Data: septiembre 13, 2012 | 12:28

Cuestionan la despenalización del desmonte ilegal

La ampliación de la frontera agrícola socaba los medios de vida de las poblaciones locales.

Lidema alerta sobre los efectos que podría causar la ampliación de la frontera agrícola como la devastación de cientos de miles de hectáreas de bosques y tierras más fértiles del país, el uso masivo de transgénicos y de miles de toneladas anuales de herbicidas y pesticidas.

El acercamiento del gobierno al sector agroindustrial de Santa Cruz que se produjo en los tres últimos años, fue aprovechado por Anapo para «flexibilizar  la normativa de reversión de tierras por causal de desmontes ilegales”, y permitir “la expansión de la frontera agrícola” para regularizar ese desmonte y “no recortar la producción”, aseguró Jenny Gruenberger, Directora Ejecutiva de la Liga de Defensa del Medio Ambiente, Lidema, consultada sobre proyectos de Ley que estarían siendo elaborados entre ambos sectores.

“La alianza se concreta, en septiembre del 2012, con el anuncio referido a que el Gobierno y la dirigencia agropecuaria de Santa Cruz avanzaron en la búsqueda de consenso para dos proyectos de ley que permitirán realizar nuevas inversiones privadas e incrementar la frontera agrícola”, precisó Gruenberger citando publicaciones que, además, dan cuenta de que el gobierno decidió destinar recursos económicos para el sector agroindustrial, provenientes del Fondo de Inversión de la Revolución Productiva, Finpro.

“En palabras del segundo mandatorio del país, citadas en diversos medios, hay un avance del 90% en dos proyectos de ley, uno para ampliar el período de tiempo de la revisión de la Función Económica Social, FES, de dos a cinco años, y el otro, relacionado a los desmontes y la seguridad jurídica que reclaman los productores para sembrar más”, Acotó.

“Todo esto estaría siendo impulsado con la falsa perspectiva de favorecer la seguridad alimentaria del país; pero entra en plena contradicción con la realidad actual, en la que la ampliación agroindustrial de la frontera agrícola no aporta a la seguridad alimentaria; sino al contrario, socaba los medios de vida de las poblaciones locales y acrecienta propiedades y capitales privados, la mayor parte extranjeros, grandes consorcios y empresas brasileras, argentinas y menonitas”, enfatizó la Directora de Lidema.

“El proceso que está impulsando el gobierno en alianza con los agroindustriales, tiene como resultado que el país, además de financiar, con recursos provenientes de fuentes no renovables, la devastación de los bosques de Bolivia, brinda al sector apoyo y seguridad jurídica y posiblemente en breve esté promoviendo la producción agroindustrial a mayor escala, para elaboración de biocombustibles, el sueño dorado de las corporaciones, y un tema contra el que luchaba el gobierno del MAS en sus primeros años”, agregó.

Ante la propuesta gubernamental de alcanzar el Vivir Bien y la de proteger a la Madre Tierra, “resulta inconcebible que se ceda a las proyecciones de uno de los sectores que mayor depredación ecológica ha ocasionado al país, un sector que aporta divisas volátiles, que paga impuestos irrisorios, que no genera renta a pesar de los exorbitantes ganancias, que recibe una generosa subvención de carburantes, que buscan la despenalización de los desmontes ilegales, y que además abre gustosamente las puertas a la extranjerización de la tierra”, afirmó Gruenberger.

Ante esta situación, “se puede avizorar que la ampliación de la frontera agrícola vendrá de la mano de la devastación ecológica de cientos de miles de hectáreas de bosques y tierras más fértiles del país, el uso masivo de transgénicos y de miles de toneladas anuales de herbicidas y pesticidas. Todo para generar una riqueza que, salvo migajas, no se queda en el país”, aseguró.

Según la Directora de Lidema, “se están dando pasos que eran impensables hace diez años, a pesar del contexto neoliberal en el que se vivía, es decir, paradójicamente, las corporaciones agroindustriales tienen ahora una ventaja extraordinariamente más favorable que con los anteriores gobiernos”.

Este “desafortunado acercamiento del gobierno a los intereses de la agroindustria del oriente”, tendrá  un “efecto devastador e  irreversible en la estabilidad ecológica de grandes regiones de las tierras bajas de Bolivia, comprometiendo incluso a las tierras de pueblos indígenas, las áreas protegidas y las potencialidades de desarrollo armónico de nuestras futuras generaciones”, concluye Gruenberger.

El año 2010 el gobierno inició acercamientos a las grandes corporaciones de soya y oleaginosas del oriente. El siguiente año el acercamiento se consolidó con la aprobación de la Ley de la Revolución Productiva, que dio la luz verde final al ingreso de transgénicos al país.

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