ya hemos investigado, qué más quieren”, había declarado el ministro de Gobierno Carlos Romero, intentando descalificar reclamos de la familia doliente de Ana Lorena Tórres Torrico por una abierta obstaculización policial al esclarecimiento judicial sobre quién mató de un tiro a la joven profesional durante un operativo en el atraco a la joyería Eurochronos, aquella fatídica tarde del 13 de julio de 2017. Esa habitual displiscencia del ministro Romero tropezó esta vez con una respuesta lapidaria a cargo de la madre de Ana Lorena, la arquitecta Roxana Torrico Paz. “Oiga” —le respondió la ciudadana al Ministro—, “quiero que encuentre al criminal de mi hija, y además que también usted aclare cuál es su responsabilidad en esto…”.

En declaraciones efectuadas el miércoles durante una entrevista televisiva junto a su abogado Jorge Santistevan, Roxana Torrico le exigió al Ministro de Gobierno que cumpla con sus deberes de autoridad encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos. “Comportémonos bien pues” —reclamó la indignada madre—. “No puede ser que un Ministro me diga ‘qué más quieren’ (…). Oiga trátenos bien, somos los ciudadanos de este país que estamos trabajando para que ustedes puedan hacer su labor, es muy fácil”.

La madre de Ana Lorena exigió asimismo que Romero deje de interferir en las decisiones del Poder Judicial, obstaculizando la investigación del caso, y permita esclarecer el papel desdempeñado en el descenlace trágico del asalto por parte del entonces director de la Felcc, coronel Gonzalo Medina. Dicha obstaculización del Ministro y los policías ha sido denunciada por la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que sesionó en Sucre.

Como Ministro de Gobierno, demandó Torrico Paz, “él se tiene que ocupar de dar la información correcta y de entregar al asesino de mi hija… y quiero que también le llame a Gonzalo Medina para que me diga cuál es su responsabilidad porque Medina era el Comandante y el jefe del operativo… Son muchas cosas que tiene que contestar el ministro Romero, para que venga muy suelto de cuerpo y diga ‘qué más quieren’…”, finalizó con visible tono de indignación.

Hablan Roxana Torrico y el abogado Jorge Santistevan | VIDEO

El asesino: uno entre tres policías gatilladores

Jorge Santistevan: “El proceso se iba a desarrollar solamente con la acusación formal de los dos delincuentes detenidos en Palmasola; mientras tanto el victimario de Ana Lorena iba a quedar en la impunidad”. | Foto El Diario

En la misma entrevista, el abogado de Roxana Torrico, Dr. Jorge Santiestevan, reveló que la Fiscalía aceptó ampliar la investigación a tres efectivos oficiales que realizaron disparos hacia la joyería en el momento en que los atracadores tomaron como rehén a Ana Lorena Tórres. Entre los gatilladores, uno de ellos está plenamente identificado como el autor del disparo que mató a la joven gerente de Eurochronos cuando ella se hallaba en manos de un atracador que pedía negociar con los policías.

Después de 20 meses de una investigación denodadamente impulsada por Roxana Torrico y su equipo jurídico, se tiene la plena certeza, según el abogado Santistevan, de que “ninguno de los captores de Ana Lorena realizó el disparo, eso ya lo sabemos”.

Hace exactamente un año, el 9 de febrero de 2018, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que la muerte de Ana Lorena Tórres fue a causa de una bala que provino de un arma policial ubicado en un edificio contiguo a la joyería Eurochronos.

A partir de ese informe pericial, la família doliente emprendió una árdua lucha judicial para incluir en la investigación a los tres policias que, según las cámaras de seguridad de la joyería, se encontraban efectuando disparos desde el área descrita en el informe del IDIF, utilizando pistolas cuyos calibres y marcas coinciden con el proyectil que quitó la vida a la inocente joven. Uno de aquellos tres policías fue el asesino.

Los tres oficiales, un mayor y dos capitanes, están siendo imputados e investigados por siete delitos (incumplimiento de deberes, lesiones graves y leves, omisión de auxilio a víctima, etcétera), entre los cuales se incluye el delito de homicidio culposo específicamente por la muerte a bala de Ana Lorena.

Erick Edwin Landívar y Sandra Guzmán Vaca, los dos sobrevivientes de la banda de atracadores hoy detenidos en Palmasola. Ninguno de ellos mató a Ana Lorena Tórres. | Foto Archivo Sol de Pando

El doctor Jorge Santistevan aclaró que antes de la imputación de los tres policías, el proceso se limitaba a enjuiciar solamente a los dos delincuentes sobrevivientes de la matanza policial del 13 de julio: Erick Edwin Landívar y Sandra Guzmán Vaca, contra quienes no era posible abrir una causa por la muerte de Ana Lorena.

Si la familia no hubiese logrado incluir a los tres policías en la investigación, advirtió el doctor Santistevan, “es muy probable que la muerte de Ana Lorena hubiera quedado impune; el proceso se iba a desarrollar solamente con la acusación formal de los dos delincuentes detenidos en Palmasola y la sentencia correspondiente para ellos; mientras tanto el victimario de Ana Lorena iba a quedar en la impunidad”.

El 7 de noviembre del 2017 el ministro Carlos Romero —quien insisitía en acusar por el asesinato de Ana Lorena a la banda de atracadores— declaró públicamente su oposición a la ampliación de la querella contra los tres policías, insinuando que ellos debían ser “condecorados” junto a los otros efectivos que participaron en el sangriento operativo. “Yo no concibo que se esté buscando cabezas en la Policía para el caso Eurochronos; si yo buscaría cabezas en la Policía sería para condecorarlos, no para juzgarlos”, dijo entonces Romero.

Los secretos de “Xingú” y su concubina

Sandra Guzmán Vaca, concubina de “Xingú”, intenta evadir muchas confesiones pendientes sobre su vínculo delictivo con el brasileño, sometiéndose a “juicio abreviado”. | Foto Sol de Pando

El abogado Jorge Santistevan alertó que Sandra Guzmán Vaca, la coincubina de “Xingú”, pidió a los jueces someterse al Juicio Abreviado, procedimento según el cual, al declararse culpable, recibirá sin más trámite una sentencia no mayor a tres años y podrá abandonar en libertad la cárcel de Palmasola.

“Eso no puede ser posible, nosotros nos oponemos”, advirtió el abogado de la víctima. Según Santiestevan, Sandra Guzmán debe seguir siendo procesada guardando detención preventiva hasta que se esclarezca con exactitud su relación no sólo marital sino sobre todo delincuencial con Antonio Adão da Silva Costa, (alias “Xingú, conocido en Bolivia con el apodo de “El Negro”). Sandra Guzmán alojó al brasileño en la casa donde se planificó el atraco.

“Esa señora es una pieza fundamental e importante en el proceso de investigación” —asegura el abogado—. “Ella tiene que decir muchas cosas: cómo llegó a Chonchocoro, cómo se relacionó con da Silva que era el cabecilla; los trámites judiciales, qué la motivó a sacarlo de la cárcel, y qué la motivó traerlo a Santa Cruz, donde después de 20 días que llegaron Santa Cruz se produjo el atraco…”.

Las autoridades del Gobierno se niegan a aclarar las circunstancias bajo las cuales Adão da Silva Costa fue beneficiado con detención domiciliaria pocos días antes del atraco. Tampoco está claro la causa por la cual el brasileño fue recluído en la cárcel de Chonchocoro en 2014, ni como ingresó al país en 2013. Una investigación efectuada por Sol de Pando al respecto, contradice dramáticamente las versiones muy poco creíbles difundidas por el ministro Romero y su entorno policial de Santa Cruz.

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