La Razón: De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’
El presidente Evo Morales entregó el martes 15 de abril, 10 minutos antes de lo establecido, a las 8:50 (hora boliviana, seis horas menos que en Holanda) la memoria jurídica de la demanda marítima a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. | Foto G. Jallasi | ABI
El proceso de redacción de la demanda marítima requirió un trabajo minucioso que desemboca en la entrega de la memoria esta semana. A continuación se narran detalles de cómo se elaboró la ‘Solicitud para instaurar procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia’…
COMUNICADO DE LA RAZÓN
Este miércoles 7 de mayo, la directora del diario La Razón, Claudia Benavente, y el periodista del suplemento Animal Político Ricardo Aguilar fueron citados por el fiscal Facundo Coronel Choque a una declaración informativa en calidad de sindicados de una “presunta comisión del delito de Espionaje, Revelación de secretos”.
Según adjunta el documento de citación, la investigación judicial fue solicitada por el procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, quien presentó “la denuncia y solicita iniciar acción penal por delitos de orden público”, además “pide se solicite al juez competente levante secreto de fuente” en relación a una publicación de La Razón del domingo 13 de abril de 2014.
Al respecto, La Razón expresa lo siguiente:
– La Razón, por su condición de periódico nacional, se adscribe a la demanda histórica de retorno soberano de Bolivia al océano Pacífico planteada ante Chile y, en consecuencia, promueve y promovió desde sus páginas cualquier acción destinada a ese fin. Pueden dar fe de eso las series de publicaciones diarias o especializadas sobre el asunto.
– Nuestro reportaje “De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales”, publicado el domingo 13 de abril de 2014 en el suplemento Animal Político, fue procesado de manera lícita, bajo nuestros códigos de imprenta y de ética, sin violar norma alguna.
– Instaurada la demanda en contra de sus dos periodistas, La Razón apelará a su derecho a la defensa en el marco de la Ley de Imprenta, del 19 de enero de 1925, especialmente en referencia a la “inviolabilidad” del secreto de imprenta establecida en su artículo 8.
La Paz, 7 de mayo de 2014
Artículo Ocho de la Ley de Imprenta
Art.8º.- El secreto en materia de imprenta es inviolable.
Los miembros del Consejo de Reivindicación Marítima están en el Palacio de la Paz, el edificio neorenacentista que alberga a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desde 1946. El objeto de la visita de la delegación boliviana es presentar el documento “Solicitud para instaurar procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia” en referencia al enclaustramiento marítimo del país. Son tres años de trabajo y análisis de este texto, más conocido como la Demanda marítima, que desembocan en el 24 de abril de 2013.
Los delegados se sientan en una mesa de grandes dimensiones frente al secretario de la Corte, el belga Philippe Couvreur, quien está flanqueado por dos asesores a cada lado. Los bolivianos entregan el documento de la Solicitud al Secretario de la CIJ. Este escrito, si se permite una licencia analógica, es a la Memoria (a ser presentada este 17 de abril) lo que un resumen de tesis a una tesis concluida.
Después de que los representantes bolivianos entregan al Secretario lo que a simple vista son solo tres decenas de hojas, siguen cuarenta interminables minutos que para los delegados que trabajaron desde el anuncio de la creación de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), el 23 de marzo de 2011, son de mucha tensión y nerviosismo, según la reconstrucción que se puede hacer en base a diversas fuentes.
La más mínima llamada de atención de la Secretaría sobre un error formal en el planteamiento del documento sería lapidaria para el país, aún cuando pudiera ser corregida luego, pues no solo sería dar pábulo al gobierno de Sebastián Piñera para mofarse de las pretensiones bolivianas en la CIJ, sino, y sobre todo, significaría empezar el proceso judicial con el pie izquierdo, con una mácula en su origen.
El secretario y sus cuatro asesores se distribuyen fragmentos del texto de 30 páginas de acuerdo con sus especialidades. Los minutos pasan. Hay silencio… Finalmente, se oye decir a Couvreur: “Encuentro la demanda impecable”.
¿CENSOR DE OFICIO?
Cuando el actual Procurador del Estado fue Presidente de la Cámara de Diputados, este político de cuño movimientista avaló y fue cómplice de la confiscación de 2.000 ejemplares de Sol de Pando en la ciudad de Cobija, en julio del 2011, a raíz de reportajes que publicamos en torno a negociados familiares del Gobernador de Pando y detalles sobre la extinción de la etnia Pacahuara en favor de una empresa maderera en la provincia Federico Román que se apropió de 250.000 hectáreas del territorio indígena. Héctor Arce Zaconeta autorizó una conferencia de prensa protagonizada por Galo Bonifaz en el Salón Rojo de la Cámara baja para justificar la confiscación del periódico y ordenó la emisión de un «boletín oficial de prensa» destinado a difamar a nuestro medio, el mismo que reproducimos a continuación:
Diputado niega incautación de periódico pandino y asegura que denuncia es parte del juego político
La Paz.- (02.08.11) El vicepresidente de la Brigada Parlamentaria de Pando, Galo Bonifaz (MAS) manifestó este martes que los móviles de la denuncia sobre el secuestro de la edición Nº 22 del periódico “El Sol de Pando” son parte de un juego político y negó que se haya realizado dicha acción por parte del encargado de ese medio impreso, Wilson García Mérida.
“Se debe aclarar que el señor García Mérida representante del periódico El Sol de Pando realiza las acusaciones de incautación contra funcionarios de la Gobernación porque está molesto por cuanto no se le dio un contrato económico y se halla alineado a la oposición política de Pando, por eso se trata de un juego político”, indicó en conferencia de prensa.
Bonifaz dijo que los políticos “de derecha” en el departamento pandino busca derrocar al Gobernador Luis Flores porque se inició una investigación de los hechos de corrupción de la anterior gestión prefectural donde se descubrió más de 150 hechos de corrupción que en los siguientes días serán difundidos para que la opinión pública conozca las irregularidades en el manejo de los recursos económicos.
Asimismo, señaló que cuando se publiquen las investigaciones, de los hechos de corrupción, se verán afectadas varias autoridades públicas y políticos opositores, razón por la que pretenden derrocar al actual gobernador para encubrir sus intereses.
En relación a los posibles hechos de corrupción que fueron denunciados por los medios de comunicación en contra de la actual gestión de la Gobernación de Pando, el asambleísta manifestó que los legisladores de aquel departamento vienen realizando un seguimiento minucioso a la gestión para detectar cualquier hecho irregular que hasta el momento no se dio.
Por su parte, el ex coordinador del periódico Sol de Pando, Ernesto Cornejo, desvirtuó las aseveraciones de incautación de la edición del periódico y acusó a García Mérida de faltar a la verdad al no estar en el lugar de los hechos, puesto que desde la ciudad de Cochabamba viene trabajando en la edición del periódico sin conocer la verdadera realidad del departamento de Pando.
“Es completamente falso el decomiso de los ejemplares del periódico, las acusaciones que realizó el director de este medio es parte de la propaganda mediática de la derecha, de la oposición política que viene utilizando a la prensa para desprestigiar al gobernador de este departamento que ordenó que se realicen la investigaciones de hechos de corrupción de la anterior gestión prefectural”, aseguró.
También indicó que es “fácil acusar desde lejos sin conocer la realidad”, por esa razón se está exigiendo que se realice la investigación respectiva para iniciar las acusaciones a quienes realizaron falsas afirmaciones ante la opinión pública.
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Esta noticia ha sido elaborada por la Unidad de Comunicación de la Cámara de Diputados, toda información u opinión contenida en esta nota no compromete la imparcialidad del sitio de Gobernabilidad Democrática (ww.gobernabilidad.org.bo) ni de las instituciones que lo apoyan.
Esto contrasta con la demanda presentada ante la naciente (y pasajera) Asamblea de la Liga de las Naciones en 1920 y 1921 por el entonces diputado Franz Tamayo, la que además de tener otro objeto (la revisión del Tratado de 1904) fue calificada por tres juristas de esta instancia política como “inadmisible”, “tal como ha sido presentada (…)”.
El trabajo para la redacción de la actual demanda marítima —que será desarrollada con la entrega de la Memoria este jueves— fue arduo y llevado a cabo casi en secreto. Implicó la redacción de numerosos borradores para llegar al definitivo. A continuación se reconstruyen algunos detalles hasta ahora desconocidos de cómo se desarrolló el proceso de escritura de un texto que al final mereció el adjetivo de “impecable” por parte del Secretario de la Corte.
La historia de la decisión de acudir a la CIJ podría remitirse a los distintos diálogos y negociaciones directas con Chile y al ánimo que sus gobiernos siempre tuvieron de prorrogar su falta de voluntad cada vez más manifiesta de no resolver el enclaustramiento marítimo, hasta el rompimiento unilateral de Chile de la agenda de los 13 puntos con la inasistencia deliberada de su canciller, Alfredo Moreno, a las reuniones de esa agenda en que se debía tocar el sexto punto, el del mar.
Diremar. Tras el anuncio del 23 de marzo de 2011 del presidente Evo Morales, de crear Diremar para la elaboración de la demanda, Rubén Saavedra (hoy Ministro de Defensa) asume el mando en abril de ese año. Duraría poco tiempo en el cargo, ya que en noviembre es relevado por Juan Lanchipa. Saavedra solo pudo abocarse a la parte organizativa, contratando personal, asesores internacionales, investigadores nacionales y la asignación de las tareas. Por ejemplo, se contrata al historiador Fernando Cajías y a su equipo para que busquen información.
Ya bajo el mando de Lanchipa, se inicia la morosa búsqueda y el hecho de relievar todo tipo de información relativa al tema marítimo (material bilbliográfico, hemerográfico, de mapotecas, temas jurídicos, diplomáticos, históricos, políticos, económicos) sin que se priorice un determinado periodo temporal.
Se envían notas a instituciones relacionadas con el tema como las Fuerzas Armadas, a las legaciones diplomáticas en el exterior, archivos de todo el país, bibliotecas, entre otras.
Hipótesis. La fase de recopilación de datos es una de las tareas más intensas, sin embargo, está acompañada, paralelamente, de la elaboración de hipótesis jurídicas que potencialmente podían ser utilizadas en la demanda, y los análisis correspondientes de cada una. Para esto se diseña una rigorosa metodología de investigación y construcción de hipótesis jurídicas.
Así, surgen, entre otras, las hipótesis del incumplimiento del Tratado de 1904, de revisión del mismo, o de su total nulidad. Además de la hipótesis de las islas e islotes que no estarían comprendidos en el Tratado de Paz y Amistad de 1904.
No se descarta ninguna de las formulaciones y se analizan todas sus aristas. Por ejemplo, la posibilidad argumentativa cimentada en el incumplimiento del Tratado mereció en un principio mucha atención: jurídicamente, ¿hasta dónde permitía el Derecho Internacional llevar un caso sustentando la demanda en el incumplimiento de este pacto?
Se hace lo propio con la hipótesis de la revisión del Tratado (que intentó hacer Franz Tamayo en 1920 y 1921) y con la de su nulidad. Cada hipótesis es sustentada en cimientos y doctrina propios para luego ser contrastada con las normas vigentes en el marco del Derecho Internacional.
En el caso de la hipótesis de la revisión, se estudia el caso de 1920, 1921 y el “duelo de titanes” entre el diputado Franz Tamayo y el nuevo canciller Ricardo Jaimes Freyre. Se ve que había un error de origen: se hace una solicitud a una instancia no jurisdiccional, sino política: la Asamblea de la Liga de las Naciones. Éste es un antecedente que no admite comparación con la demanda actual.
Finalmente, las hipótesis relativas al Tratado de 1904 son descartadas en favor de los denominados actos unilaterales de los Estados que crean obligaciones, es decir, de las promesas unilaterales que Chile hizo a Bolivia de otorgarle una salida soberana al mar. Este movimiento ha sido difícil de digerir para los detractores chilenos de la demanda alineados a la política más rancia de Chile, que se empeñó en descalificar la demanda diciendo que el Tratado de Paz y Amistad no era revisable por ser anterior al Pacto de Bogotá y que la Liga de las Naciones ya había rechazado tal posibilidad. Solo el nuevo canciller chileno, Heraldo Muñoz, fue capaz de admitir que la demanda boliviana no tenía nada que ver con ese pacto de 1904.
De este modo, las promesas unilaterales de un Estado lo obligan a cumplirlas: tal es el elemento de la hipótesis que se comienza a perfilar en el equipo de juristas nacionales e internacionales como la más factible para el caso boliviano. Nótese que el concepto utilizado es “actos unilaterales” que crean obligaciones, y no “derechos expectaticios”.
La redacción se inicia y Bolivia hace el primer borrador de varios, que es presentado al equipo de juristas. Comienzan intensas reuniones para que se ajuste la redacción a los reglamentos formales de la Corte. Se va puliendo cada aspecto hasta llegar a la versión definitiva.
Antes de tener el texto final, paralelamente a las redacciones, se inicia el trabajo de recolección de las fuentes documentales, que fue una de las etapas más complicadas.
Las fuentes. Ya con la determinación del argumento y el fundamento jurídico, se analizan las posibles objeciones y contraargumentos chilenos ante las razones jurídicas bolivianas, puesto que las consideraciones históricas son importantes en la CIJ, pero el debate sobre todo es jurídico.
Es entonces que se buscan fuentes que generen bases que prueben los actos unilaterales de Chile en referencia a solucionar el enclaustramiento boliviano, es decir, sus obligaciones incumplidas. Se consideran fuentes documentales que sostengan la hipótesis para fortalecer el argumento y sus fundamentos.
En la demanda no se detallan todos los actos unilaterales de Chile que crearon su obligación hacia Bolivia de negociar una salida al mar, ya que el detalle de cada una de estas promesas incumplidas figurará en la Memoria.
Desde el primer borrador hasta el texto final hay un número de borradores que se fueron revisando hasta llegar al definitivo Petitum (Petición) de tres momentos: 1. Chile se ha obligado a solucionar el enclaustramiento a través de varios actos unilaterales; 2. Chile ha incumplido esa obligación; y 3. que la Corte debe ordenar a que Chile cumpla su obligación de negociar de buena fe en determinado plazo. Toda la documentación que se incluye en la demanda está dirigida a cumplir con estos tres momentos. En todo tramo se pone el acento en la búsqueda de justicia y se evita cualquier indicio o sugerencia de una victimización boliviana.
Juristas. En la actualidad, hay un equipo de varios expertos extranjeros en Derecho Internacional que asesoran a Bolivia. No obstante, para las distintas fases de la elaboración de la demanda hubo que reconstituir el equipo de juristas.
Cuando se diseña la hoja de ruta de las hipótesis, éstas son sometidas al criterio jurídico de un primer equipo para que desde una visión imparcial formule criterios sobre la validez o invalidez de la hipótesis, hasta llegar al fundamento de los actos unilaterales como el más viable y sólido.
Entonces se vuelve a conformar el equipo que discute los alcances de un fundamento basado en los actos unilaterales. Se hacen ajustes a la tesis que sale de Diremar, la que se considera razonablemente más viable. Es entonces cuando se comienza el análisis político de las consecuencias nacionales e internacionales de la demanda que ahora se conoce.
Termómetro. De la primera solicitud de 1920 a la Liga de las Naciones se critica su desprolijidad en la redacción de Tamayo así como que no se midió el clima internacional del momento. Esta vez —cuando se define en 2012 una hipótesis que no se iba a pedir de manera directa la restitución de territorios ni la revisión del Tratado de 1904— se hace un sondeo de extrema cautela para ver la reacción de la población boliviana sobre una demanda que no plantea directamente el tema territorial. El sondeo dura seis meses. En su resultado, la mayoría se manifiesta escéptica ante una demanda que plantee la restitución sin más del territorio del antiguo departamento del Litoral.
Adicionalmente, se organiza una consulta internacional, sin dar detalles de la estrategia, a académicos internacionales de varias partes del mundo. ¿Cómo vería una demanda internacional contra Chile ante la CIJ?, ¿qué imagen tendrían de Bolivia?, ¿si las relaciones se afectarían? Todos los comentarios de personalidades internacionales —que no precisamente comulgan políticamente con el gobierno de Morales— fueron positivos. Asimismo, recomendaron que la cuestión sea separada totalmente de lo político y se mantenga la demanda como un tema estrictamente de Estado.
En general, los hechos narrados se llevan adelante casi de manera simultánea hasta la entrega del documento final de la demanda, la cual es desarrollada en la ahora ya acabada Memoria, que será entregada esta semana en Holanda. Los delegados bolivianos darán el siguiente paso en el mismo escenario: el Palacio de la Paz.
