Jueces supremos del Brasil anuncian que controlarán a Bolsonaro
Jair Messias Bolsonaro asumirá la Presidencia del Brasil el 1 de enero. Su discurso rupturista que le dio los votos de su victoria electoral, se confrontará con una estructura institucional del Estado brasileño protegida constitucionalmente por el Supremo Tribunal Federal. | Fotomontaje Sol de Pando
© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando | Datos & Análisis¿Podrá la profunda cultura democrática brasileña desplazar el violento discurso electoral de Jair Bolsonaro hacia un centrismo intitucional y conciliador? Todo indica que sí. Una nueva conflictualidad se ha instalado; pero la democracia sigue fuerte aún con el triunfo ultraderechista en las urnas. Bolsonaro es parte de la realidad democrática del Brasil y si bien representa a los sectores más conservadores de la sociedad brasileña, su ascenso forma parte de la secular dialéctica conflictiva en la historia de este enorme país y no necesariamente implica una ruptura del marco constitucional. La nueva oposición de izquierda está obligada a una radical autocrítica previa…
Luís Roberto Barroso, uno de los once magistrados del Supremo Tribunal Federal que anuncian cerrar filas para proteger los avances constucionales amenazados por la nueva fuerza gobernante. | Foto STF
“Allí donde hubieran riesgos para la democracia, el Tribunal Supremo asumirá su rol”, dijo el magistrado Luís Roberto Barroso después de votar el pasado domingo en un recinto electoral de Brasilia.
El juez supremo advirtió que posibles retrocesos en las conquistas sociales y culturales constitucionalizadas durante las últimas dos décadas y que fueron abiertamente amenazadas durante la campaña electoral por el ahora presidente electo Jair Bolsonaro, no serán permitidas por el Supremo Tribunal Federal (STF).
El STF es el máximo tribunal del Poder Judicial de Brasil y ejerce simultáneamente atribuciones propias de una Corte Suprema y de un Tribunal Constitucional. Una de sus funciones es servir de guardián de la Constitución Federal —restablecida en 1988 como parte de la transición de la dictadura militar a la democracia—, resolviendo casos que implican lesión o amenaza a la Carta Magna brasileña. Sus funciones son compatibles con ejercer mando en el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y también pueden presidir el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Después de la elección de Bolsonaro, según la periodista Mónica Bergamo, varios ministros del Supremo Tribunal manifestaron su preocupación ante la posibilidad de un retroceso en los avances constitucionales de las últimas décadas. “El Supremo Tribunal puede estar dividido en relación a la lucha contra la corrupción… Pero en materia de protección de los Derechos Fundamentales, el Supremo está firme y muy unido”, dijo Bergamo.
El juez Barroso afirmó que en el STF “siempre hubo consenso en favor de las mujeres, de los negros, de los gays, de las poblaciones indígenas y de la libertad de expresión”. Esas conquistas están consagradas por la Constitución Federal y el Tribunal Supremo es el órgano encargado de velar por el respeto pleno de la vigencia constitucional, recordó el magistrado. En febrero de 2016 el TSF tomó partido a favor de un proyecto de ley para la legalización de la marihuana que ha sido declarado constitucional bajo la magistratura de Barroso; y actualmente se halla en etapa legislativa dentro la Cámara de Diputados. Se lo debatirá en pleno gobierno de Bolsonaro.
El poder semi-vitalicio de 11 jueces supremos
De acuerdo a la Constitución Federal, a diferencia de otros funcionarios jerárquicos del Estado, los supremos magistrados ejercen el cargo casi de manera vitalicia, teniendo como límite la edad de 75 años para su jubilación obligatoria. | Foto STF
Barroso es uno de los 11 magistrados del STF que impulsó y vigiló la investigación judicial denominada “Lava Jato”, una trama que comenzó a desmadejarse en marzo de 2014 al descubrirse, por azar, una Estación de Servicios en Brasilia donde se evidenció el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y de sobornos en contratos de Petrobras (la trasnacional petrolera del Estado).
Ocho de aquellos 11 supremos jueces fueron designados durante el Gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, cinco relevos bajo la presidencia de Dilma Rousseff y uno con Temer. (Solo quedan tres antiguos nombrados por los presidentes Sarney, Collor de Mello y Cardoso).
El STF fue creado mediante la Constitución Federativa de 1891, según la cual los supremos magistrados son nominados por el Presidente de la República y designados por el Senado. A diferencia de otros funcionarios jerárquicos del Estado, los supremos jueces ejercen el cargo casi de manera vitalicia, teniendo como límite la edad de 75 años para la jubilación obligatoria.
Por ejemplo el magistrado José Celso de Mello Filho —Decano del STF—, al ser nominado por el presidente José Sarney en agosto de 1989, ejercerá el cargo hasta el año 2020.
El más nuevo, Alexandre de Moraes que fue nominado por el presidente Temer en marzo de 2017 para reemplazar al magistrado Teori Zavascki (fallecido en un accidente aéreo siendo juez relator del “Lava Jato”), podrá ejercer hasta su jubilación el año 2043.
Aquella inamovilidad funcionaria de la que gozan los jueces supremos es regulada mediante rigurosos mecanismos internos de control dentro el STF, y garantiza su plena independencia como fundamental Poder del Estado. El poder que ejercen estos 11 magistrados es realmente supremo. Es una élite escogida con estrictos parámetros de alta profesionalidad y ética del trabajo, elevada calidad humana y suficiente inteligencia emocional, virtudes propias de un “justo juez”.
Por ejemplo, en el currículum del juez Joaquim Barbosa, el primer magistrado negro del STF —además socialista libertario de pensamiento—, se lee que en 1990 dejó su cargo de Procurador (Fiscal) “para ir a estudiar en Francia, por cuatro años, obteniendo así su maestría y doctorado en Derecho Público, ante la Universidad de Panthéon-Assas de París. Fue ‘visiting scholar’ del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad de California Los Angeles School of Law. Asimismo estudió otros idiomas, llegando a dominar francés, inglés, alemán y español. Además toca el piano y el violín desde los 16 años…”.
El primer Magistrado negro en la historia del Brasil
La ruta marcada por Joaquim Barbosa ha convertido al Supremo Tribunal de Justicia, y al Poder Judicial en general, en decisivo factor de equilíbrio político, de transparencia en la función pública, igualdad social y respeto a los derechos humanos. | Foto STF
En junio de 2003, bajo la administración del presidente Lula da Silva, un profesor y abogado de origen obrero, Joaquim Benedito Barbosa Gomes, de Minas Gerais, fue designado como el primer magistrado negro del Supremo Tribunal Federal. En 2012, durante el gobierno de Dilma Rousseff, subió a la Presidencia del STF.
En mayo de 2013, por inciativa directa del juez Barbosa, el STF legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. A diferencia de Uruguay y Argentina sobre el mismo asunto, la iniciativa se originó en el Poder Judicial y no en el Legislativo. Bajo esa misma línea, Joaquim Barboza apoyó afirmativamente otras leyes progresistas gestadas desde la Sociedad Civil y canalizadas por el STF, como la legalización de la marihuana y el uso de células madre con fines de investigación científica, normas en ciernes que el próximo gobierno de Bolsonaro difícilmente podrá revertir.
El año 2006, Barbosa se puso a la cabeza de una comisión judicial para investigar y procesar un gigantesco escándalo de corrupción, el “Mensalão”, que fue predecesor del sísmico caso “Lava Jato”.
Pese a su militancia inocultablemente izquierdista (afiliado al Partido Socialista Brasileño, PSB), y porque la justicia pura es ciega, el juez negro no tuvo reparos en enjuiciar y sentenciar a miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) ante una trama de sobornos a diputados y senadores aliados del Gobierno de Lula para consumar la aprobación de contratos lesivos al Estado, mediante una modalidad de pagos mensuales en la compra de votos. El caso conocido por el neologismo de “Mensalão” (algo así como “mensadazo”), involucró mensualidades de entre 30.000 y 150.000 reales ($us 8.000 y $us 30.000 respectivamente) destinados a diputados y senadores pertenecientes —además del PT y del PSB— a las bancadas del Partido Popular Socialista (PPS), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido da República (PR), Partido Republicano Progressista (PRP), Partido Progressista (PP) y el Movimento Democrático Brasileiro (MDB). En siete años de investigación, el proceso arrojó 38 detenidos, 50 mil folios, 650 testimonios y 22 sentencias condenatorias.
A pesar de esa frontal ofensiva anticorrupción que el juez Barboza dirigió contra el régimen izquierdista del cual él mismo formaba parte, en noviembre del 2012 la presidenta Dilma Rousseff no vaciló en nominarlo como Presidente del STF en reemplazo del vetarano José Carlos Moreira Alves, quien había llegado a la edad de jubilación después de 37 años como juez supremo nombrado en 1975 por el dictador militar Ernesto Geisel.
En abril de 2013, el STF presidido por Barbosa sentenció con condenas que abarcaban de 3 a 37 años de cárcel a 22 responsables del “Mensalão”, entre diputados, senadores, ex ministros de Lula y empresarios.
Una enfermedad incurable que lo mantiene postrado le forzó a presentar su dimisión prematuramente mediante la jubilación voluntaria en julio de 2014, pese a que su magistratura culminaba recién el año 2029. Lo sustituyó el rondonense Luiz Edson Fachin que ejercerá hasta el año 2033.
La ruta marcada por Joaquim Barbosa ha convertido al Supremo Tribunal de Justicia, y al Poder Judicial en general, en decisivo factor de equilíbrio político, de transparencia en la función pública, igualdad social y respeto a los derechos humanos.
La corrupción chavista en el PT hizo factible a Bolsonaro
El ex presidente Lula da Silva compareció en Curitiba ente el Juez del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, Sérgio Moro, que lo sentenció en julio de 2017 a 12 años de presidio. Moro fue recientemete designado Ministro de Justicia por el presidente electo Jair Bolsonaro. | Foto Archivo Sol de Pando
El desgaste del Partido de los Trabajadores (PT) durante 15 años de una prometedora gestión izquierdista que terminó siendo aplastada por lacerantes escándalos de corrupción, provocó una reacción desde la ultraderecha expresada en la candidatura de Jair Messías Bolsonaro, un ex capitán de aquel Ejército que gobernó durante las últimas dictaduras militares entre los años 60 y 80 del siglo pasado. Bolsonaro lanzó su candidatura siendo diputado por Rio de Janeiro desde 1991, ufanándose de haber mantenido las manos limpias en el curso de esa prolongada legislatura.
El discurso anti-corrupción fue la base fundamental de la adhesión masiva que recibió el diputado Bolsonaro al estallar el escándalo del “Lava Jato”. Esa maraña de enriquecimento ilícito al más alto nivel había movido algo más de dos mil millones de dólares entre coimas, sobreprecios, chantajes y extorsiones, enredando a más de 250 investigados entre dirigentes políticos, legisladores, ministros y empresarios brasileños, con ramificaciones en varios países sudamericanos.
La mega-investigación hizo visible la eficiencia técnica de la Policía Federal del Brasil, así como la ecuanimidad del Ministerio Público y una demoledora independencia del Poder Judicial, llegando a encarcelar al propio ex Presidente, que hoy cumple una sentencia de 12 años de presidio acusado con no muy consistentes pruebas de recibir un departamento en condominio como soborno de una constructura involucrada en el “Lava Jato”. Al parecer quien habría negociado el soborno fue su esposa; pero ella falleció en plena investigación.
Varios analistas brasileños de izquierda coinciden en criticar al Partido de los Trabajadores (PT) por no haber asumido autocríticamente su responsabilidad política en actos de corrupción que ensombrecieron los trascendentales avances en política social, cultural e institucional que caracterizaron a los gobiernos de Lula y Rousseff. Ambos gobernantes pagaron el costo de su permisividad con cárcel en un caso y destitución en el otro, por decisión del Supremo Tribunal. Lo más triste es que ni Lula ni Rousseff —al menos en el estilo de gobernar y de relacionarse con los demás— tenían parecido alguno ni afinidad real con tiranos incultos como Maduro y Ortega.
“El PT ha cometido el error de no reconocer que algunos de sus miembros estaban envueltos con hechos de corrupción, y se lanzó a la campaña electoral arrastrando ese error”, afirma el académico Claudio Gonçalves Couto, de la Fundación Getulio Vargas (FGV) en una entrevista con la periodista Luiza Franco de São Paulo.
Uno de los más acreditados críticos del PT desde la izquierda libertaria brasileña, el conocido filósofo marxista Ruy Fausto, observó que el candidato sustituto de Lula, Fernando Haddad, “dio pasos importantes al final de la campaña en sentido de un mea culpa; pero una autocrítica más incisiva podía haber roforzado mucho más esa candidatura”. Ray Fausto cree que Haddad debió haber lanzado su campaña, de entrada, con una franca autocrítca. “Debió admitir que en el Gobierno del PT hubo, sí, corrupción. Debió presentarse como heredero del lado bueno, y no del lado malo. Hubo promiscuidad entre el Gobierno y el poder económico. Era bueno que él lo diga. Pero el partido no se lo permitió…”.
Fausto alude a la influyente facción estalinista del PT que habría amordazado a Haddad en su afán autocrítico.
El neo-estalinismo que hoy domina en la achicada esfera de los países “chavistas”, logró imponer su retórica guerrillera y su indolente pragmatismo también en Brasil, colocando al presidente Lula en dilemas sin salida frente a las corrientes éticas y libertarias dentro su mismo entorno presidencial.
Una muestra de que el Estalinismo del Siglo XXI contribuyó decisivamente en la caída de Lula y en la derrota de Haddad, se produjo en pleno proceso electoral cuando, oficialmente, el PT a través de su secretaria general Gleisi Hoffmann declaró su apoyo a los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua; mientras Lula, encarcelado, intentaba relanzar electoralmente a su partido, exhibiendo el “lado malo” de su legado.
Desde el “lado bueno”, prestigiosos intelectuales como el teólogo Frei Betto que fue Coordinador de Movilización Social en los primeros años del Gobierno de Lula, así como el escritor Tarso Genro que fue su Ministro de Educación y de Justicia, y el ex canciller Celso Amorim, amigo personal y asesor de Lula, protestaron públicamente por la ola represiva de Ortega en Nicaragua y por el desastre humanitario en Venezuela. Pero lo hicieron a título personal, al margen y en contra del PT.
El respaldo oficial del partido de Lula a los dictadores neo-estalinistas “fue un desastre para la campaña de Haddad, fue poner un arma en manos de la derecha”, según Ray Fausto. Bolsonaro le sacó el jugo a ese culto estalinista en el PT, ganando electores en base al miedo de que votar por la continuidad del esquema de Lula implicaría convertir al Brasil “en una nueva Venezuela”.
El neo-estalinismo no entendió que modelos como el de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua son incompatibles con la tradición histórica y democrática del Brasil. Sólo podrían instaurarse sacando de la escena a los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal y aboliendo la Constitución de 1988.
La nueva conflictualidad brasileña
En Salvador de Bahía el maestro de la capoeira Moa de Katendê, un ícono de la cultura bahiana, fue asesinado con doce puñaladas por haber manifestado que ese día votó por Haddad. | Foto OGlobo
El proyecto histórico conservador que encarna Jair Bolsonaro, intentará por todos los medios eludir los límites constitucionales de su mandato presidencial. Pero, como diputado con 27 años en el curul, sabe que le será muy difícil bajo las sombras de un Supremo Tribunal Federal celoso de las conquistas sociales alcanzadas en últimas dos décadas. Entretanto usará al máximo sus prerrogativas presidenciales no sujetas a control constitucional, como reorientar la política exterior brasileña rompiendo relaciones diplomáticas con Cuba y con los gobiernos chavistas de Venezuela y Nicaragua, o modificando la estructura ministerial del Poder Ejecutivo.
La izquierda que pasa a la oposición tras su derrota, se irá a atrincherar en los movimientos sociales que fueron beneficiados por las medidas libertarias y democratizadoras de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Las organizaciones indígenas, los quilombos negros, plataformas de mujeres, los colectivos gay, los movimentos ecologistas, estéticos y culturales, etcétera, se preparan para defender lo suyo; mientras las fuerzas de Bolsonaro concentrados en las oligarquías terratenientes, sectas evangélicas fundamentalistas y grupos anti-aborto y anti-gay ya están mano en cartuchera.
Aunque el Presidente electo logró una victoria en segunda vuelta con 56% de votos contra 44% de Haddad, el PT aún detenta una mayoría relativa en el Congreso, con 56 diputados electos frente a 52 para el PSL de Bolsonaro. Ese equilibrio de fuerzas abre una incertidumbre: si la violencia verbal que acompaña el traumático cambio pasará del hemiciclo a las calles o viceversa.
Bolsonaro puso una cuota de propensión a la violencia convocando a sus electores equiparse con armas de fuego para combatir a la delincuencia callejera. El odio racial ha vuelto a despertar después de un largo letargo. Al finalizar el día de las elecciones con el triunfo de Bolsonaro, en Salvador de Bahía el maestro de la capoeira Moa de Katendê, un ícono de la cultura bahiana, tras haber manifestado que había votado por Haddad fue asesinado a sus 63 años, recibiendo doce puñaladas infligidas por un fanático de Bolsonaro. El mismo Bolsonaro había sido apuñalado en la ciudad Juiz de Fora, en plena campaña, pocos días después de que anunciara en Rio Branco que los “petralhas” (miembros corruptos del PT) serían fusilados.
Esta conflictualidad, sin embargo, tiene un profundo arraigo histórico. Es la pasión de las convicciones, es parte íntima de la cultura brasileña. Todo es intenso en el Brasil. Desde su nacimiento, Brasil es un país en permanente revolución y contrarevolución.
Una larga memoria histórica con matriz noble y plebeya
Los rebeldes cangaceiros comandados por Virgulino Ferreira da Silva, “Lampião”, con María Bonita. El cangazo fue una singular revuelta nordestina que influyó intensamente en la cultura brasileña. | Foto Archivo Sol de Pando
El país fue fundado por un Emperador libertario, don Pedro II, que al grito de “Independência ou morte” se rebeló contra su madre patria Portugal junto a los negros libertos y los indígenas sublevados. La dramática búsqueda de una patria feliz llevó a los brasileños a protagonizar epopeyas de grandiosa dimensión humana como la Guerra de Canudos a fines del siglo 19, con un héroe trágico como Antonio Conselhero cuya inmolación mesiánica bajo la metralla del ejército gamonal dejó un testimonio de “nostalgia eterna” por el origen noble y plebeyo, a la vez, de la identidad nacional brasileña.
El noble y el plebeyo son hermanos entrañables en la zamba, el forró y la capoeira, en la poética Sociedad Civil que es la verdadera fortaleza de la democracia brasileña. Pero cuando la política se transforma en crisis de Estado, el noble y el plebeyo asumen su contradicción y se enfrentan a muerte incluso. Son el ser y el no ser buscando su devenir con reincidente pasión.
En el nordeste brasileño, el movimiento armado de los Cancaceiros liderado por Lampião y María Bonita entre las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado, dio lugar a unas comunas sertanejas donde los peones insurrectos y sus novias intentaron crear un estilo de vida glamoroso y principesco como en los tiempos del Imperio, adoptando vestimentas de guerrilleros barrocos. Asaltaban y mataban a los gamolanes de los latifundios (conocidos como “coroneles”) robándoles especialmente joyas, perfumes y telas importadas de Europa, para su propio uso. La estética cangaceira nordestina es una de las más icóncas de la identidad cultural brasileña.
Cuando finalmente el poder Federal extendió desde Rio de Janeiro el largo brazo de su ley, para sofrenar la anarquía nordestina, la banda de Lampião fue diezmada y todos decapitados. Para sentar precedente, sus cabezas mal maquilladas fueron exhibidas en las gradas de un Tribunal de Justicia en el indómito Estado de Sergipe.
El sur y el norte del Brasil siguen siendo dos brasiles que se buscan. Se encuentran en la reciprocidad y la diversidad cultural; pero se desencuentran en la polarización y la exclusión política. Esa paradoja recurrente entre cultura y poder (entre Sociedad Civil y Sociedad Política) hace marchar el reloj de su historia como país en constante proceso de construcción, siempre yendo al frente.
En el contexto histórico de una revolución permanente en Brasil, los gobiernos de Lula y Dilma Roussef desarrollaron medidas sociales y democratizadoras que han enriquecido la Constitución Federal; pero también han traicionado a esa revolución siendo permisibles con la corrupción promovida por sus entornos neo-estalinistas.
Y también en ese contexto, el advenimiento de Bolsonaro es la respuesta que la misma historia brasileña tenía oculta como un as bajo la manga. Desde lo democrático, se hace ineludible y hasta quizá necesaria la contrarevolución cuando la revolución claudica y pierde credibilidad; sólo así se podrá seguir adelante superando nuevas contradicciones, en el marco inquebrantable de la Constitución Federal.
Tal, la fortaleza de la democracia brasileña.
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