Data: febrero 21, 2020 | 15:20
¿CORRUPCIÓN TRANSITORIA? | Después del escándalo en Entel, se devela una ola de extorsiones y cobros de sobornos en los ministerios de Minería, Educación, Comunicación y Culturas. Sumida en el nepotismo, la Presidenta soslaya el Estatuto del Funcionario Público...

MÁS FUNCIONARIOS LADRONES EN GESTIÓN DE AÑEZ

La vulneración permanente del Estatuto del Funcionario Público por parte del gobierno transitorio que preside la senadora Jeanine Añez es el origen de escándalos como el del ex gerente de Entel Elio Montes o de la ex viceministra de Educación Alternativa, Yola Mamani. | Fotomontaje Sol de Pando

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© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando

En menos de 24 horas, dos ejecutivos del Ministerio de Comunicación y una viceministra del Ministerio de Educación han sido conducidos a dependencias policiales. A fines de enero también fue encarcelado un asesor del Ministerio de Minería. Similar suerte les espera a funcionarios de alto rango en el Ministerio de Culturas. Curiosamente, todos ellos confluirán en la cárcel o al menos serán destituídos con ingnominia, a partir de un mismo delito cometido en cada uno de los ministerios: cobrar sobornos para viabilizar la designación de cargos y otros beneficios en la actual administración “transitoria”.

Este fenómeno que se hizo visible al estallar el escándalo de Elio Montes en Entel y al influjo de animadversiones electorales internas en el bloque de la derecha dominante, revela que el Gobierno que preside Jeanine Añez ha perdido su esencia transitoria para funcionar como una agencia de empleos generadores de futuros “finiquitos” (indemnizaciones) en beneficio de familiares y amigos.

El “peguismo” de ayer y hoy

Mucho antes de Montes, en vísperas de la Navidad pasada, correspondió al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, poner la marca prebendal del régimen al forzar la designación de su hermana como cónsul en Miami, “por razones humanitarias”, al margen de la normativa constitucional, es decir violando el Estatuto del Funcionario Público y la Ley del Servicio Exterior. Y más grave aún, sobrepasando e irrespetando a la autoridad competente de la canciller Karen Longaric.

Aquella irregular designación diplomática, fruto de un inobjetable tráfico de influencias, fue propiciada por Murillo con el apoyo activo del secretario privado de la presidenta Añez, un conocido agente de la CIA y antiguo funcionario de la Embajada de Estados Unidos que tiene la misión de soplar las orejas de Añez. La ingerencia norteamericana se ha reinstalado en Bolivia con su proverbial falta de escrúpulos e indolencia deliberada ante la corrupción.

Los casos que han estallado en las últimas horas infringen principalmente la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público que establece procedimientos idóneos para el reclutamiento, selección y designación de personal estatal, en base a concursos de méritos, exámenes de competencia y evaluaciones periódicas de desempeño. El Gobierno de Áñez mantiene proscrita esa Ley desechada por el gobierno del MAS y repite el vicio de designar cargos en función a lealtades políticas y obsecuencias partidarias. No es casual la recurrente denuncia sobre familiares de la propia presidenta Añez ejerciendo cargos jerárquicos en varias reparticiones estatales. Si el nepotismo es ejercido desde el Palacio Quemado, no otra cosa se puede esperar en niveles subalternos.

Durante el gobierno del MAS el “requisito” para obtener un cargo era contar con el aval del partido o de una organización social ligada al régimen neo-estalinista. Bajo el actual régimen “transitorio”, gobernado por facciones atomizadas de la derecha dominante, es indispensable tener un amigo o un familiar en las altas esferas. La opción es acceder a un mercado negro de compra y venta de cargos.

Así explicó Murillo sobre la designación de su hermana como Cónsul en Miami | VIDEO

Venta de cargos en el Ministerio de Minería

El abogado Juan de Dios Fernández abusó la confianza del Ministro de Minería. | Foto Sol de Pando

El pasado 29 de enero saltó a la luz el primer indicio del fenómeno. El abogado Juan de Dios Fernández Salinas, asesor legal del Ministro de Minería, fue aprehendido por la Fiscalía de La Paz tras formalizarse una denuncia del ciudadano Javier Jiménez por el supuesto cobro de 4.000 dólares para acceder a un cargo en ese Ministerio. También consta la denuncia de una abogada, quien asegura que el asesor Fernández le exigió un pago de 3.000 dólares para acceder a un cargo en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam).

Una requisa policial realizada en la oficina del asesor halló 19 currículums en 16 archivadores.

El ministro Carlos Huallpa ordenó la destitución de su asesor, previo proceso administrativo, y se sumó a la querella penal ante la Fiscalía denunciando un abuso de confianza. Fernández, como asesor, no tenía competencias para designar cargos, aclaró el Ministro.

El ex asesor se encuentra actualmente con detención domiciliaria.

Vendiendo items en el Ministerio de Educación

Yola Mamani Callisaya, Viceministra de Educación Alternativa, cayó con las manos en la masa. | Foto Sol de Pando

La viceministra de Educación Alternativa y Especial, Yola Mamani Callisaya, fue aprehendida la tarde del jueves después de haber sido denunciada por cobros a docentes a cambio de puestos de trabajo. La puso en evidencia un video-audio difundido por el portal Detrás de la Verdad, en el que se la escucha negociando Bs 10.000 para viabilizar un contrato laboral “por seis meses hasta la transición”.

Entre los elementos con que cuenta la Policía para probar el delito de la Viceministra, según informa Erbol, se halló dinero en gavetas aledañas al despacho, entre 45 y 50 files de personas que presentaron solicitudes de trabajo, además de grabaciones.

Yola Mamani fue designada en gestión de la anterior ministra de Educacion Virginia Patty. Asumió el cargo como una “cuota” del partido Sol.Bo que jefaturiza Luis Revilla, el Alcalde de La Paz.

Extorsiones en el Ministerio de Culturas

Martha Yujra Apaza, la Ministra de Culturas, intentó soslayar la corruptela de su entorno. | Foto Sol de Pando

La Ministra de Culturas, Martha Yujra Apaza, se vio forzada a admitir públicamente que uno de sus estrechos colaboradores, Jorge Mejía Castro, se embolsillaba dineros mal habidos extorsionando a trabajadores de la cultura. El dueño de una empresa de eventos, Martín Cerruto, denunció que Mejía, responsable de contrataciones del Ministerio, le exigió un pago del 10% de Bs 152.000 que se le adeudaba desde la gestión pasada. El funcionario amenazó al empresario “anular la contratación y botarla al tacho” si no se le entregaba Bs 15.200 para regularizar el pago pendiente.

Inicialmente la ministra Yujra conocía la denuncia; pero no tomó ninguna acción. El denunciante había dirigido una carta al Viceministro de Descolonización, Máximo Gallego, quien remitió la misiva a Yujra. “Pese a conocer la causa, la Ministra no obró conforme a las disposiciones legales”, reclamó el estafado ante el Fiscal. Sólo entonces el Ministerio de Culturas procesó y destituyó a Mejía según un comunicado oficial emitido el miércoles.

Martha Yujra enfrentó una denuncia pública en diciembre pasado por haber promovido un “regalo de Navidad” consistente en un manta tejida y bordada con su nombre e imagen. Se afirmó que venía usando recursos del Ministerio de Culturas para promover su candidatura en las elecciones municipales de El Alto, ciudad de donde proviene. Yujra lo desmintió asegurando que el regalo navideño fue financiado por el Ministerio sin su consentimiento.

La Ministra de Culturas es “cuota” del partido Unidad Nacional (UN) que encabeza el empresario Samuel Doria Medina, candidato vicepresidencial en la fórmula de Jeanine Añez para las elecciones presidenciales del 3 de mayo.

Cobros indebidos en el Ministerio de Comunicación

Henry Mendoza Doria Medina, designado por Roxana Lizárraga, se halla preso junto a Eugenio Ugarte. | Foto Sol de Pando

La mañana del mismo jueves, dos funcionarios jerárquicos del Ministerio de Comunicación fueron aprehendidos por la Fiscalía y guardan detención mientras se investiga unas denuncias sobre el cobro de coimas a cambio de contratos publicitarios.

Dos periodistas que editan revistas impresas denunciaron que Henry Mendoza Doria Medina, Director General de Estrategias del Viceministerio de Política Comunicacional, y Eugenio Ugarte,  Jefe de la Unidad de Difusión, solicitaban el 10% de la adjudicación de publicidad para esos medios escritos.

El fiscal asignado al caso, Alexis Vilela, dijo que cuando ambos funcionarios extorsionadores fueron aprehendidos, “la Fiscalía ya tenía suficientes elementos de convicción sobre la participación de ellos en los hechos que se investiga”.

Eugenio Ugarte es un funcionario cuya antiguedad data del gobierno anterior, mientras Henry Mendoza Doria Medina fue nombrado en el cargo en noviembre, durante el actual régimen, por la entonces ministra Roxana Lizárraga.

Cobrando Bs 10.000 para un contrato laboral “por seis meses hasta la transición” | VIDEO

Viceministra de Educación envuelta en escándalo por cobros de Bs. 10.000 por venta de cargos “Detras de la Verdad” accedió a un video donde se escucha a la Viceministra de Educación Alternativa y Especial, Yola Nery Mamani Callisaya, donde le dice a una persona “Estaríamos hablando de Bs. 10.000, el contrato es por 6 meses hasta la transición”. Existe además un audio que refleja la conversación de dos personas, una de ellas que logró acceder a un cargo en el Ministerio de Educacion pagando la suma establecida por la viceministra y la otra persona que señala que no logró ingresar al ministerio de Educación pese a haber entregado ya un monto de dinero como adelanto para ser designado en el cargo comprometido.La conversación telefónica manifiesta “Hay un montón de personas que, obviamente a la viceministra le conviene, mientras más gente llegue, más plata para ella, porque es obvio que a toditos los que a metido, los ha metido, porque mira ya son dos meses que me he prestado esa plata y hasta ahorita no he podido terminar de pagar, esa plata yo ya me la había prestado para darle”.

Publicado por RED Gigavision en Jueves, 20 de febrero de 2020

La ominosa carencia de un Programa de Transición

Era de suponer que un proceso de transición —como el emergente en Bolivia tras 14 años de un régimen prorroguista que re-instaló al narcotráfico en el poder bajo los aleros de un populismo autoritario y partidocrático—, debía contemplar un Programa de Gobierno Transitorio enmarcado en la ética de la austeridad y la honestidad, del fomento al respeto de los derechos humanos y de una imparcialidad constructiva capaz de centralizar las fuerzas éticas del país en una sóla corriente de renovación democrática, apartando del escenario a las malas conciencias que pululan en el decadente sistema político sobre el cual se asienta el Estado Plurinacional.

Un Programa de Transición post Evo Morales debía sobre todo perfilar una gestión interina concentrada en dos pilares básicos: la consolidación de un proceso electoral fluido y transparente para superar con pleno éxito el fraude del 20 de octubre; y la institucionalización de cargos en la administración pública como única vía para prevenir la corrupción e imponer transparencia en la administración estatal. En términos jurídicos, los dos pilares de la transición debieron ser la Ley del Régimen Electoral y la Ley del Funcionario Público.

El gobierno transitorio que preside la senadora Jeanine Añez administra el proceso sin un Programa de Transición. Al carecer de ese instrumento esencial para la transformación de las estructuras evistas, el gobierno de Añez conduce al país a un retroceso sin precedentes, tanto en lo electoral como en lo funcionario.

Lo que debió ser un proceso electoral festivo y conciliador, es hoy un escenario de incertidumbres, frivolidades y miserias humanas, debido al caos electoral que provocó la inescrupulosa postulación presidencial de Jeanine Añez para las elecciones del 3 de mayo, no obstante que la misión que el Poder Legislativo la encomendó al designarla presidenta interina, era administrar el nuevo proceso elctoral garantizando imparcialidad y transparencia.

Lo que debió ser el inicio de un proceso de institucionalización de cargos reivindicando una vigencia plena de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, es hoy un mercado negro de compra y venta de cargos al mejor postor, y un recurrente manejo prebendal y nepótico de la función pública en beneficio exclusivo de amigos, parientes y obsecuentes de los poderosos de turno.

El retroceso que implica administrar y conducir el tránsito de la dictadura a la democracia sin un Programa de Transición, no sólo implica el peligro de un retorno de Evo Morales con Quintana, sino ir más atrás inclusive.

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