Data: agosto 5, 2014 | 21:05
El reportaje de Ricardo Aguilar estigmatizado como acto de espionaje por el Procurador del Estado, debe someterse a un Jurado de Imprenta. Arce da el caso por "cerrado" evadiendo la aplicación de la Ley de 1925...

Ganó La Razón: Sala Penal reconoce vigencia plena de la Ley de Imprenta en Bolivia

Las protestas del gremio periodístico ante la querella del Procurador del Estado calificada como absurda, tuvo amagues de represión policial. | Foto La Razón

Las protestas del gremio periodístico ante la querella del Procurador del Estado calificada como absurda, tuvo amagues de represión policial. | Foto La Razón

La directora de La Razón, Claudia Benavente, y el periodista Ricardo Aguilar, autor del reportaje enjuiciado, tras la audiencia en la Fiscalía de La Paz donde se interpuso un recurso de declinatoria de competencia del juzgado ordinario para derivar el caso al Jurado de Imprenta.

La directora de La Razón, Claudia Benavente, y el periodista Ricardo Aguilar, autor del reportaje enjuiciado, tras la audiencia en la Fiscalía de La Paz donde se interpuso un recurso de declinatoria de competencia del juzgado ordinario para derivar el caso al Jurado de Imprenta.

© ABI

El procurador general del Estado, Héctor Arce, informó este martes que la Sala Penal III del Tribunal de la Judicatura de La Paz, dispuso se remitan todos los antecedentes del proceso de investigación sobre el caso de La Razón al Tribunal de Imprenta.

«Este martes el Tribunal de Justicia de La Paz, ha dado a conocer una resolución mediante la cual ha declarado admisible los recursos interpuestos por Ricardo Aguilar Agramont y Claudia Benavente, y se dispone la remisión de todos los antecedentes al Tribunal de Imprenta, en la denuncia presentada por la Procuraduría por la revelación de información reservada sobre la demanda marítima boliviana», dijo citado en un boletín de prensa de su despacho.

El fallo de la Sala Penal III reconoce que la denuncia y la solicitud de investigación que realizó el Estado boliviano, «fue instaurado de acuerdo a lo que establece la Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925», que se presentó ante la instancia judicial competente quien definió el curso del proceso.

«La Procuraduría General del Estado no ha tenido, ni tiene, ni va a tener jamás ninguna mala intención contra algún periodista o medio de comunicación, porque nosotros respetamos y valoramos el principio fundamental de la vida democrática, de la institucionalidad republicana y del estado de derecho de un país que es la más absoluta libertad de prensa», dijo Arce.

En pasados meses, la Procuraduría General, por mandato de la Constitución y en estricta defensa de los intereses del Estado boliviano, precautelando la demanda internacional presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el derecho de Bolivia a su reintegración marítima, presentó denuncia ante el Ministerio Público para que inicie investigación sobre la revelación de información reservada sobre este tema, misma que fue publicada en un artículo del diario La Razón.

«Caso cerrado» para Arce

Arce reveló que la Procuraduría no presentó ningún otro documento o apelación y se ha dejado que el proceso siga su curso tal como debe ser hasta que la Sala Penal III dispuso lo que corresponde en derecho de acuerdo a la ley de Imprenta.

«Este es un tema que está cerrado y está en manos de la Ley de Imprenta que tiene sus procedimientos que deben cumplirse por el bien de la ciudadanía y el bien de la labor de la prensa», culmino la autoridad.

La Procuraduría General del Estado presentó denuncia y solicitó investigación por la revelación de información reservada, sobre la demanda marítima, en la publicación del reportaje titulado: «De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales», publicado el 13 de abril en el suplemento Animal Político del diario la Razón.

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