Data: mayo 25, 2017 | 15:41
EVO Y TEMER CONFLUYEN EN EL MATO GROSSO | Desde el Ministerio de la Presidencia se promovió el encarcelamiento del representante de Petrobras en Bolivia, mientras YPFB apresuraba la venta directa de Gas para la Termoeléctrica de Cuiabá controlada por el grupo JBS que afirma haber sobornado al Gobierno de Michel Temer...

Gobierno de Bolivia envuelto en escándalo de corrupción por disputa del Gas en Brasil

El pasado 5 de mayo el presidente Evo Morales, reunido en Santa Cruz con los gobernadores del Mato Grosso, auspició la firma de un compromiso para la venta directa de Gas Natural a gran escala, mientras el dueño de la empresa operadora de la Termoeléctrica de Cuiabá pagaba sobornos al gobierno de Michel Temer para excluir a Petrobras del negocio gasífero con Bolivia. | Foto ABI

Aunque el audio que incrimina al presidente Temer presenta indicios de haber sido manipulado y editado, la verdad es que su Gobierno entró en la picota al haberse comprometido abiertamente con la estrategia del holding JBS-J&F Investimentos para apartar a Petrobras del negocio del Gas boliviano en el Mato Grosso, estrategia que en Bolivia tuvo como principal gestor al entonces Ministro de la Presidencia de Evo Morales… 

© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando en Brasilia © Investigación protegida por Derechos de Autor. Prohibida su reproducción sin autorización del editor

Joesley Batista, jefe del conglomerado “JBS-J&F Investimentos”. Es investigado dentro el expediente judicial Lava Jato por ocho delitos de corrupción empresarial, entre ellos el pago reciente de un soborno para forzar la exclusión de Petrobras en el negocio del Gas con Bolivia.| Foto Folha de São Paulo

La “delación” del magnate brasileño Joesley Batista revelando haber sobornado al presidente Michel Temer y a otros 20 políticos en ejercicio de funciones ejecutivas y legislativas, ha producido un nuevo giro dramático —quizá el más espectacular después de la investigación abierta contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la caída de la presidenta Dilma Rousseff— dentro el monumental expediente anti-corrupción Lava Jato.

La aparición protagónica del grupo JBS que encabeza Joesley Batista, rompió la rutina de “delaciones” pactadas principalmente con las empresas sobornadoras Odebrecht y OAS. Batista viene siendo investigado por al menos ocho delitos de corrupción, entre fraudes financieros y sobornos para beneficiar a las empresas de su holding con recursos públicos. El magnate sobornador (habiendo pactado con la Fiscalía una “delación premiada” para desenmascarar a sus cómplices dentro el sistema político) admitió haber distribuído 400 millones de reales en “propinas” durante los últimos 15 años, enriqueciendo a prominentes figuras públicas gobernantes y opositoras. Un socio de Batista, Ricardo Saud, también procesado, delató que en ese lapso JBS distribuyó “propinas” a un total de 1.820 candidatos de 28 partidos políticos de distintas tendencias.

La poderosa trasnacional brasileña de frigoríficos, JBS (en pleno proceso de expansión y diversificación a pesar de la galopante recesión en esta coyuntura), introdujo la novedad de que varios de los hechos de corrupción que la envuelven con el sistema político brasileño son de muy reciente data. Los sobornos más “frescos” de JBS investigados por la Policía Federal se habrían cometido en los últimos seis meses, mientras la operación Lava Jato mandaba a la cárcel a ex gobernadores, ex ministros y ex legisladores sobornados por OAS y Odebrecht durante pasadas campañas electorales. 

Incluso se acaba de abrir una nueva investigación, el pasado lunes, por un nuevo fraude financiero cometido por Joesley Batista hace pocos días, sacando ventaja económica de la revelación pública de su “delación” contra Temer. Su confesión acompañada de pruebas como audios y videos fue recibida en la Procuradoría General de la República (Fiscalía) el 7 de abril, pero esa información fue hecha pública con autorización judicial recién el 17 de mayo. Se estableció que el 16 de mayo JBS compró más de un billón dólares en la Bolsa del Banco Central del Brasil a sabiendas que la cotización se dispararía al estallar el escándalo de su denuncia contra el Presidente. Usar información confidencial con fines de lucro es un delito financiero. “Segundo fontes da imprensa financeira, a J&F, a holding que controla a JBS, teria se posicionado para comprar, via corretoras, uma grande quantidade de dólares (estimada em mais de US$ 1 bilhão) no mercado futuro, poucas horas antes de a notícia da gravação de Joesley vir à tona”, publicó BBC-Brasil en su edición del 23 de mayo.

Sin embargo la novedad más importante, para los bolivianos, es que uno de los delitos de corrupción cometidos y admitidos por el magnate Joesley Batista, involucra también al Gobierno del presidente Evo Morales. Entre los ocho delitos por los cuales Joesley se somete a la ley dentro el expediente Lava Jato está la conjura orientada a excluir a Petrobras de los negocios con el Gas boliviano, y a costa de ello favorecer a su propia empresa.

La guerra por el Gas boliviano entre Joesley Batista y Petrobras

La Usina Termoeléctrica de Cuiabá, construida en 1999. Tiene capacidad actual para generar 480 megawatts. Consume 2.2 millones de metros cúbicos diarios de Gas Natural. Dos empresas del grupo JBS: EPE y Ambar Gas, se disputan con Petrobras el negocio del suministro que vende Bolivia. | Foto cortesia Diário de Cuiabá

La sigla JBS S.A. contiene el nombre de su fundador, José Batista Sobrinho, un emprendedor del Estado de Goiás que fundó esta empresa en 1953, amasando fortuna con la venta de carnes para alimentar a los obreros que en esa época construían la ciudad de Brasilia en el naciente Distrito Federal. JBS creció especializándose en el procesamiento de carnes bovina, porcina, ovina y avícola. Su éxito en el mercado interno le permitió expandirse internacionalmente hasta obtener predominio en los mercados cárnicos de Argentina, Estados Unidos, Australia, Canadá, México y Puerto Rico. En estos países JBS mantiene un personal de más de 216.000 trabajadores y 340 unidades entre plantas de procesamiento y centros comerciales. En julio del 2015, JBS compró en Estados Unidos las plantas procesadoras de carnes de cerdo de la compañía Cargill, por un valor de 1,45 billones de dólares, tomando control del mercado de jamones y embutidos en Missouri, Arkansas, Iowa, Oklahoma y Texas.

Pero además de su expansión como un gran frigorífico trasnacional, JBS llegó a diversificar sus inversiones en una amplia gama de rubros como la banca, farmacología, cosmetología, medios de comunicación, agroindustria, agropecuaria, construcción, minería y energía. El año 2008 nació el Banco JBS especializado en créditos agrícolas, que tras una fusión el 2011 se convirtió en el Banco Original. JBS posee el Canal Rural en la TV por cable y la fábrica de calzados Alpargatas que es propietaria de la famosa marca Havaianas. JBS también es dueño de la planta de derivados de leche Vigor, y de la fábrica de papel El Dorado a través de la cual ejerce monopolio sobre la industria de la celulosa derivada de una intensa explotación forestal. 

Los hijos y herederos de José Batista, liderados actualmente por Joesley, aglutinaron a las más de 20 empresas derivadas de JBS dentro un holding denominado “J&F Investimentos” que tiene inversiones en casi todos los estados del Brasil. El grupo detenta un patrimonio estimado en más de 53 billones de dólares (173 billones de reales), según la última edición de la revista Forbes. Gran parte de esa fortuna se habría amasado a costa de préstamos blandengues obtenidos del 

En el Estado de Mato Grosso, JBS-J&F Investimentos realizó una millonaria inversión para incursionar en el negocio de la electricidad y la distribución de Gas Natural a través de la compañía EPE (Empresa Pantanal de Energía) y su subsidiaria ACG (Ambar Comercializadora de Gas).

El año 2011, EPE se adjudicó la administración operativa de la Termoeléctrica de Cuiabá (capital de Mato Grosso), llamada oficialmente “Usina Governador Mário Covas”. El entonces gobernador Silval Barbosa (actualmente preso bajo varios cargos de corrupción y lavado de activos), amigo personal y correligionario de los hermanos Batista, privatizó la Termoeléctrica entregando a EPE su administración, no obstante que Petrobras tenía un contrato de alquiler para explotar la planta termoeléctrica además de suministrar el Gas proveniente de Bolivia. La usina funciona con un mínimo de 2.2 millones de metros cúbicos diarios de Gas Natural, para generar 480 megawatts que abastecen el 40% del consumo eléctrico en el Estado. 

Una vez que EPE logró desplazar a Petrobras en la administración operativa de la Termoeléctrica ejerciendo todas sus influencias políticas y su dispendiosa capacidad de soborno, su próximo objetivo era tomar control del suministro del Gas Natural proveniente de Bolivia, lo que llevó a Joesley Batista a tocar puertas no sólo en Brasilia sino también en las ciudades bolivianas de La Paz y Santa Cruz.

El objetivo de JBS-J&F Investimentos en el Mato Grosso es también posicionar a Ambar Comercializadora de Gas (ACG) como la principal empresa distribuidora de Gas domiciliario en el Pantanal brasileño, para lo cual era preciso que EPE tome control directo de la provisión del Gas boliviano que se hallaba en manos de Petrobras.

La Termoeléctrica de Cuiabá fue construída en 1999 enfrentando de inicio problemas en el suministro de combustible. Después de once años, en 2010, por gestiones del entonces gobernador Silval Barbosa ante el Gobierno de Bolivia, YPFB se comprometió a modificar la ruta del gasoducto de Curumbá hacia San Matías, abaratando el costo de transporte. Al año siguiente la planta pasó a manos del grupo JBS.

El lobby de JBS en el Ministerio de la Presidencia de Bolivia

La estrategia de JBS-J&F Investimentos consistió en atacar a Petrobras simultáneamente en Brasil y Bolivia.
El flanco brasileño se atrincheró en las altas influencias políticas que los hermanos Batista disponen entre los partidos aliados que gobernaron durante la última década y media; mientras que en Bolivia se desplegó un intenso lobby en el Ministerio de la Presidencia entonces a cargo del ex militar Juan Ramón Quintana, recientemente designado por Evo Morales como su Embajador en Cuba.
Quintana fue uno de los artífices del debilitamiento de Petrobras en Bolivia permitiendo el predominio de la venezolana PDVSA, lo cual al mismo tiempo viabilizó una intensa invasión empresarial china a nuestro país, estimulada por los petrodólares del chavismo. Desde la llamada “nacionalización” del 2 de mayo del 2006, la brasileña Petrobras terminó perdiendo terrenos que el Estado boliviano fue cediendo en favor de otras trasnacionales mediante nuevos contratos de exploración y explotación. Importantes obras de infraestructura petrolera pasaron a manos de PDVSA y de empresas constructuras chinas que brillan por ser ostensiblemente turbias. En Bolivia, los equivalentes a Odebrecht y OAS tienen nombres como Sinohydro y China Camce Engineering.
Bien informado sobre aquella tendencia “anti-Petrobras” en Bolivia, a Joesley Batista —el magnarte de JBS— no le resultó difícil conseguir los “buenos oficios” del entonces Ministro de la Presidencia para lograr su propósito de apartar a Petrobras del negocio del Gas boliviano en la ruta al Mato Grosso.  
En Brasil son ampliamente conocidos los estrechos nexos de Quintana con sectores corporativos de cuestionada transparencia. Su principal operador empresarial en São Paulo era el “lobbysta” y ex Senador de la derecha boliviana Andrés Guzmán Heredia, quien fue víctima de una vendeta mortal por haber extorsionado al “rey de la soya” Olacyr de Morães, propietario de extensas plantaciones en el Mato Grosso y otros estados sureños  del Brasil. En abril del 2014, el chofer de Olacyr mató al boliviano para frenar unos constantes cobros extorsivos perpetrados a cambio de mantener dentro clóset un secreto ruin que vinculaba al socio de Quintana con el acaudalado anciano brasileño, fallecido un año después. Sin embargo el asesinato de Guzmán Heredia no le impidió a Quintana seguir en contacto con empresarios sobornadores y mafiosos brasileños de peso pesado. 
El rol de Quintana para favorecer a los intereses de JBS-J&F Investimentos, desde su despacho ministerial, fue el de siempre para estos casos; era un modus operandi habitual y recurrente:
  1. El Ministro de la Presidencia “negocia” una estrategia eficaz para beneficiar al solicitante, a cambio de una “contribución voluntaria” destinada a reforzar los gastos de proselitismo en la planeada tercera re-elección de Evo Morales y Álvaro García Linera.
  2. Toda la información “técnica y legal” del futuro beneficiario se concentra en el Ministerio de la Presidencia sometiéndose a un “análisis estratégico confidencial” por parte de peritos de la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), que recomiendan el mejor camino a seguir para hacer viable el negocio en ciernes.
  3. Una vez definda la estrategia, el despacho de Presidencia deriva el asunto al correspondiente Ministerio “competente” dentro el Gabinete, y a todas las instancias judiciales, legislativas o mediáticas a las que Quintana dará instrucciones tajantes mediante contacto telefónico o convocando a reuniones “de trabajo”.
  4. Quintana habla con Evo Morales  para convencerle sobre la importancia “revolucionaria” de las medidas que favorecerán al “amigo empresario”, involucrando al Presidente en un negociado del cual Morales, al parecer, no es adecuadamente informado.
La estrategia señalada por Quintana en el caso específico de JBS-J&F Investimentos durante las nuevas negociaciones para el suministro de Gas al Mato Grosso, se basaría en  neutralizar e inmovilizar a Petrobras utilizando el aparato judicial, especialmente el Ministerio Público (Fiscalía), que se halla bajo su control personal directo.
El plan consistía en aprovechar una controversia contractual entre un subcontratista boliviano y Petrobras, para entablar un riguroso pero indebido proceso penal contra el director ejecutivo de Petrobras en Bolivia, quien había sido recientemente designado con la misión expresa de renovar el contrato de compra de gas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Días cruciales de marzo: sobornos en Brasilia, persecusiones en Santa Cruz

CRONOLOGÍA DE LA CONJURA Y LOS SOBORNOS DE JBS CONTRA PETROBRAS EN BOLIVIA Y BRASIL
© Servicio Informativo Datos & Análisis | Redacción Sol de PandoAño 1999: Construcción e inauguración de la Termoeléctrica de Cuiabá, propiedad del Estado de Mato Grosso, diseñada para generar 480 megawatts consumiedo 2,2 millones de metros cúbicos diarios de Gas Natural proveniente de Bolivia.
Año 2010: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) modifica la ruta del gasoducto en el tramo de Curumbá a Mato Grosso, creando una estación en San Matías a solicitud del gobierno estadual, para abaratar el costo de transporte.
Año 2011: Privatización de la Termoeléctrica de Cuiabá. El Gobernador del Estado de Mato Grosso, Silval Barbosa, entrega la administración de la “Usina Mário Covas” a la Empresa Pantanal de Energía (EPE), perteneciente al grupo JBS (J&F Investimentos).
Año 2012: Surgen controversias entre Petrobras y EPE (JBS-J&F Investimentos) sobre la distribución del Gas boliviano dentro el territorio del Mato Grosso a cargo de Petrobras. La interrupción de suministros causa bajas en la provisión de energia eléctrica.
4 de septiembre, 2015: EPE presenta una denuncia contra Petrobras ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), por competencia desleal y monopolio. Busca desplazar a la empresa estatal para asumir control sobre la distribución y venta interna del Gas boliviano en todo el suroeste brasileño.
20 de julio, 2016: Ruptura definitiva entre EPE-JBS y Petrobras. Se frustra la última negociación por conciliar precios de venta interna del Gas boliviano.
7 de septiembre, 2016: Llega a La Paz el nuevo Presidente Ejecutivo de Petrobras para Bolivia, Marcos Benicio Pompa Antunes, con la misión de negociar una renovación del contrato de compra-venta de Gas Natural con YPFB.
28 de septiembre, 2016: Reunión protocolar entre el flamante ejecutivo de Petrobras-Bolivia y el ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez, quien con frívola descortesia anuncia a Pompa Antunes que el gobierno de Evo Morales no tiene interés en renovar el contrato con Petrobras para suministrar Gas al Mato Grosso.
12 de octubre, 2016: El piloto automovilístico del Dakar y dueño de la empresa constructora Vialco SRL, subcontratista de Petrobas, Marco Bulacia, presenta una querella criminal contra Pompa Antunes, bajo los cargos de Estafa e Incumplimiento de Contrato. Esgrimiendo esa querella de Bulacia, la Fiscalía de Santa Cruz desata una escalada persecutoria contra el ejecutivo de la empresa estatal brasileña. Detrás de esta acción judicial se encuentra el Ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana.
29 de noviembre, 2016: Se firma en La Paz el contrato de venta de Gas Natural para la usina de Cuiabá entre YPFB y EPE-JBS, con la presencia de Rodrigo Zuñiga de Melo Souza ,socio de Joesley Batista. Se garantiza el suministro mínimo de 2,2 millones de metros cúbicos al año, hasta el 2019. EPE paga a YPFB un precio mayor al que pagaba Petrobras.
7 de marzo, 2017: Se reúnen en Brasilia el presidente Michel Temer y el dueño de EPE (JBS-J&F Investimentos), Joesley Batista, delineando un plan de sobornos para forzar al CADE un dictamen final dentro la denuncia presentada en septiembre del 2015, con el objetivo de apartar a Petrobras en el negocio del Gas boliviano y legitimar a EPE como única contraparte de YPFB en los contratos estratégicos a firmarse el 2019.
16 de marzo, 2017: Reunión en el domicilio del diputado Rodrigo Rocha Loures con Joesley Batista para fijar una “propina” de 500.000 reales como pago por el “lobby” de Rocha Loures ante el CADE. El dinero se le entregó al día siguiente en una pizzería de Brasilia. Rocha debe resolver el asunto hasta antes de una reunión de Batista agendada en el CADE.
20 de marzo, 2017: Reunión agendada entre el superintendente del CADE Kenys Menezes Machado y el dueño de EPE (JBS-J&F Investimentos), Joesley Batista, para tratar la demanda contra Petrobras presentada en septiembre del 2015. La reunión no se realiza. Al parecer Menezes está al tanto de las investigaciones del Lava Jato (Policía Federal – Fiscalía General de la República) sobre los afanes de soborno por parte de Batista.
22 de marzo, 2017: En Santa Cruz de la Sierra el presidente ejecutivo de Petrobras-Bolivia, Marcos Benicio Pompa Antunes, comparece en audiencia de juicio oral dentro la querrella de Marco Bulacia (Vialco) por el delito de Estafa, recibiendo una sentencia de reclusión domiciliaria. La Fiscalía anuncia que apelará, insistiendo en la reclusión del profesional brasileño en la cárcel de máxima seguridad de Palmasola.
5 de abril, 2017: El Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, visita la ciudad de Cuiabá para inspecionar la Termoeléctrica del Estado de Mato Grosso. Anuncia que el presidente Evo Morales está dispuesto a la venta de Gas para otros fines en un mega contrato a firmarse en 2019, así como la venta de Úrea que se produce en el Chapare, excluyendo a Petrobras.
7 de abril, 2017: El dueño de EPE (JBS-J&F Investimentos), Joesley Batista, cayó en las redes del Lava Jato, admite ocho delitos de corrupción cometidos en los últimos 15 años en concomitancia con funcionarios públicos, y se somete a la “delación premiada” (figura parecida al juicio abreviado en Bolivia) para aliviar su inminente sentencia. A tiempo de confesar sus ocho crímenes, revela los nombres de sus decenas de presuntos cómplices en el sistema político, entre ellos el actual presidente Temer además de Lula y Dilma. Entre las pruebas de su delación hay una grabación digital de su reunión con Temer el 7 de marzo. El caso se mantiene en reserva.
2 de mayo, 2017: En Bolivia, la Fiscalía de Santa Cruz que apeló la sentencia de arresto domiciliario dictada el 22 de marzo, exige el encarcelamiento de Pompa Antunes en el penal de máxima seguridade de Palmasola. La Corte de Justicia rechaza esa exigencia del Fiscal y ratifica la detención domiciliaria.
5 de mayo, 2017: El presidente Evo Morales recibe en Santa Cruz a los gobernadores Pedro Taques de Mato Grosso y Reinaldo Azambuja de Mato Grosso do Sul, auspiciando la firma de una Carta de Intenciones que garantiza para el 2019 la venta de Gas Natural en volúmenes elevados para distintos fines, por parte de YPFB, directamente a través del grupo EPE-JBS, prescindiendo de Petrobras.
17 de mayo, 2017: Salen a luz pública a través de los medios de comunicación del Brasil, con autorizacion oficial de los jueces federales que vigilan la investigacióin, detalles asombrosos de la confesión delatoria de Joesley Batista evacuada el 7 de abril, incluyendo el audio de su reunión con el presidente Temer el 7 de marzo. Entonces queda al descubierto que las acciones del Gobierno boliviano para encarcelar al presidente ejecutivo de Petrobras en Santa Cruz de la Sierra, forma parte de una conjura mafiosa plagada de sobornos y chantajes en las más altas esferas del poder político, tanto en Bolivia como en Brasil. (WGM).

Entretanto Quintana hace su parte en Bolivia, en Brasil Joesley Batista apretaba el acelerador para embestir contra Petrobras hasta dejarla tirada en la lona. Un año atrás, el 4 de septiembre del 2015, la Empresa Pantanal de Energía (EPE), como parte del holding JBS-J&F Investimentos, había protocolizado ante la Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), una denuncia contra Petrobras acusando a la estatal por competencia desleal y “monopolio indebido” en la venta del Gas boliviano dentro el territorio brasileño. EPE pretendía que el CADE le obligue a Petrobras dejar de intermediar en la provisión del Gas boliviano para la Termoeléctrica de Cuiabá, y que se le permita a la subsidiaria de JBS comprar el combustible en forma directa de Bolivia, ya que los precios que le cobraba Petrobras eran “prohibitivamente muy altos” (lo cual resultó falso, pues actualmente EPE paga a YPFB un precio mucho más alto del que pagaba Petrobras). Batista alegó asimismo que el monopolio de Petrobras generaba a su empresa una pérdida diaria de un millón de reales, una vez que el suministro había sido interrumpido en enero del 2015. “A EPE, detentora de uma usina termelétrica em Cuiabá/MT, alegou ao CADE que a Petrobras estaria se recusando a fornecer gás natural à termelétrica, ou exigindo condições de venda alegadamente discriminatórias”, dice un informe del CADE dirigido a la Fiscalía y difundido el pasado 20 de mayo.

El CADE demoraba en emitir un dictámen ante la denuncia de EPE, debido a que Petrobras enfrenta  varias denuncias similares de otras empresas vinculadas a la comercialización doméstica de Gas como el consorcio Gemini, Comgas y la Asociación Brasileña de Empresas de Gas (Abegas). EPE debía esperar que el CADE resuelva esas demandas previas, lo cual no fue del agrado de Joesley Batista.

En julio del 2016, con la denuncia ante el CADE ya en curso desde septiembre del 2015, Petrobras y EPE retomaron negociaciones para suministrar el Gas boliviano a la Termoeléctrica de Cuiabá, pero las tratativas fracasaron debido a que el grupo JBS exigia a Petrobras una drástica rebaja de precios que la estatal juzgó inconveniente a sus intereses. Aquella crisis había paralizado las operaciones de la Termoeléctrica provocando cortes de luz en Cuiabá y otros municipios del Mato Grosso.

No final do ano passado, a EPE chegou a recorrer ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para avançar nas negociações com a Petrobras. Na ocasião, denunciou a estatal brasileira por atuação monopolista no fornecimento do gás. A nova interrupção no suprimento do insumo no início deste ano ocorreu após a retomada do abastecimento em setembro de 2011, durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa e do secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf, atualmente presos”, escribió la periodista Silvana Bazani en A Gazeta do Mato Grosso del 16 de julio del 2016 .

Entonces, la solución final se articuló en Bolivia algunos meses después de la frustrada negociación entre EPE y Petrobas: En noviembre de ese mismo año 2016, los ejecutivos de YPFB y EPE firmaron en La Paz un convenio para la venta directa del Gas boliviano, mientras el ejecutivo de Petrobras en Santa Cruz comenzaba a ser perseguido judicialmente, cumpliéndose al pie de la letra la “estrategia” marcada en el Ministerio de la Presidencia.

Pero eso no fue todo. Con el objetivo de consolidar su éxito en Bolivia y garantizar el marginamiento definitivo de Petrobras en miras a las negociaciones para la venta ampliada de Gas en el 2019 —en las que el grupo JBS pretende asumir el monopolio absoluto del negocio con el Gobierno de Evo Morales—, Joesley Batista decidió sobornar a funcionarios del actual Gobierno de Michel Temer para presionar sobre el CADE tratando de forzar un dictámen administrativo favorable a EPE.

En su declaración delatoria del 7 de abril, Joesley Batista reveló haber sostenido una reunión personal con el presidente Michel Temer el 7 de marzo de este año. En esa reunión que abordó entre otros temas el asunto gasífero del Mato Grosso, se acordó encomendar al ex asesor presidencial y actual diputado Rodrigo Rocha Loures —”propina” de por medio— ejercer presiones sobre el CADE para forzarlo a inclinar su balanza en favor de EPE, cortándole las manos a Petrobras en el negocio del Gas boliviano. Dicha gestión le costaría al magnate de JBS un poco más de 150.000 dólares entregados al mismo Rocha Loures tras un acuerdo arribado por ambos, el 16 de marzo, en Brasilia. A cambio de esa “propina”, Rocha Loures se había comprometido a “zanjar” el tema hasta antes de una reunión formal de Joesley Batista con el Superintendente del CADE, el abogado Kenys Menezes Machado, reunión que según el dueño de JBS había sido agendada para el 20 de marzo.

“Segundo a delação premiada do empresário Joesley Batista (…) o acordo de pagamento de propina foi firmado em encontro realizado em 16 de março, em Brasília, no apartamento do deputado” —detalló la periodista Diana Christie, Subeditora del portal TopMídiaNews de Campo Grande, Mato Grosso do Sul—. “No encontro, Joesley conta para o deputado que está com um ‘inquérito administrativo’ para resolver no CADE e tinha uma reunião marcada com o superintendente-adjunto da autarquia, Kenys Menezes Machado, em 20 de março“.

Curiosamente, durante esos mismos días de marzo, cuando en Brasilia se intentaba forzar un dictámen del CADE para apartar a Petrobras del negocio del Gas proveniente de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, exactamente el 22 de marzo, el director ejecutivo de Petrobras, Marcos Benicio Pompa Antunes, era sentenciado a reclusión domiciliaria por el Tribunal Segundo en lo Penal de dicha ciudad boliviana, lo cual dejó descabezada a Petrobras en plena efervescencia de las movidas por lograr el contrato directo con YPFB.   

En la investigación efectuada por la Policía Federal, también en marzo, surgió el video de una filmación que muestra a Rocha Loures saliendo de una pizzería en Brasilia —a donde entró con las manos vacías— llevando un maletín cargado con 500.000 reales (más de 150.000 dólares) luego de reunirse con un emisario de Batista. A los pocos días de recibir esa “propina”, Rocha Loures realizó insistentes llamadas telefónicas al CADE, tratando de contactarse con el superintendente Kenys Menezes. El CADE confirmó tales llamadas realizadas por el influyente diputado; pero asegura también que Meneses se negó a atender a Rocha Loures.

La reunión entre Joesley Batista y el superintendente Menezes finalmente no se concretó en las oficinas del CADE. Rodrigo Rocha Loures fue expulsado de la Cámara de Diputados y entregó el maletin con los 500 mil reales a la Policía Federal, para evitar su encarcelamiento.

Por esta causa, Temer está a un paso de dimitir. Su astuto interlocutor durante aquella reunión del 7 de marzo grabó todo lo conversado en un audio que al ser revelado públicamente, el pasado 17 de mayo, provocó el mayor terremoto político de los últimos tiempos en la sísmica coyuntura brasileña.

Aunque  el audio que incrimina al presidente Temer presenta indicios de haber sido manipulado y editado, la verdad es que su Gobierno entró en la picota al haberse comprometido abiertamente con la estrategia del holding JBS-J&F Investimentos para apartar a Petrobras del negocio del Gas boliviano en el Mato Grosso, estrategia que en Bolivia tuvo como principal gestor al entonces Ministro de la Presidencia de Evo Morales. 

El plan para encarcelar al ejecutivo de Petrobras en Bolivia

El dueño de la empresa Vialco, Marco Bulacia, con el ministro Quintana durante un acto en el Hotel Radisson relacionado con el Dakar del 2013. Un juicio penal entablado por el empresario boliviano determinó el arresto domiciliario del ejecutivo de Petrobras en Santa Cruz, en marzo de este año. | Foto Sol de Pando

En marzo de este año, el representante ejecutivo de Petrobras en Bolivia, Marcos Benicio Pompa Antunes, fue sometido a una audiencia de juicio oral donde la Fiscalía de Santa Cruz pidió su encarcelamiento. El 22 de marzo (pocos días después de la reunión sostenida en Brasilia entre el dueño de JBS-EPE y el presidente Temer, y del soborno entregado al diputado Rocha Loures), Antunes recibió una sentencia judicial de reclusión domiciliaria en la capital petrolera de Bolivia. La causa: el dueño de una empresa subcontratista local —un famoso corredor de coches en las competencias del Dakar boliviano— exigía a Petrobras, desde octubre del 2016, el pago de un saldo de 2,5 millones de dólares por un contrato ejecutado en la construcción de terraplenes para la perforación de pozos en el campo gasífero de San Antonio, Tarija.

Dicho contrato se había suscrito por un monto de 9,5 millones de dólares, de los cuales la subcontratista Vialco recibió $us 7 millones. Según alega Petrobras, no se pagó el saldo reclamado porque la constructora propiedad de Marco Bulacia Barba no habría ejecutado la totalidad del trabajo en el plazo acordado. Era un litigio civil para ser dirimido en un Laudo Arbitral; pero las autoridades bolivianas convirtieron el asunto en un proceso penal que derivó en la reclusión del máximo ejecutivo de Petrobras en Bolivia.

Petrobras nunca ha desconocido el derecho del señor Marco Bulacia para reclamar lo que él considera legítimo en su interés; así como Petrobras tiene sus razones técnicas y legales enmarcadas en el contrato suscrito, para negarse a efectuar un pago que considera fuera de lugar” —dijo  una experta vinculada al área jurídica de la empresa estatal brasileña que aceptó dialogar extraoficialmente con Sol de Pando, aquí en Brasilia, sobre este punto—. “Es muy raro que la justicia boliviana haya llevado al campo criminal una disputa estrictamente comercial, y nada menos vulnerando los derechos de un respetado profesional brasileño que representa a Petrobras en Bolivia, y siendo además que él no firmó ni administró el contrato con Vialco”.

Marcos Benicio Pompa Antunes, un ingeniero petrolero con 36 años al servicio de la empresa estatal de su país, había llegado a Bolivia el 7 septiembre del 2016 para ejercer la presidencia ejecutiva de Petrobras después de haber cumplido similar función en la subsidaria de Argentina. Un mes después después de su arribo, el 12 octubre del 2016, el empresario boliviano Marco Bulacia, dueño de Vialco, le entabló un juicio criminal bajo los cargos de “estafa e incumplimiento de contrato”, exigiendo a Petrobras el pago del controvertido saldo. La querella penal derivó, cinco meses después, en la reclusión domiciliaria de Antunes.

Siguiendo instrucciones directas del entonces ministro de la Presidencia, la Fiscalía de Santa Cruz indujo a Bulacia seguir la vía penal evitado un Laudo Arbitral, por vía civil, que en rigor de ley correspondía. Esta forma de criminalizar asuntos civiles que no implican necesariamente el castigo penal de encarcelamiento, es marca registrada en las “estrategias” de Juan Ramón Quintana.

La reclusión de Antunes y la entrega del gas boliviano a JBS

El representante ejecutivo de la brasileña Petrobras en Bolivia, Marcos Benicio Pompa Antunes, reunido con el Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, el 28 de septiembre del 2016, pocos días despues de su llegada al país, mientras se gestaba un juicio penal en su contra. | Foto Periódico Cambio

“En medio de la reclusión de Antunes, Bolivia negocia, sin participación de Petrobras, la venta de Gas Natural directamente a cinco estados brasileños: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul” —comentaron las periodistas Paula Reverbel y Camilla Costa de BBC Brasil em São Paulo—. “Esas negociaciones tienen como objetivo la firma de un contrato de provisión de gas con la estatal Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), excluyendo del negocio a la estatal brasileña Petrobras”.

Aunque la reclusión domiciliaria de Antunes se había producido el 22 de marzo, la noticia de ese hecho judicial fue difundida por la propia Petrobras recién el 5 de mayo, en un desesperado intento de apelar a la opinión pública para exigir la libertad de su principal ejecutivo en Bolivia, y ante una ofensiva de los fiscales acusadores que (en vísperas de una reunión prevista también en Santa Cruz para ese mismo 5 de mayo entre el presidente Evo Morales y los gobernadores de los dos Estados del Mato Grosso) exigían a los jueces la reclusión del ejecutivo brasileño en una cárcel pública, revocando así el arresto domiciliario y agravando el descabezamiento de Petrobras.

Tres días antes de la reunión presidencial, el 2 de mayo, la Fiscalía de Santa Cruz intentó forzar la reclusión de Antunes en la Cárcel de Palmasola, pedido que fue negado por los jueces de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Santa Cruz. “La empresa dijo que su representante legal en Bolivia estaba bajo arresto en Santa Cruz desde el 22 de marzo y que el 2 de mayo un tribunal había rechazado un recurso que pedía su encarcelamiento“, informó la agencia Reuters desde São Paulo.

Ante el estupor causado por la noticia, el Gobierno de Bolivia se apresuró en deslindar su responsabilidad en el abuso cometido contra el ejecutivo de Petrobras, a través de una displicente declaración efectuadea por el ministro de Economía Luis Arce Catacora. “La detención domiciliaria del presidente de la subsidiaria brasileña en Bolivia, Marcos Benicio Pompa, es un tema interno de ese país y, por lo tanto, el Gobierno no puede involucrarse“, dijo Arce según publicó el diario El Deber de Santa Cruz. 

La conjura contra Petrobras articulada por SBS, simultáneamente en Brasil y Bolivia, marchaba viento en popa. La sincronización tenía una eficiencia quirúrgica impresionante.

El 29 de noviembre del 2016 llegó a La Paz el principal socio de Joesley Batista en el Mato Grosso, Rodrigo Zuñiga de Melo Souza, representante de EPE, para firmar junto al Ministro de Hidrocarburos y el Presidente Ejecutivo de YPFB un primer contrato directo de suministro de Gas, al margen de Petrobras, vigente hasta diciembre del 2019. | Foto ABI

En efecto, el plan boliviano para excluir a Petrobras de la distribución de Gas Natural  en el Estado de Mato Grosso, favorecendo a JBS-J&F Investimentos, había empezado a tomar cuerpo el 29 de noviembre del 2016 —un mes después de la querella criminal presentada contra Petrobras por la constructora Vialco en Santa Cruz—, cuando  el Presidente de YPFB, Guillermo Luis Achá Morales, y el representante de la compañía brasileña Empresa Pantanal Energia (EPE), Rodrigo Zúñiga de Melo Souza, socio de Joesley Batista, firmaron en La Paz un contrato para la provisión de los 2.2 millones de metros cúbicos diarios de Gas Natural que requiere la Termoeléctrica de Cuiabá.

Petrobras no pudo impedir la firma del inédito contrato que transformó a EPE —sin más trauma que la reclusión domiciliaria de Pompa Antunes— en la proveedora principal del Gas boliviano en el Mato Grosso, para lo cual la empresa de Batista aprovechará, paradógicamente, el gasoducto construído en la parte brasileña por la misma Petrobras.

El negocio gasífero entre YPFB y EPE (JBS-J&F Investimentos) tendrá una vigencia “interrumpible” de tres años y concluirá —con renovación y ampliación ya pactadas de antemano— el 31 de diciembre de 2019, año previsto para las nuevas elecciones presidenciales en Bolivia.

La noticia de aquel contrato sin precedentes firmado el 29 de noviembre y que dejó fuera a Petrobras, principal socio gasífero de Bolivia desde la inauguración del Gasoducto Bolivia-Brasil en 1996, pasó desapercibida debido a la tragedia del Club Chapecoense a bordo de la aerolínea Lamia, ocurrida en la víspera, la noche del 28 de noviembre, enlutando a casi un centenar de familias bolivianas y brasileñas casualmente.  (Y casualmente el nombre de Quintana también suena estruendosamente cuando se habla sobre las responsabilidades estatales de esa tragedia inducida por la corrupción imperante en Bolivia).

Evo Morales y Michel Temer, confluencia perversa en el Mato Grosso?

Los gobernadores Pedro Taques de Mato Grosso y Reinaldo Azambuja de Mato Grosso do Sul firman con el Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, la carta de intenciones del 5 de mayo, en Santa Cruz, garantizando incrementar durante el 2019 suministros de Gas Natural mediante las empresas del holding “JBS-J&F Investimentos”, sin participación de Petrobras. | Foto ABI

Al informar sobre el primer y último encuentro registrado entre el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, con el recién llegado y flamante director de Petrobras en Bolivia, en su edición del 28 de septiembre del 2016 el periódico gubernamental Cambio dio cuenta que “el vicepresidente Álvaro García Linera informó el lunes que el Presidente de Brasil, Michel Temer, anunció que Petrobras ya no comprará tanto Gas a Bolivia, lo que permitirá a las empresas privadas del país vecino comercializar el Gas mediante compras directas a Bolivia”. Sin embargo, la fuente consultada por Sol de Pando en Brasilia sostiene que la posición expresada por Pompa Antunes en su reunión con Sánchez era diametralmente distinta a la que sostienen el Vicepresidente boliviano y el Presidente del Brasil. “Petrobras no pretende reducir los volúmenes de Gas comprometidos por Bolivia desde 1996, nuestra empresa contribuye al desarrollo y al incremento de la producción gasífera boliviana en los campos de San Alberto, Itaú, Sábalo o Monteagudo, y eso implica mantener y ampliar nuestros  propios mercados, no reducirlos”.

Cinco meses después de la firma del contrato del 29 de noviembre, ya con el ejecutivo de Petrobas-Bolivia recluído, el Gobierno boliviano devolvió la gentileza a EPE mandando una comitiva a Cuiabá encabezada por el ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez. La visita a la capital de Mato Grosso se efectuó el 5 de abril de este año. Sánchez conoció la famosa Usina Termoeléctrica que consume 2.2 mllones de metros cúbicos del Gas boliviano bajo la administración de EPE, vislumbrando un futuro aumento de aquel volúmen para también energizar los extensos cultivos agrícolas de soya, incursionar en el Gas domiciliario, además de lograr un preacuerdo para que el Estado de Mato Grosso le compre a YPFB la úrea que comienza a producirse en el Chapare, con destino a la industria brasileña de fertilizantes donde el grupo JBS también tiene importantes inversiones. El Ministro boliviano concluyó su visita prometiendo un encuentro directo entre los gobernadores del Mato Grosso con el mismísimo presidente Evo Morales. Dos días después de aquella “histórica visita”, el 7 de abril, en Brasilia es detenido el dueño de EPE-JBS, Joesley Batista, delatando ante los investigadores del Lava Jato todos los detalles de su conjura contra Petrobras, entre otros delitos de corrupción.

No obstante haberse hecho evidente que el tema del Gas boliviano en las fronteras del Pantanal está cayendo bajo control de una mafia organizada, el pasado 5 de mayo el presidente Morales recibió personalmente, en Santa Cruz, a los gobernadores Pedro Taques de Mato Grosso y Reinaldo Azambuja de Mato Grosso do Sul. Entre los tres jefes estatales dieron la estocada final a Petrobras, cuyo contrato de compra de Gas con YPFB fenece indefectiblemente el 2019.

El Presidente boliviano y sus visitantes matogroenses acordaron, mediante la firma de una carta de intenciones, que una posible renovación del contrato con Petrobras pasará por reducir el volúmen actual en por lo menos un 50%, priorizando la venta directa a empresas privadas y estaduales del Mato Grosso.

El Gobernador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, del mismo partido político del presidente Temer al igual que el gobernador Pedro Taques de Mato Grosso, le comunicó a Evo Morales  que Michel Temer había manifestado su complacencia con la negociación directa —prescindiendo de la intermediación de Petrobras— para el suministro del Gas boliviano. Por su parte el Presidente de Bolivia oficializó su autorización para que YPFB negocie la venta directa con los Estados fronterizos del Pantanal y del Chaco brasileños, y sus empresas privadas, igualmente prescindiendo de Petrobras. Es impresionante la coincidencia plena entre los gobiernos de Michel Temer y de Evo Morales sobre este asunto económico tan fundamental en la relación bilateral.

Según datos proporcionados por la periodista Silvana Bazani, gracias a un futuro incremento en los volúmenes del Gas boliviano con destino al Mato Grosso, la Usina Termoeléctrica de Cuiabá podría triplicarse hasta insumir 6 millones de metros cúbicos. Actualmente la planta utiliza sólo el 30% de su diámetro tubular, de acuerdo al Superintendente del Sindicato de Construcción, Generación, Transmisión y Distribución de Energía de Mato Grosso (Sindenergia), Marcelus Mesquita.

Sol de Pando no ha logrado obtener, desde el destierro en Brasilia, una versión por parte del Gobierno boliviano respecto a si persistirá en su decisión de apartar a Petrobras de aquel cuantioso negocio, una vez que son públicas las actividades dolosas del magnate Joesley Batista, el nuevo socio estratégico de YPFB y del presidente Evo Morales en aquella parte caliente de la frontera entre Bolivia y Brasil. 

Marzo: mientras en Santa Cruz recluyen al presidente de Petrobras, en Brasilia un diputado recoge el soborno para favorecer al grupo JBS con la venta del Gas boliviano | VIDEO

Las confesiones de Joesley Batista delatando, el 7 de abril, a todos los políticos que sobornó | 2 VIDEOS

LINKS RELACIONADOS

cronicas-destierro

Soria Galvarro



Komadina



Reporteros Sin Fronteras



CPJ



Knigth Center