Bolsonaro separa a Funai en demarcación de tierras indígenas
El temor de ambientalistas y defensores de los derechos indígenas se ha hecho realidad. Según nos informa el periodista Gil Alessi, la noche del martes, pocas horas después de cumplirse la posesión del presidente electo Jair Bolsonaro en acto que tuvo entre sus invitados al presidente boliviano Evo Morales, el Diario Oficial (Gaceta del Estado Federal), publicó un decreto que retira las atribuciones de la Fundación Nacional del Indio (Funai) para dirigir la demarcación de tierras indígenas en disputa con empresarios del sector agro-industrial. Dicha función será ejercida a partir de ahora por el Ministerio de Agricultura, controlado por el sector agro-industrial brasileño.
Según Alessi, la nueva ministra de Agricultura, Tereza Cristina da Costa, es una de las principales dirigentes del Partido Ruralista que apoyó la campaña electoral de Bolsonaro. La Ministra que antes fue parlamentaria representando al Estado de Mato Grosso do Sul (la región con más cultivos de soya en Brasil) “encabezó la bancada del agronegocio en la Cámara de Diputados”, dice el periodista.
El equipo de Bolsonaro ya había anunciado que la Funai sería transferida desde el Ministerio de Justicia, del que dependía hasta ahora, al Ministerio de Derechos Humanos, dirigido por la otra ministra del gabinete, la pastora evangélica Damares Alves. Tras la publicación de la nueva organización gubernamental, la Funai queda aún más vacía de contenido y sometida a otro ministerio, el de Agricultura.
Los indígenas del Brasil enfrentan una coyuntura de conflicto y resistencia no solamente en la tensión legal por la propiedad de tierras frente a los inversores agroindustriales, sino también frente a proyectos para la construcción de gigantes usinas hidroeléctricas sobre los ríos de varios estados amazónicos.
Evo Morales felicita a Jair Bolsonaro | VIDEO
¿Qué es la Funai?
La Funai fue creada en 1967 para sustituir al Servicio de Protección al Indio (SPI) que se fundara en 1910, para proteger los derechos de más de 300 pueblos indígenas en Brasil. Durante tres décadas ha estado vinculada al Ministerio de Justicia hasta la llegada de Bolsonaro que la ha transferido al de Agricultura.
La Funai es la responsable de que el concepto de tierra indígena no se confunda con el de propiedad privada. Para ello se basa en criterios relativos a costumbres y tradiciones. «El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras de ocupación tradicional se configura como un derecho originario y, consecuentemente, el procedimiento administrativo de demarcación de tierras indígenas se reviste de naturaleza meramente declaratoria, por lo que la tierra indígena no es creada por acto constitutivo, y sí reconocida a partir de requisitos técnicos y legales, en los términos de la Constitución Federal de 1988«, dice uno de los documentos constitutivos de la Funai.
Según datos de esta misma entidade federal, se hallan en curso actualmente 128 procesos de demarcación de tierras reclamadas por más de 120.000 indígenas de diversas etnias. El rol de la Funai consistía en recibir y canalizar legalmente las demandas, realizando estudios antropológicos y geográficos para identificar y fundamentar la delimitación indígena de los territorios originarios.
En la actualidad existen 462 territorios indígenas en reservas fiscales del Brasil —que equivalen al 12,2% del territorio nacional—; pero sólo el 8% está regularizado.
El decreto también afecta a quilombos negros
El mismo decreto de Bolsonaro también altera la política de identificación y demarcación de los quilombos, para los descendientes de esclavos negros. Con esta medida Bolsonaro le ha retirado esa competencia al Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) para traspasársela también al de Agricultura.
Un tercer frente alcanzado por la medida provisional es el traspaso del Servicio Forestal Brasileño, hasta ahora bajo la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, al de Agricultura.
Con esta reforma, el nuevo Presidente cumple su promesa electoral de abrir las tierras indígenas a la actividad comercial. Los críticos aseguran que liberalizar las reservas indígenas al libre juego de la oferta y la demanda destruirá culturas e idiomas nativos.
El nuevo presidente también prometió defender a los empresarios rurales cuyas propiedades consideraba que habían sido invadidas por campesinos sin tierra e indígenas, y anunció que presentará a consideración del Congreso un proyecto de ley que criminaliza como terrorista a quien ocupa tierras de otras personas.
Los conflictos en el campo fueron los responsables de, al menos, 24 asesinatos ocurridos en 2018, cinco de ellos indígenas, según un informe elaborado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) perteneciente a la Iglesia Católica.
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