Data: junio 19, 2019 | 15:41
TODOS VINCULADOS A QUINTANA | Servidores públicos ligados a la corrupción declaran ante la Contraloría mucho más de lo que poseen para encubrir y legitimar sus “futuras” ganancias ilícitas...

Funcionarios inflan declaración patrimonial para lavar dinero

La declaración jurada de Bienes y Rentas, en 2009, del entonces Comandante General de la Policía, René Sanabria, quien dos años después fue capturado como narcotraficante en Estados Unidos. | Foto archivo

Un ex funcionario de la Contraloría afirma que el de Vania Lanchipa no es el único caso de una declaración jurada con cifras infladas. “Se debería hacer una auditoría en los marcos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para revisar muchas declaraciones de bienes y rentas que no corresponden a la realidad”, comenta nuestra fuente, asegurando que esa irregularidad “es muy frecuente entre personas que están dedicadas a lavar recursos de dudoso origen o legitimar sus ganancias producto de la corrupción, las coimas y los desfalcos en el ejercicio del servicio público…”.

© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando

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“En los últimos años se ha convertido en práctica común que algunos ciudadanos que ingresan al servicio público suelen inflar su declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General del Estado, mencionando patrimonios que no son suyos o montos de dinero exagerados que no poseen, con el próposito de legitimar ganancias ilícitas que obtendrán en el ejercicio de la función pública”, reveló a Sol de Pando un ex funcionario de la misma Contraloría.

La información surgió a raiz del escándalo que envuelve a la hija menor del Fiscal General del Estado que, como funcionaria del Tribunal Constitucional Plurinacionl (TCP), había declarado un patrimonio de más de cuatro millones de bolivianos, dato que su padre, el fiscal general Juan Lanchipa, se vio obligado a aclarar afirmando que se trató de “un error”.

El pasado 14 de junio, la Agencia de Noticias Fides (ANF) difundió la denuncia de que dos hijas de Lanchipa gozan el privilegio de trabajar en cargos estatales muy bien remunerados, una de ellas en el sector judicial junto al magistrado beniano Gonzalo Hurtado supuestamente vinculado al narcotraficante Pedro Montenegro, lo cual también fue desmentido por el Fiscal General. Lanchipa aclaró que su hija Vania trabaja en el TCP pero no necesariamente bajo dependencia de Hurtado.

La senadora opositora Jeanine Añez denunció que las hijas del Fiscal emitieron declaraciones juradas de bienes superiores a la del padre: Roxana Lanchipa Ramírez como funcionaria del Ministerio de Educación declaró Bs 1’421.558, y Vania Lanchipa como funcionaria del Tribunal Constitucional declaró más de Bs 4’176. 545, ambas sin deuda alguna. De acuerdo a la Contraloría General del Estado, el fiscal Lanchipa tiene un patrimonio de Bs 930.340, con una deuda de Bs 557.600.

En la víspera se constató que la Contraloría del Estado modificó la declaración de Vania Lanchipa de cuatro millones de bolivianos a sólo un millón. El Fiscal General aclaró que se trata de un patrimonio hereditario de sus hijas. El error de Vania habría consistido en declarar el valor total de una vivienda en herencia común y no sólo su parte heredada.

No es el único caso de “declaración inflada”

El ex funcionario de la Contraloría que se contactó con Sol de Pando afirma que el de Vania Lanchipa no es el único caso de una declaración jurada con cifras infladas. “Se debería hacer una auditoría en los marcos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para revisar muchas declaraciones de bienes y rentas que no corresponden a la realidad”, comenta nuestra fuente, asegurando que esa irregularidad “es muy frecuente entre personas que están dedicadas a lavar recursos de dudoso origen o legitimar sus ganancias producto de la corrupción, las coimas y los desfalcos en el ejercicio del servicio público”.

La misma fuente asegura que «se observa esa irregularidad en las declaraciones juradas de muchos funcionarios y funcionarias no sólo en el Poder Judicial sino también en la Policía, en las Fuerzas Armadas y en el Poder Legislativo”.

Reveló que una mayoría de los servidores públicos que ejercen esa práctica dolosa de usar las declaraciones juradas como mecanismo para lavar dinero y legitimar ganancias ilícitas son los “recomendados” por el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Según el manual de “Tipologías de Corrupción” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), se entende como legitimación de ganancias ilícitas o lavado de activos al “conjunto de acciones a través de las cuales se pretende dar apariencia legal a recursos o bienes provenientes de la realización de actividades ilegales. Se conoce también como lavado de dinero, blanqueo de capitales, lavado de capitales, legitimización de capitales o reciclaje de dinero sucio, dineros calientes, o legalización u ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilícitas. El lavado de activos puede llevarse a cabo sobre cualquier tipo de bien, físico o intangible, producto de delitos graves”.

Dicha normativa internacional, en Bolivia, está plasmada mediante la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

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