El cercenamiento del rol fiscalizador del Parlamento, agravado por una ilegal criminalización de esa función congresal sometida al arbitrio de la justicia ordinaria, nos hace temer el advenimiento de un “fujimorazo” de cuño estalinista, más aún cuando observamos que las cúpulas de las FF.AA. comienzan a detentar roles y privilegios (incluso disputándole espacios a la Policía) tan sólo vistos en aquellos tiempos aciagos de las dictaduras militares de Banzer y García Meza. Urge una rectificación de esta desviación autoritaria de la revolución democrática y cultural boliviana gestando, desde la genuina Sociedad Civil no cooptada por la partidocracia, un Movimiento Constitucionalista que se proponga defender la Constitución Política hoy tan violada por los propios gobernantes…
La Constitución Política del Estado Plurinacional, en su artículo 158, establece como una atribución expresa del Órgano Legislativo Plurinacional la función de «controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas», y de manera más específica «realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras (…), sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes», además de «controlar y fiscalizar las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado”.
La fiscalización es complementaria a la legislación; ambas funciones garantizan un desenvolvimiento transparente de la democracia, y del cambio. Pero en los últimos tiempos la partidocracia gobernante se empeña en cercenar las competencias fiscalizadoras del Parlamento, para restringir el funcionamiento congresal a la mera aprobación de leyes que conducen a una dictadura cocalera en Bolivia. Toquemos madera.
Se está criminalizando la tarea fiscalizadora de los legisladores al extremo en que los fiscales y jueces pueden interferir arbitrariamente en el trabajo parlamentario, como fue el caso de una Senadora de Pando cuyas prerrogativas constitucionales han sido vulneradas con aterrante desparpajo en las propias puertas del Congreso Nacional, violándose impunemente la mismísima Constitución Política.
Tememos que las sombras de un “fujimorazo” de cuño estalinista se ciernen sobre la democracia boliviana, más aún cuando observamos que las cúpulas de las FF.AA comienzan a detentar privilegios y roles (incluso disputándole espacios a la Policía) tan sólo vistos en aquellos aciagos tiempos de las dictaduras militares de Banzer y García Meza.
Urge una rectificación de esta desviación autoritaria de la revolución democrática y cultural boliviana. Y tal rectificación urgente no pasa de ningún modo por el derrocamiento o socavamiento mal intencionado del gobierno que preside Evo Morales. El Presidente Constitucional tiene que cumplir su mandato.
La rectificación pasa por la necesidad de gestar —desde la genuina Sociedad Civil no cooptada por la partidocracia— un Movimiento Constitucionalista que se proponga defender la Constitución Política hoy tan violada por la sicopática avidez de poder de aquellos palaciegos que medran adulando el dilatado ego de su Jefe.
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