MURILLO ENTRÓ EN CONTUBERNIO CON ROMERO
La relación “cordial” entre Romero y Murillo es de larga data. Cuando el empresario hotelero ejercía como Senador, declaró en más de una oportunidad que Romero era “el Ministro más rescatable de Evo Morales”. | Fotomontaje Sol de Pando
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Quintana y Romero, los principales represores durante el prolongado régimen neoestalinista de Evo Morales. | Foto archivo Sol de Pando
La supuesta entrega de información “confidencial” sobre actividades ilícitas del ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, por parte del ex ministro de Gobierno Carlos Romero al actual titular de esa cartera Arturo Murillo, sería uno de los motivos por los cuales Murillo desactivó toda investigación sobre la gestión —también represiva y criminal— del Ministro de Gobierno de Evo Morales.
Fuentes del Movimiento al Socialismo (MAS) estrechamente vinculadas al propio Romero, filtraron a Sol de Pando información en sentido de que el ex Ministro de Gobierno negoció con Murillo, en presencia y con aval del delegado de la Embajada de Estados Unidos, Erick Foronda (que funge como secretario privado de la presidenta Añez), su colaboración para escudriñar los actos corruptos de Quintana a cambio de protección gubernamental.
El descubrimiento reciente de un tráfico de dólares de Bolivia hacia Argentina —mediante un seguimiento a personal dependiente de Quintana que transporaba de contrabando ese dinero para financiar las actividades de Evo Morales en el país vecino—, habría sido el resultado de la delación de Romero como parte de su acuerdo con Murillo y Foronda.
Hechos concretos corroboran la versión de un contubernio entre Murillo y Romero. El pasado 11 de noviembre, tras la renuncia de Evo Morales, Romero se dirigió a la Embajada de Argentina junto con la ex ministra de Planificación Mariana Prado, buscando asilo en ese país. Prado partió para Buenos Aires con salvoconducto autorizado por el ministro Arturo Murillo; pero Romero permaneció en Bolivia mientras Murillo declaraba a la prensa que habían ex ministros de Evo Morales, “que como Carlos Romero no tienen nada que temer”.
Mientras todos los ex ministros de Evo Morales huyen, Romero fue visto en la víspera paseando orondo en las calles de La Paz, lo cual desató una ola de indignación ciudadana. Murillo salió nuevamente en defensa de Romero alegando que el ex Ministro de Gobierno no tenía “ninguna orden de apremio” y fustigó a quienes piden el procesamiento de Romero tal como sucede con otros cómplices de Morales y Quintana. “No nos volvamos como los masistas que tanto hemos criticado: que perseguían a todos, agarraban a patadas, metían a la cárcel, mataban a la gente; nosotros no somos así, nosotros somos un gobierno de reconciliación”, arguyó el ministro neo-fascista intentando justificar su nexo amistoso con el ex ministro neo-estalinista.
Sin embargo la relación “cordial” entre Romero y Murillo es de más larga data. Cuando el empresario hotelero ejercía como Senador, declaró en más de una oportunidad que Romero era “el Ministro más rescatable de Evo Morales”.
Murillo y el caso Sahonero
Sahonero vacacionando en la Isla de Ibiza. Contó con el apoyo de Carlos Romero, Arturo Murillo y ejecutivos de la Red ATB buscando la destitución del comandante de la Felcn, Maximiliano Dávila, quien había desmantelado la red de Pedro Montenegro y Gonzalo Medina. | Foto archivo Sol de Pando
En agosto del pasado año, un empresario de Cochabamba con antecedentes de narcotráfico en Alemania, Wilson Sahonero, apoyado por un sector del MAS y por la directiva de la Red ATB a la cabeza del periodista Jaime Iturri (estrechamente vinculado a Quintana y Romero), emprendió una campaña para la destitución del entonces comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, quien semanas antes había desbaratado la red liderada por Pedro Montenegro, un pez gordo de Santa Cruz asociado al policía Gonzalo Medina y al propio ministro Romero.
De manera oficiosa, el entonces senador Arturo Murillo se sumó a la campaña contra Dávila, también exigiendo su destitución, facilitando así el trabajo de Romero en esa acción promovida por un ex convicto del narcotráfico y la red ATB.
Murillo envió una carta a Romero pidiendo que “para evitar algún posible uso de influencias y otro accionar por parte del coronel en cuestión, se le releve del cargo de Director de la Felcn y se lo ponga a disposición del Comando General de la Policía Boliviana mientras dura la investigación por parte del Ministerio Público”.
No obstante, a pesar de contar con el respaldo de Murillo, Romero no pudo destituir a Dávila, pues dicho jefe policial gozaba de la confianza del alto mando de la Policía Nacional de entonces.
La destitución de Dávila sólo fue posible, irónicamente, durante la actual administración transitoria de Jeanine Añez. Fue Murillo quien terminó destituyendo a Dávila.
Crímenes de Romero en la impunidad
Romero, Ministro de Gobierno, sostenía tratos turbios con el hampa del bajo mundo. Padrino del famoso recluso de Palmasola y Chonchocoro Víctor Hugo Escobar, alias ‘Oti’. | Foto archivo Sol de Pando
A pesar del alegato de Murillo en sentido de que “no existe orden de apremio” contra Romero, el ex Ministro de Gobierno enfrenta innumerables denuncias sobre irregularidades, delitos y crímenes cometidos en el ejercicio de sus funciones.
El pasado 14 de diciembre, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterio, pidió se investigue y procese a Carlos Romero por su estrecha vinculación con el terrorista neo-estalinista Oscar Martín Serna Ponce, quien había participado en los luctuosos hechos de Montero y Yapacaní coordinando acciones con el también ex ministro de Gobierno Hugo Moldiz y con Raúl García Linera, hermano del ex vicepresidente. Murillo no dijo una sola palabra sobre el pedido de Monasterio.
El 6 de enero, los abogados Otto Ritter y Gary Prado presentaron ante el Ministerio Público denuncia contra los ex ministros de Gobierno Carlos Romero, Jorge Pérez y Hugo Moldiz, acusados de haber financiado ilegalmente pasajes y viáticos de jueces ciudadanos encargados de procesar y sentenciar a los acusados injustamente dentro el caso Terrorismo, en el que mercenarios extranjeros fueron ejecutados sumariamente por agentes de Evo Morales dentro el Hotel Las Américas. Murillo tampoco dijo nada al respecto.
Carlos Romero también tiene una denuncia penal que los diputados Rafael Quispe y Wilson Santa María presentaron ante la Fiscalía de La Paz el 4 de noviembre, días antes de la caída de Evo Morales, por incumplimiento de deberes al permitir el uso ilegal de dinamitas en las manifestaciones del 30 de octubre donde fue asesinado por vándalos neo-estalinistas un ciudadano de la tercera edad, en El Prado de La Paz. Quispe es hoy director del Fondo Indígena y Santa María viceministro de Seguridad ciudadana, paradógicamente subalterno de Murillo.
También existe en la Fiscalía otra denuncia penal contra Romero por denegar auxilio a su viceministro Rodolfo Illanes, permitiendo su asesinato durante un conflicto con cooperativistas mineros. Murillo no movió un dedo para activar ese proceso que le compete en su calidad de Ministro de Gobierno.
Asimismo, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) anunció el procesamiento de Romero por su participación en la persecución y muerte de cocaleros de Los Yungas de La Paz, siendo uno de los episodios más trágicos la matanza de octubre del 2013 en la región de Apolo. Murillo se desentendió del asunto.
Otro crimen de Romero que goza del encubrimiento de facto por parte de Murillo es el asesinato de la jóven Lorena Tórrez durante el asalto a la joyería Eurochronos, el 13 de julio de 2017, cuando junto al coronel Gonzalo Medina el entonces Ministro de Gobierno movió cielo y tierra para encubrir a los policías que dispararon contra la inocente víctima,
También Murillo encubre el encarcelaimiento indebido y las torturas que sufrió el Director de Sol de Pando, en agosto de 2013, durante la gestión de Carlos Romero en el Ministerio de Gobierno, cuando una patrulla de Migración con apoyo policial, por órdenes emitidas desde La Paz, nos sometió a un ilegal y abusivo operativo migratorio en la ciudad de Cochabamba.
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