Las investigaciones científicas en la Amazonia deben ser promovidas y fomentadas desde las organizaciones comprometidas localmente con las comunidades amazónicas, sostiene la Otca.

En la siguiente entrevista con el colega periódico ecuatoriano El Telégrafo, el secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Económica (OTCA). Robby Dewnarain Ramlakhan, explica los objetivos de la entidad que recientemente se reunió en El Coca, Ecuador, destacando la búsqueda de soberanía entre los países amazónicos en materia de investigaciones científicas, tema que se anticipa en la agenda de una próxima reunión de la OTCA entre el 25 y 26 de junio….

ROBBY DEWNARAIN RAMLAKHAN
Diplomático de carrera realizó sus estudios en el Instituto Rio Branco en Brasil (1986-1987). Fue Ministro de Relaciones Exteriores de Suriname (1991) y Secretario Permanente Adjunto encargado de los Procesos de Integración en el Ministro de Relaciones Exteriores de su país (2006 – 2011). Desde 2006 es Embajador en Misión Especial y Secretario Permanente para asuntos de relaciones exteriores a partir de 2011.
Actuó como Asesor Político y Jefe del Departamento de las Américas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suriname (1991-1997). Entre 1998 – 2005 ejerció el cargo de Ministro Plenipotenciario en la Embajada de Suriname, en Brasil y en 1999, en Pekín.
Ejerció diversos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Paramaribo. También ha integrado y presidido diversas delegaciones de su país en eventos internacionales. Tal como, PROCITROPICOS (1998), CEPAL (1998) y UNASUR (2004/ 2006). También ejerció el cargo de coordinador Nacional para la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA (2006).
Asimismo, fue punto focal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suriname para la OTCA (1995-1997) y representante en la novena Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la OTCA, en Iquitos, Perú (2005). Fue palestrante en el curso para Diplomáticos de América del Sur, en Rio de Janiero, Brasil en 2007 y 2008.
En julio de 2012 asumió el cargo de Secretario General de la OTCA.

— ¿Cómo observa la creación de una Red de Centros de Investigación regional que se desarrolle en los países amazónicos?

— Antes de hablar sobre el desarrollo de la región amazónica hay que entender lo que sucede; y sabemos que el 70% de las investigaciones y publicaciones sobre la Amazonía es de países fuera de la región. Las naciones que son miembros de la OTCA reconocen esta deficiencia y el objetivo es generar más conocimiento propio sobre la amazonía a través de la investigación e intercambio de experiencias entre ellos. La creación de una red de centros de investigación ligando todos los centros y autoridades de investigación en la región amazónica, facilitará este objetivo. Asimismo, contribuirá para el fortalecimiento de las capacidades de los países miembros para la defensa integral de la megadiversidad biológica amazónica. Se espera que la reunión que se llevará a cabo el 25 y 26 de junio, en Quito, defina los próximos pasos para la creación de la red.

—¿Cuál es el aporte de la OTCA en cuanto a pueblos no contactados?

— De acuerdo con el mandato de los cancilleres, la OTCA tiene como tarea preparar una agenda regional para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial, respetando sus derechos y la legislación interna de cada país. En este contexto, los países miembros intercambiarán políticas, legislaciones y buenas prácticas, además establecerán protocolos de acción frente a los pueblos indígenas aislados y, de esta manera, buscarán tener una aproximación común para la relación con esos pueblos, independientemente del lugar donde se encuentren en la Amazonía. En la reunión de Quito no analizaremos la agenda.

— ¿Qué aspectos considera la OTCA que se podrían tomar en cuenta para la creación de esta agenda?

— Las leyes pertinentes de cada país, el intercambio de informaciones, experiencias y las buenas prácticas. La reunión de El Coca abocó la necesidad de que la organización sea conocida internacionalmente. ¿Qué acciones se realizarán para conseguir más presencia?

Vale destacar que la OTCA estuvo visiblemente presente en la Conferencia de Río+20, en Brasil (junio, 2012); en la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en Tailandia (marzo, 2013) y en la décima sesión del Foro de Naciones Unidas para Bosques, en Turquía (abril, 2013). En estas tres ocasiones, el rol de la OTCA como foro para promover la cooperación sur-sur fue reconocido. En el contexto regional, la OTCA también está presente en los debates de la Celac, Unasur y Cepal sobre desarrollo sostenible. Su participación es fundamental para incorporar el tema de la biodiversidad en la agenda internacional sobre desarrollo y evitar duplicidad de las actividades. La intención es continuar con esta política y hacer de la OTCA una referencia mundial en términos de usos sustentables de los recursos naturales y de cooperación sur-sur.

—¿Cuál es la importancia de un reglamento de navegación en la Amazonía?

— La propuesta para acordar un Reglamento General de Navegación Comercial busca regular la navegación en la Amazonía, ubicados en los territorios de las partes, con miras a permitir el acceso libre y no discriminatorio de sus respectivas embarcaciones. Las disposiciones del Reglamento se aplicarán -cuando los países concluyan su negociación- al transporte internacional de cargas y pasajeros que comprenda la navegación en la Amazonía sin perjuicio de regímenes bilaterales existentes entre las partes. Un instrumento jurídico de esta naturaleza está orientado a facilitar aún más la navegación comercial.

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Los achuar son un pueblo indígena americano perteneciente a la familia jivaroana como los Shuar, Shiwiar, Awajunt y Wampis(Perú). Asentados en las riberas del río Pastaza, Huasaga y en las fronteras entre Ecuador y Perú.

Un grupo de 103 Apus, líderes y dirigentes Achuar de las organizaciones (Orach) de la cuenca del Huasaga, ATI de la cuenca del Huituyacu, y la Asociación Indígena del Morona (AIM) y de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (Fenap), a través de un memorial manifestaron su oposición al ingreso de la empresa Petrolera Estatal Petroperú en el denominado lote 64 y se pronunciaron en contra de las facilidades que el gobierno peruano ha concedido la empresa canadiense Talismán para retirarse de la titularidad y responsabilidad sobre el lote, pese a los graves conflictos sociales y ambientales que ha generado su actividad en dicha concesión por más de ocho años (08).

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Asimismo los asambleístas se pronunciaron en contra de los nuevos lotes propuestos por Perupetro a ser licitados en el presente año y que afectarían los territorios ancestrales del pueblo Achuar del Pastaza no afectados por el lote 64. En ese sentido se pronunciaron en contra de cualquier proceso de consulta y exigieron al gobierno respetar sus territorios y las decisiones del Pueblo Achuar adoptadas dentro del marco de la autonomía y la libre determinación.

Esto fue acordado por el pueblo Achuar del Pastaza dentro del marco de la asamblea de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (Fenap), realizada entre los días 25, 26 y 27 de Abril del 2013, en la Comunidad Nativa de Kuyuntsa, ubicada en rio Manchari, Distrito de Andoas, Provincia Datem del Marañón Región Loreto.

El memorial elaborado está dirigido al Presidente del Congreso de la Republica, Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Cultura, Vice Ministerio de Interculturalidad, Ministro de Energía y Minas, Presidente de Perupetro y al Presidente de Petroperú.

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“Yo jamás pactaría con la oposición, mucho menos con los enemigos de la Constitución Política del Estado que nos combatieron durante la Asamblea Constituyente”, reiteró la diputada Rebeca Delgado Burgoa al denunciar que en el gabinete del presidente Evo Morales están incrustados varios de esos enemigos de la Constitución Plurinacional. La legisladora cochabambina reitera que su posición crítica ante algunas decisiones del partido gobernante responde a una actitud principista consecuente con el proceso de cambio…

“Yo jamás pactaría con la oposición, mucho menos con los enemigos de la Constitución Política del Estado…”.

Aunque se abstuvo de identificar con sus nombres y apellidos por obvio temor a represalias por parte de los entornos presidenciales,  la diputada cochabambina Rebeca Delgado reveló que en el seno del Gobierno existen autoridades que durante la Asamblea Constituyente fueron enemigos acérrimos de la Nueva Constitución Política del Estado y que estarían incluso incrustados en el Gabinete.

Delgado efectuó tal denuncia en el programa radial “Diálogo en Panamericana” que se difundió al medio día de este sábado.  Uno de los periodistas que conduce el programa preguntó a la diputada si podía identificar a esos adversarios infiltrados en el gobierno plurinacional: “Difícil”, dijo Rebeca Delgado, al advertir que profundizar en ese tema podría generar mayores represalias a las que la parlamentaria enfrenta tras sus cuestionamientos  a una posible manipulación política de la Constitución para forzar la re-elección presidencial incluyendo al vicepresidente García Linera.

“Sin embargo existe documentación al respecto”, aclaró a tiempo de sostener su denuncia la legisladora, quien fue Asambleísta en la Constituyente del 2006.

La diputada Delgado reiteró que la posición crítica que asume frente a decisiones político-partidarias del régimen que, según ella, no respetan ni el espíritu ni la letra de la nueva Constitución, responde a una conducta principista que pretende ser leal y consecuente con el proceso de cambio que “no es propiedad de unos cuantos”.

Reafirmó también que no busca congraciarse con la derecha opositora y ni favorecer a las corrientes reaccionarias, que más bien estarían infiltradas en los entornos de Evo Morales y García Linera. “Yo jamás pactaría con la oposición, mucho menos con los enemigos de la Constitución Política del Estado que nos combatieron durante la Asamblea Constituyente”, declaró, asegurando que no mantiene ningún tipo de contacto ni con Unidad Nacional, Convergencia Democrática o el MSM.

La forma frontal y valiente con que Delgado asume individualmente una lucha principista para reencauzar el proceso de la revolución boliviana desde sus fundamentos éticos, respetando la Constitución Plurinacional, viene generando una “corriente Constitucionalista” dentro del partido gobernante, de la que forman parte incluso otros legisladores que observan críticamente la derechización de un proceso manchado por una extrema permisividad con la corrupción e incluso el narcotráfico.

Personajes como el ex capitán de Ejército Juan Ramón Quintana, ex asesor de Defensa del gobierno de Hugo Bánzer Suárez (ADN), vinculado al grupo Soros y representante de la ONG Redsal, financiada por Usaid y Soros, serían, según los masistas críticos, los artífices de un retroceso reaccionario que sufre la revolución liderada por Evo Morales, al punto tal que, bajo el “padrinazgo” de Quintana y García Linera, la administración estatal del proceso habría sido virtualmente invadido por enemigos acérrimos del movimiento indígena y del propio Estado Plurinacional.

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Ariel Castro baja la vista en un tribunal municipal de Cleveland, Estado de Ohio, este jueves 9 de mayo de 2013. Castro fue acusado de cuatro cargos de secuestro y tres de violación. | Foto AP

Los fiscales podrían pedir la pena de muerte contra Ariel Castro, el hombre acusado de secuestrar a tres mujeres en su casa durante una década, después de que la policía lo acusara de embarazar a una de las jóvenes y hacerla abortar al menos cinco veces golpeándola en el vientre y haciéndole pasar hambre.

Las espeluznantes acusaciones estaban incluidas en un reporte de la policía de Cleveland, Estado de Ohio, que también señala que otra de las mujeres, Amanda Berry, fue obligada a dar a luz en una piscina infantil de plástico.

Timothy McGinty, fiscal del condado Cuyahoga, informó el jueves que su oficina decidirá si presenta los cargos de asesinato agravado que se castigan con la pena de muerte en relación con los embarazos que terminaron a la fuerza.

“El castigo capital debe reservarse para aquéllos crímenes que son verdaderamente el peor ejemplo de la conducta humana”, señaló. “La realidad es que todavía hay entre nosotros criminales brutales que no tienen respeto por la ley ni la vida humana”.

McGinty dijo que Castro será acusado por cada acto de violencia sexual y otros delitos cometidos contra las mujeres, sugiriendo que podrían ser cientos, sino es que miles.

Amanda Berry, desaparecida en 2003, Gina DeJesus, en 2004, y Michelle Knight, en 2002, fueron encontradas después de que una mujer que aseguraba ser la primera de ellas llamara a la policía para pedir ayuda mientras su secuestrador había salido de la casa. | Foto EFE

Otros detalles del reporte policial señalan que Berry, ahora de 27 años, dio a luz a su hija, ahora de seis años, en una piscina de plástico dentro de la casa y que nunca visitaron a un médico durante el tiempo que estuvieron secuestradas las tres mujeres.

Michelle Knight, ahora de 32 años, dijo que sus cinco embarazos terminaron cuando Castro la golpeaba “repetidamente en el estómago” y la dejaba sin comer al menos dos semanas.

En tanto, un juez ordenó el jueves que Castro permanezca detenido y le fijó una fianza de ocho millones de dólares.

Castro está detenido desde el lunes, cuando Berry, que tenía 16 años el día que desapareció, se escapó de la casa donde la retenía y llamó al teléfono de emergencias. | Foto AFP

El ex chofer de autobús escolar de 52 años se encuentra en la cárcel bajo vigilancia con el fin de evitar un posible suicidio. Enfrenta cargos de secuestro y violación.

Durante la breve audiencia para fincarle cargos formales, Castro intentó ocultar su rostro, metió la barbilla debajo del cuello de la camisa y pareció cerrar sus ojos. También firmó algunos documentos con las manos esposadas.

No habló ni presentó una declaración formal.

Kathleen DeMetz, su defensora de oficio, no hizo comentarios sobre su culpabilidad o inocencia ni presentó objeciones.

Castro está detenido desde el lunes, cuando Berry, que tenía 16 años el día que desapareció, se escapó de la casa donde la retenía y llamó al teléfono de emergencias. La policía encontró a las otras dos secuestradas en el interior.

Las mujeres desaparecieron entre 2002 y 2004, cuando tenían 14, 16 y 20 años.

Los investigadores y un concejal municipal informado del caso dijeron que las mujeres sólo podían recordar haber salido de la casa un par de veces en la última década, que aparentemente estaban atadas con cuerdas y cadenas, y que fueron abusadas sexualmente y sufrieron abortos.

Berry y Gina DeJesús, de 22 años, ya están en sus casas desde el miércoles con sus familiares, mientras que Knight se encuentra en buen estado de salud en un hospital de Cleveland.

Pedro Castro, de 54 años, y Onil Castro, de 50, hermanos de Ariel Castro, fueron arrestados, pero posteriormente absueltos de haber participado en el caso de secuestro.

Arlene Castro, hija de Ariel Castro, habló el jueves en la televisora ABC. Entre lágrimas, dijo estar avergonzada y devastada tras enterarse del presunto papel desempeñado por su padre en los secuestros. Arlene estaba con DeJesús en 2004 justo antes de que ésta desapareciera.

“Me gustaría decir que lo lamento mucho, mucho”, afirmó. “Realmente quiero verte Gina, y quiero que conozcas a mis hijos. Lamento muchísimo todo”.

Los periodistas de The Associated Press Mike Householder y John Coyne en Cleveland; Brendan Farrington en Florida y Dan Sewell en Cincinnati contribuyeron a este despacho.

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Limbert Sajama en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero 2 de la Caja de Salud de Cochabamba. | Foto Rubén Rodríguez – Opinión

De acuerdo a la evolución del paciente los médicos anunciaron una segunda cirugía para retirar la bala, la misma que debería realizarse la tarde de este jueves según confirmó el Defensor del Pueblo de Cochabamba, Raúl Castro Cuéllar, quien verificó que indudablemente el obrero tiene una bala intorducida en su organismo, la misma que penetró por la zona toráxica, atravesó el abdomen y se encuentra muy cerca a la columna vertebral, informó la autoridad defensorial…

Los enfrentamientos de la víspera entre la Policía y los trabajadores, durante el desbloqueo de la carretera Cochabamba-Oruro dejó al menos diez personas heridas, una de ellas, Limbert Sajama (31) quien recibió el impacto de una bala y se recupera en terapia intensiva en el Hospital Obrero 2 de la Caja Nacional de Salud, informó el diario cochabambino Opinión.

El informe preliminar de los médicos de la CNS establece que el trabajador de Coboce recibió el impacto de una bala que perforó el pancreas, pero el proyectil se encuentra alojado aún en el esternón de Sajama.

De acuerdo a la evolución del paciente los médicos anunciaron una segunda cirugía para retirar la bala, la misma que debería realizarse la tarde de este jueves según confirmó el Defensor del Pueblo de Cochabamba, Raúl Castro Cuéllar, quien verificó que indudablemente el obrero tiene una bala intorducida en su organismo, la misma que penetró por la zona toráxica, atravesó el abdomen y se encuentra muy cerca a la columna vertebral, informó la autoridad defensorial.

Las autoridades policiales de Cochabamba desmienten que sus efectivos hayan usado  armas de fuego  disparando balas contra los manifestantes; aunque anunciaron que se inician investigaciones.

Sajama fue herido, durante la intervención policíal de ayer en el cruce de Parotani, donde centenares de trabajadores acataban un bloqueo de caminos en cumplimiento al paro indefincido de la Central Obrera Boliviana.

OTROS HERIDOS

Además de Sajama, según Los Tiempos, existen otros heridos de bala y balines internados en el hospital público de Cochabamba.

Rubén Salazar presenta un impacto de balín en el tórax, y es trabajador de Fino – Iasa. Los otros heridos son Edgar Choque, quien tiene un impacto de balín en el hombro derecho y Benedicto Aguilar que presenta una herida de 10 puntos en la boca, producto de una granada de gas, ambos trabajadores de Coboce.

Los cuatro trabajadores se encuentran en la sala de neurocirugía de la Caja Nacional de Salud (CNS).

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Las nuevas adquisiciones se suman a los 9.136 millones de dólares destinados entre 1990 y 2012, entre los que se encuentran los aviones C295 de Airbus Military (EADS).

Chile destinará entre 7.000 y 11.000 millones de dólares a la compra de material de Defensa hasta 2025, indicaron a la agencia DPA (Agencia Alemana de Prensa) autoridades ligadas a la institución castrense. Las nuevas adquisiciones se suman a los 9.136 millones de dólares destinados entre 1990 y 2012, entre los que se encuentran los aviones C295 de Airbus Military (EADS).

Según destaca la agencia, las Fuerzas Armadas disponen de ahorros por unos 4.200 millones de dólares para futuras compras en armamento sin contar con el gasto corriente y desean fortalecer su movilidad y potencia antiaérea.

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También modernizar los cazabombarderos F-16 y dotarlos de munición inteligente, además de adquirir aeronaves para reabastecimiento en vuelo. Otros 900 millones de dólares, estimados.

Chile, uno de los dos principales importadores de armas de América Latina, compró los últimos años tanques Leopardalemanes, submarinos Scorpene franceses, cazabombarderos F-16 estadounidenses y un satélite EADS de uso cívico militar.

Las adquisiciones son financiadas con la Ley Reservada del Cobre, una norma que obliga a destinar el diez por ciento de las ventas de la estatal cuprífera Codelco a estos fines, y que está próxima a su extinción.

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En el segundo día de paro indefinido de la COB, se intensifican los bloqueos. | Foto APG

Tras la dura represión del gobierno contra los trabajadores afiliados a la COB que iniciaron el lunes un paro indefinido demandando una jubilación justa, la situación se agrava con el anuncio de masificar las medidas de presión. Entre tanto un trabajador lucha por su vida luego de haber sido herido de bala durante el desbloqueo de la vía Cochabamba – Oruro.

El Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) rechazó hoy la invitación del ministro de Trabajo, Daniel Santalla, para reanudar la ronda de diálogo sobre cambios en la Ley de Pensiones.

“Nos pide suspender las medidas de protesta. La COB y los trabajadores estamos dispuestos al diálogo, a discutir de manera clara y sincera los 25 puntos de nuestro pliego, pero con el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera”, respondió Juan Carlos Trujillo, secretario ejecutivo de la COB.

El ministro Santalla envió una nota escrita a Trujillo, le convocó a ”suspender las medidas de presión, las mismas que están perjudicando a la población”. La invitación escrita fue entregada por Edgardo Vásquez en el sector de Apacheta donde la COB instaló un punto de bloqueo de la carretera El Alto-Oruro.

El dirigente minero Miguel Pérez, por otra parte, condicionó el diálogo con el Gobierno a la renuncia del viceministro Mario Guillén. Además declaró al ministro Santalla como enemigo de los trabajadores.

“No negociaremos hasta que no haya una invitación con el membrete de Palacio de Gobierno y la carta sea traída por el viceministro Alfredo Rada”, dijo Pérez.

Trabajador en terapia intensiva

Limbert Sajama en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Obrero. (Foto Rubén Rodríguez)

Los enfrentamientos de ayer entre la Policía y los trabajadores, durante el desbloqueo de la carretera Cochabamba-Oruro dejó al menos diez personas heridas, una de ellas, Limbert Sajama (31) quien recibió el impacto de una bala y se recupera en terapia intensiva en el Hospital Obrero 2 de la Caja Nacional de Salud.

El informe preliminar de los médicos de la CNS establece que el trabajador de Coboce recibió el impacto de una bala que perforó el páncreas, pero el proyectil se encuentra alojado aún en el esternón de Sajama.

De acuerdo a la evolución del paciente los médicos anunciaron una segunda cirugía para retirar la bala. Sajama fue herido, durante la intervención policial de ayer en el cruce de Parotani, donde centenares de trabajadores acataban un bloqueo de caminos en cumplimiento al paro indefinido de la Central Obrera Boliviana.

Policía interviene bloqueo en Caracollo

La tarde este martes, un contingente policial intervino el punto de bloqueo que estaba instalado en la población de Caracollo, carretera La Paz-Oruro, reportó la radio Pio XII de la Red ERBOL.

Caracollo era bloqueado por trabajadores del Distrito Minero de Colquiri y maestros, quienes fueron dispersados con gases lacrimógenos aproximadamente a las 17.00.

Severino Estallani, dirigente del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri, dijo que pese a esta violenta acción policial, en cualquier momento se volverán a reagrupar los asalariados para reinstalar el punto de bloqueo en esta región del país.

Mientras, el resto de los puntos de bloqueo en el país continúa siendo reforzada con más sectores sociales afiliadas a la ente matriz de los obreros.

Protestas a nivel nacional

Mineros, maestros, trabajadores del sector salud, fabriles y otros sectores sociales afiliados a la COB masificaron este martes los puntos de bloqueos en carreteras y algunas marchas de protesta en siete departamentos del país, después de que la víspera efectivos policiales intervinieron las manifestaciones en Parotani y Apacheta.

Ante este panorama, el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Daniel Santalla, convocó a la COB a suspender todas las medidas de presión para poder reiniciar el diálogo en torno a las modificaciones a la Ley de Pensiones.

Sin embargo, los dirigentes del ente matriz de los obreros bolivianos determinaron no asistir al diálogo convocado por el Gobierno, porque está condicionado a que suspendan todas sus medidas de presión.

Santa Cruz

En Santa Cruz, los maestros urbanos y funcionarios de la Caja Petrolera de Salud marcharon por las calles de la capital cruceña, mientras otros sectores aglutinados a la Central Obrera Departamental, como mineros, instalaron un punto de bloqueo en la carretera hacia el Norte, altura Cristo Redentor.

“La carretera hacia el norte cruceño está bloqueado (Santa Cruz-Cochabamba) por centenares de manifestantes de la COD”, reportó la radio Alternativa de la Red ERBOL.

El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Saúl Ascárraga, dijo que desde las 11.00 se sumaron a las medidas de presión, bloqueando el principal acceso a la capital cruceña.

“Por el momento las clases son normales, pero en la noche sacaremos resoluciones tras un consejo consultivo para exigir una jubilación con el 70 por ciento de las últimas boletas de pago”, agregó.

Dirigentes de la Caja Petrolera indicaron que todo el sector salud se encuentra movilizado. “El gobierno ayer reprimió brutalmente a los trabajadores en La Paz y Cochabamba, luego nos llama a diálogo, eso es repudiable”, aseveró uno de los manifestantes.

Cochabamba

La ciudad de Cochabamba quedó parcialmente paralizada, al momento no hay viajes al interior del país y el centro está bloqueado por el sector salud y maestros, informó la radio Pio XII de ERBOL.

Según la emisora local, el principal punto de bloqueo está en el kilómetro 12, altura río Huayqhuli, carretera Cochabamba-Quillacollo (vía que conecta esta región del país con el Occidente del país).

Otro punto de bloqueo está instalado por Tacata y el conflicto en Parotani también fue reactivado, pese a que esta zona fue intervenida ayer por un contingente policial, con un saldo de casi medio centenar de arrestados y cuatro heridos de parte de los civiles movilizados.

Con los puntos de bloqueo protagonizados por fabriles y otros sectores sociales, el Valle Bajo se encuentra nuevamente paralizado. Mientras, las clases en las unidades educativas no fueron suspendidas, pero los maestros se sumaron a las medidas de presión.

Los trabajadores de Obras Públicas de la Alcaldía de Quillacollo también se plegaron a la medida de protesta.

En el centro de la ciudad de Cochabamba, empleados de la fábrica de cemento Coboce protagonizaron una ruidosa marcha de protesta.

“Los trabajadores de Coboce hacemos pública nuestra denuncia e indignación ante la crueldad y acciones tomadas por la policía, tenemos cuatro compañeros gravemente heridos,  exigimos respecto al derecho a la libertad de expresión y a los derechos humanos, pedimos justicia por nuestros heridos”, manifestó el dirigente Ramiro Calderón.

Los puentes de acceso al centro de la ciudad de Cochabamba fueron tomados por los manifestantes (en su mayoría trabajadores en salud), que impiden cualquier circulación vehicular.

“Lamentamos mucho la represión a nuestros compañeros fabriles, sin embargo, estamos fortalecidos más con esa (acción policial), porque nosotros estamos movilizados por una causa justa”, aseveró una de las bloqueadoras del sector salud.

Tránsito de la Terminal de Buses informó que no hay autorización para la salida de buses al Occidente.

Oruro

La COD de Oruro se sumó desde esta jornada a las movilizaciones de la COB. Los trabajadores bloquean las carreteras Oruro-Potosí, Oruro-La Paz, Oruro-Cochabamba y la carreta internacional Oruro-Pisiga.

Al memos 4.700 trabajadores del Distrito Minero de Huanuni protagonizan el punto de bloqueo más numeroso de este departamento en el sector de Caihuasi, carretera Oruro-Cochabamba.

“Llegó una nota del ministro Santalla, pero nosotros consideramos que ya no tiene ningún sentido reunirnos con ministros, queremos mínimo un encuentro con el Vicepresidente (Álvaro García Linera), porque nos faltan al respeto a los trabajadores, mientras vamos a seguir con el bloqueo”, aseguró el dirigente minero Ronald Colque.

La carretera Oruro-Potosí está con otro punto de bloqueo en el cruce Machacamarquita, donde se apostaron mineros de Poopó y trabajadores municipales de Huanuni.

En la carretera internacional Oruro-Pisiga, sector puente Español, están movilizados los maestros rurales y trabajadores de la Empresa Municipal de Aseo Oruro.

Los trabajadores del Distrito Minero Colquiri salieron a bloquear la carretera La Paz-Oruro, altura Caracollo, donde también arribaron efectivos policiales de ambos departamentos. No hay salidas ni llegadas de buses a la terminal.

Norte Potosí

Las provincias Bustillos y Chayanta, del Norte Potosí, se encuentran incomunicados con las ciudades de Oruro, Potosí y Cochabamba. Los maestros rurales radicalizaron sus medidas de presión con la instalación de al memos tres puntos de bloqueo.

Los estudiantes, catedráticos y trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Siglo XX decidieron apoyar la huelga general indefinida con movilizaciones progresivas, pero sin suspensión de actividades educativas. Los comunarios y autoridades originarias rechazaron este paro.

Beni

La radio “San Miguel” de ERBOL informó que el bloqueo de caminos continúa la provincia Vaca Diez del Beni. Las carreteras que unen Riberalta con Pando y La Paz están intransitables por las manifestaciones de los transportistas y otros sectores sociales como el magisterio y salud.

Tarija

La radio Aclo reportó que los accesos a la ciudad de Tarija se encuentran bloqueados.

Hasta el medio día se registraron cuatro puntos de obstaculización de vías: el primero en la zona de la Pintada, camino a Bermejo; puente Santa Ana; carretera a Entre Ríos; en la zona de Pajchani, camino al norte; y en la ciudad por el sector del matadero municipal.

La Paz

El punto de bloqueo en la carretera La Paz-Oruro, sector Apacheta, fue reinstalado después de la intervención policial de la víspera.

Juan Carlos Trujillo, ejecutivo de la COB (quien recibió la convocatoria a diálogo cuando se encontraba bloqueando en el sector de Apacheta”, indicó que los trabajadores decidieron no ir al diálogo, porque consideran que es una “burla”.

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Jérémie Bellanger y Fannie Blancho desaparecieron en agosto de 2010 en Guayaramerín.

El “vía crucis” continúa para los padres de Jérémie Bellanger y Fannie Blancho, que claman justicia y que no se irán de Riberalta hasta que no se condene a los culpables a 30 años de cárcel.

El juicio contra cuatro sospechosos de la desaparición, hace casi tres años, de una pareja de franceses en la Amazonía boliviana se aplazó hoy por la ausencia de uno de los integrantes del tribunal, informó el abogado de los familiares de la pareja.

El juez Ángel Durán Alí decidió aplazar el juicio, que debía comenzar hoy en el pueblo amazónico de Riberalta, porque el otro magistrado que lo asistirá en el proceso alegó que no iba a poder asistir, explicó a Efe por teléfono el abogado Denis López, defensor de los padres de Jérémie Bellanger y Fannie Blancho.

Este juez decidió que el próximo 10 de mayo se constituirá formalmente el tribunal y el juicio comenzará el día 22, agregó López, que lamentó que Durán no les informara hasta esta misma mañana sobre la suspensión, pese a saber desde el pasado viernes que su colega no podría asistir al inicio del proceso.

Bellanger (25) y Blancho (23) se tomaron un año sabático en 2010 para visitar algunos países suramericanos, pero desaparecieron en agosto de 2010 tras asistir a una fiesta privada en el pueblo amazónico deGuayaramerín, en la frontera con Brasil.

La hipótesis es que los jóvenes fueron asesinados en la hacienda de Jaime Martínez Jiménez, el principal acusado, después de que varios hombres violaran a Fannie y Jérémie intentara detenerlos. Los cuerpos de los dos jóvenes nunca aparecieron. Además de Martínez, están acusados otros dos hombres y una mujer supuestamente implicados en la desaparición de los franceses.

El proceso ha sufrido varios retrasos por constantes cambios de jueces y fiscales, pero además la defensa de los familiares de los jóvenes ha denunciado que las autoridades no actuaron oportunamente para dar con ellos y que fueron amenazados por los acusados.

López explicó que decidieron recusar al juez Durán esta mañana porque “no ha obrado conforme al procedimiento”, lo que les hace temer que éste no vaya a ser imparcial. Denunció que el magistrado ni siquiera debió tomar decisiones sobre el aplazamiento del juicio porque las normas bolivianas señalan que primero debe resolverse la recusación en su contra.

López está en Riberalta con los padres de Jérémie, Patrick Bellanger y Cécile Blanloeil; y los de Fannie, Jean-Paul y Maryline Blancho, quienes llegaron la semana a Bolivia para asistir a la primera audiencia. ”Estamos en Riberalta y no nos vamos a mover de aquí porque cualquier cosa podría suceder en nuestra ausencia”, dijo el abogado.

Según López, el cónsul de Francia en La Paz, Thierry Garrido, llegó ayer a Riberalta para la audiencia, pero no podrá quedarse hasta la nueva fecha fijada por el juez.

Los familiares de Jérémie y Fannie piden 30 años de prisión para los culpables y también demandan garantías y un seguimiento del caso a las autoridades bolivianas.

El uso del dominio por parte del consorcio norteamericano es exclusivamente comercial y mercantil, no guarda relación alguna con la realidad de los pueblos amazónicos ni con los intereses vinculados a la preservación de los ecosistemas amazónicos y de las comunidades indígenas originarias de esta importante región sudamericana. | Foto Sol de Pando

Liderizados por Perú y Brasil, los países miembros de a Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) han rechazado que la compañía de ventas por internet, Amazon, obtenga los derechos para el uso de la extensión web que lleva ese nombre. La estadounidense ha solicitado que su nombre, que significa Amazonía en inglés, se convierta en su dominio genérico de internet. Los gobiernos de Perú y Brasil consideran que la extensión .amazon priva al conjunto de los pueblos de la Amazonía de su derecho a usar ese sufijo.

En una declaración oficial respaldando la iniciativa peruano brasileña, la OTCA, de la que también son miembros Ecuador, Venezuela, Bolivia, Colombia, Guyana y Surinam, rechazó “cualquier pretensión de apropiación de los nombres geográficos de los miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y del nombre de dominio ‘.amazonia’ o relacionados, sin el consentimiento de los países amazónicos”.

La decisión fue acordada por los ministros de Relaciones Exteriores de la OTCA, durante un encuentro en la ciudad de El Coca, Ecuador, celebrada el pasado viernes.

Dicha decisión fue tomada con base en la solicitud para el registro en idiomas inglés, japonés y chino del nombre de dominio de primer nivel (GTLD) ‘.amazon’, presentada ante la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

El pedido fue formulado para uso exclusivo y con fines comerciales por una empresa de Seattle, subsidiaria de la gigante del comercio electrónico internacional Amazon.com Inc. El uso del dominio por parte del consorcio norteamericano es  exclusivamente comercial y mercantil, no guarda relación alguna con la realidad de los pueblos amazónicos ni con los intereses vinculados a la preservación de los ecosistemas amazónicos y de las comunidades indígenas originarias de esta   importante región sudamericana. Sol de Pando constató que Amazon.com  se dedica a la promoción de electrodomésticos, cámaras y equipos digitales de última generación, ropa de moda, servicios de show business  y negocios afines destinados a un mercado  internacional de élite.

Los países amazónicos agradecieron a Perú y Brasil por las gestiones ante el Comité Asesor Gubernamental de la ICANN, al tiempo que les solicitaron continuar “reafirmando el derecho de los países miembros de la OTCA en defensa de la soberanía y de los intereses y derechos presentes y futuros de los pueblos amazónicos”.

Los dominios de primer nivel u otros relacionados con la denominación ‘amazonía’, ‘amazônia’, ‘amazon’, ‘amazone’ o sus equivalentes en otros idiomas deben ser preservados como patrimonio de los países y pueblos amazónicos.

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Jérémie Bellanger y Fannie Blancho, la pareja francesa desaparecida en Guayaramerín desde el 2010.

La retardación de justicia en Bolivia fue un verdadero “vía crucis” para los familiares de una pareja francesa que desapareció hace casi tres años en Guayaramerín, al norte del departamento del Beni. Tras enfrentar cambios de jueces y fiscales, “pérdidas” inexplicables de documentos e incluso amenazas de los acusados, por fin lograron que este lunes comience el juicio en Riberalta contra los supuestos autores del hecho.

Los padres de Jérémie Bellanger, que tenía 25 años cuando desapareció, y de Fannie Blancho, de 23, llegaron a Bolivia para el juicio y se quedarán hasta lograr una sentencia “justa e imparcial”.

“Fue una lucha de dos años para tener una acusación, ahora la tenemos y queremos que el juicio se lleve a cabo pero de manera justa (…) Todos los días pensamos en nuestros hijos, queremos saber qué pasó”, dijo Patrick Bellanger, el padre de Jérémie, en entrevista con Efe.

Además de perder a sus hijos, los familiares de Jérémie y Fannie han sido también víctimas de la lentitud e ineficacia de la justicia boliviana, con constantes cambios de jueces y fiscales, demoras, “pérdidas” inexplicables de documentos importantes e incluso amenazas de parte de los acusados, denunció el abogado de los franceses, Denis López.

El caso se remonta a 2010, cuando Jérémie y Fannie decidieron tomarse un “año sábatico” visitando países sudamericanos en compañía del hijo de ella, que por entonces tenía tres años.

El periplo incluía a Brasil, Argentina, Bolivia y Perú pero no llegaron a su último destino pues el viaje concluyó abruptamente en Guayaramerín, región amazónica del Beni.

Los jóvenes fueron vistos en ese poblado fronterizo con Brasil por última vez la noche del 28 de agosto de 2010, en la hacienda de Jaime Martínez Jiménez, el principal acusado de la desaparición.

Ambos habían ido a la hacienda de Martínez para una fiesta y dejaron al hijo de Fannie al cuidado de la dueña de la vivienda donde se alojaban, pero ya no volvieron por él.

La hipótesis es que los jóvenes fueron asesinados después de que varios hombres violasen a Fannie y Jérémie intentara detenerlos.

Los padres de Jeremie Bellanger claman justicia. 

Patrick Bellanger asegura que un testigo supuestamente vio a Martínez matar a su hijo fuera de una casa donde estaban; luego escuchó un disparo dentro y vio cómo el cuerpo de Fannie era sacado de la vivienda y subido a una camioneta junto al cadáver del muchacho.

“Y nunca más los hemos visto (…) Todavía no sabemos dónde están, es uno de los problemas para nosotros, es muy difícil no saber dónde están los cuerpos para poder llevarlos a Francia”, lamentó el padre del joven.

El hijo de Fannie fue repatriado días después y hoy vive con su padre biológico en París, aún preguntándose con tristeza dónde está su madre, indicó Patrick Bellanger.

El “vía crucis” de los familiares de los jóvenes acababa de comenzar pues, según el abogado, ni la policía ni la fiscalía actuaron inmediatamente para dar con los desaparecidos.

Patrick Bellanger denunció que la fiscalía recién empezó a actuar cuando él y la madre de Jérémie llegaron a Bolivia por primera vez en septiembre de 2010, un mes después de la desaparición.

Martínez estuvo prófugo un tiempo, pero la policía logró detenerle y está en prisión en Guayaramerín desde octubre de 2010.

El acusado no ha confesado que mató a los jóvenes, pero un guardia de la cárcel le escuchó decir a otro preso que les sería difícil encontrarlos “porque él era el único que sabía donde están los cuerpos”, subrayó Patrick Bellanger.

Otros dos supuestos implicados en el caso, un hombre y una mujer, también están presos, mientras que el padre del principal sospechoso, Azard Martínez, tiene arresto domiciliario.

En el proceso, los familiares de Jérémie y Fannie han recusado a varios jueces porque eran familiares de los detenidos o de sus abogados, pero además se cambió de fiscal seis veces.

El caso ha logrado avanzar en el último año y medio bajo la conducción de la fiscal Cinthia Natush quien, sin embargo, ha pedido recientemente ser excluida del proceso porque fue objeto de amenazas, según el abogado y los familiares de los desaparecidos.

Los cuatro detenidos finalmente serán juzgados desde mañana en Riberalta, región vecina de Guayaramerín.

Sin embargo, las familias de los jóvenes franceses temen que el juez no actúe imparcialmente, pues decidió conformar un tribunal “unipersonal” pese a que las normas establecen que debe ser asistido por otro magistrado, denunció López.

Con todo, los familiares de Jérémie y Fannie sólo esperan que los culpables sean castigados con 30 años de prisión y han pedido garantías y un seguimiento del caso a las autoridades bolivianas.

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