Data: septiembre 16, 2019 | 20:46
¿VÍCTIMAS VOLUNTARIAS? | Desinformando desde el Ministerio de la Presidencia, el régimen intenta deslindar su responsabilidad por aquellas pérdidas de vidas humanas atribuyéndolas a causas “ajenas” al incendio forestal; mientras el Presidente se niega a abrogar la Ley 741 y el Decreto 3973 que son causa directa del desastre...

¿SEIS MUERTES CONDENADAS A LA IMPUNIDAD?

El velorio de los bomberos voluntarios Elmar Roca Núñez, Dylan Vega y Renzo Enrique Flores, jóvenes fallecidos el 14 de septiembre en la Chiquitania. | Foto El Deber

© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando
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Jorge Hinojosa Vela junto a su mamá Roberta Vela de Hinojosa. La madre del joven fallecido exige identificar a los causantes de los incendios en el Parque Tunari de Cochabamba. | Foto Familia Hinojosa

“Pido justicia, pido que aprehendan a los culpables del incendio”, clamó Roberta Vela Hinojosa frente al féretro de su hijo de 22 años Jorge Hinojosa Vela, hallado muerto en medio de los incendios que azotan al Parque Nacional Tunari, área de protección forestal en el valle de Cochabamba.

La muerte del joven voluntario, acaecida el primer domingo de septiembre, anunciaba la llegada de un mes de la primavera más trágico aún.

Jorge fue la primera víctima mortal de la ola de incendios que azotan a Bolivia desde el mes de julio y con características de un desastre total desde agosto. Las muertes que acontecieron semanalmente en la primera quincena septiembre han enlutado a familias de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

Al día siguiente de la tragedia del Parque Tunari se produjo el fallecimiento de un policía bombero, el suboficial Efraín Mamani Calisaya, en la zona de otro incendio forestal dentro los bosques de Corioco, en Los Yungas de La Paz. Y una semana después, el 8 de septiembre, se conoció la noticia de otra víctima mortal, Pablo Miguel Suárez Núñez, un bombero voluntario civil que pereció en el incendio de un bosque dentro el municipio chiquitano de Concepción. Y durante el último fin de semana, el 14 de septiembre, tres bomberos voluntarios —Renzo Enrique Flores, Elmar Roca Nuñez y Dylan Vega— murieron trágicamente ahogándose en un río a cierta distancia del bosque en llamas que intentaban mitigar también en la Chiquitania.

El Gobierno intenta deslindar su responsabilidad por aquellas pérdidas de vidas humanas atribuyéndolas a causas “ajenas” al incendio.

Una vez más, la manipulación informativa destinada a encubrir la negligencia del régimen que desató la ola incendiaria —imponiendo una depredadora política fiscal de tierras—, estuvo a cargo del inefable Ministro de la Presidencia.

Quintana se encargó de propalar en instancias gubernamentales y entre la dirigencia partidaria del gobernante MAS, que todas las muertes alrededor de los incendios fueron casos “fortuitos y aislados” e incluso por presuntos descuidos de las propias víctimas.

Aquella “línea informativa” que opera como una consigna oficial se tradujo en los “twitts” de Evo Morales así como en las declaraciones de prensa emitidas por el Presidente respecto a las muertes.

El “Yo no fui” del régimen

Jorge Hinojosa Vela, el joven fallecido en medio del incendio del Parque Tunari, era un estudiante universitario, integrante del Grupo Scout Baden Powell. | Fotomontaje Sol de Pando

En el caso del joven universitario Jorge Hinojosa Vela, el presidente Morales se apresuró en seguir al pie de la letra el guión de su Ministro favorito, intentando instalar la insidia y el rumor de que el muchacho habría sido incluso asesinado por los enemigos del régimen.

Según Los Tiempos, a Evo Morales le parecía “sospechosa” la muerte del voluntario, porque, “por su vitalidad, el joven pudo huir rápidamente del peligro”. 

Durante una conferencia de prensa en Santa Cruz, el Presidente usó su autoridad para sembrar dudas sobre las causas de la muerte de Jorge Hinojosa: «Un joven iba a apagar el fuego y sospechosamente aparece quemado», observó. Según su experiencia, las personas escapan del fuego cuando el viento incrementa las llamas, para luego continuar con el trabajo. «Entonces, dudo. Algo ha pasado ahí», intrigó Morales, anunciando con tono intimidatorio “una rigurosa investigación”.

Pero la verdad sobre la muerte del joven cochabambino era muy simple y sin más intrigas. El propio Comandante Departamental de la Policía, coronel Raúl Grandy, admitió el resultado de la autopsia confirmando que Jorge se desvaneció por inhalación de humo emanado del intenso fuego. “Cayó al cañadón y, producto de un golpe, se habría desmayado en una zona de incendio y luego su cuerpo sufrió quemaduras”, dijo Grandy a Los Tiempos.

Es decir, Jorge Hinojosa Vela murió a causa del incendio que intentó sofocar como voluntario de buena fe. 

Acaso a la inocente víctima no le interesaba saber que los causantes del fuego y del humo que lo asfixiaron hasta dejarlo inconsciente y sin vida, son cultivadores furtivos de coca y bandas organizadas de delincuentes loteadores, vinculados al quintanismo, que han invadido la zona de reserva forestal del Parque Nacional Tunari para urbanizar la zona invadida, ante la pasividad de su correligionario el gobernador Iván Canelas.

Y sin embargo el redactor de los twitts de Evo Morales amplificó la intriga oficial sobre las «circunstancias sospechosas» de esa muerte:

“Muy consternado” y nada más

El suboficial bombero Efraín Mamani Calisaya, Héroe Nacional y otro mártir de los incendios ecocidas en Bolivia. | Foto El Diario

Sobre la muerte del suboficial bombero Efraín Mamani que cayó a un barranco tras terminar su faena, el gobierno se regodeó declarándole “Héroe Nacional”, sin poder explicar empero por qué suceden incendios también en los bosques de Los Yungas, donde la expansión de los cultivos de coca con destino al narcotráfico sólo será posible “chaqueando” y quemando los árboles del bosque.

Evo lanzó el twitter respectivo cambiando el nombre del bombero fallecido:

El ingeniero civil Miguel Suárez Núñez, bombero voluntario, murió de infarto al inhalar el humo tóxico de la tormenta de fuego en la Chiquitania. | Foto Familia Suárez Núñez

Ante el fallecimiento del bombero voluntario Pablo Miguel Suárez Núñez —un ingeniero civil de 34 años que pertenecía al Grupo de Bomberos Voluntarios Ajayu de La Paz y se encontraba operando junto con el SAR-Bolivia en el bosque chiquitano de Concepción—, el Gobierno no pudo ocultar que el infarto que sufrió al momento de morir fue a consecuencia de la extrema intensidad del fuego.

Fue el propio Ministro de la Presidencia quien dio la noticia y la explicación del hecho trágico. “Falleció por inhalación de monóxido de carbono y un golpe de calor, ocasionándole un paro cardiorespiratorio» —informó Juan Ramón Quintana—, “en momentos en que se reavivó el fuego en esa comunidad, por los fuertes vientos que sobrepasaron los 90 kilómetros por hora y una temperatura ambiental de 40 grados centígrados”.

El infortunado profesional había llegado al lugar dos días antes, no estaba registrado oficialmente en ninguna unidad de bomberos, destacó Quintana y, según informó la agencia estatal ABI, llegó a la zona «por sus propios medios». Es decir, después de todo, el Gobierno no era responsable de su muerte. Pablo dejó tres niños en la orfandad.

Pero ya no se puede negar que los fuegos forestales en Bolivia son particularmente asesinos. Según un informe que publicó Sol de Pando el 12 de septiembre, las tormentas de fuego desatadas por los “chaqueos” producen llamas que superan una velocidad de 4.000 hectáreas por hora, es decir pueden devorar hasta 100.000 hectáreas de bosque con todo lo que lleva adentro, quemando y asfixiando a todo ser vivo. Las llamas producen una incandescencia de 100.000 kilovatios por metro (kw/m). Más allá de los 10.000 kw/m el bombero sufre quemaduras de piel.

El “twittero” tras la foto de Evo Morales no dejó esperar su “consternación” ante la muerte de Pablo:

Elmar Roca Núñez, bombero voluntario de 18 años, es el más joven de las víctimas que perecieron en la lucha contra el incendio de la Chiquitania. | Foto Familia Roca Núñez

El 14 de septiembre, una semana después de la muerte de Pablo Suárez, tres bomberos voluntarios del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) de la Gobernación de Santa Cruz fallecieron ahogados en el atajado de una hacienda privada, a 30 kilómetros de Concepción, donde fueron convidados para compartir un churrasco, a modo de agradecimiento, por su trabajo combatiendo el fuego que va dando fin con los bosques chiquitanos.

Las víctimas Renzo Enrique Flores de 37 años, Elmar Roca Nuñez de 18 años y Dylan Vega de 22, oriundos de Santa Cruz, venían colaborando para la mitigación del incendio en el bosque chiquitano desde el domingo 8 de septiembre. Esta semana iban a ser relevados por otra cuadrilla.

Los tres cuerpos fueron velados en la catedral Inmaculada Concepción, en el municipio de Concepción, y luego dos de ellos fueron trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El más joven, Elmar, fue enterrado en su pueblo natal de San Ignacio de Velasco.

Se sabe que uno de ellos habría sufrido un infarto al miocardio mientras nadaba; dos de sus compañeros acudieron a su rescate y también se ahogaron. El stress y las sustancias tóxicas inhaladas durante el enfrentamiento con las tormentas de fuego generan alteraciones arteriales y pueden causar infartos y accidentes cardiovasculares, inclusive “fuera de la línea de fuego”.

Para el Gobierno fue un alivio saber que los tres bomberos murieron “en su día de descanso” y no en pleno fragor del combate al incendio provocado por los “chaqueos”.

Evo, por su parte, “muy consternado” como siempre:

“No más tontos útiles”

Renzo Enrique Flores, otro valeroso voluntario que perdió la vida el 14 de septiembre. | Foto ANF

La semana pasada decenas de bomberos voluntarios decidieron retornar a sus lugares de origen (la mayoría proveniente de La Paz y Cochabamba) denunciando que “resulta imposible lograr el objetivo de apagar o mitigar las llamas” debido a que existen grupos de comunarios, vinculados al Gobierno, que reinciden con los incendios e intentan agredir a los voluntarios.

Según publicó el periódico Página Siete, muchos jóvenes voluntarios retornaron a sus regiones “tras denunciar quemas provocadas por colonos. Frustrados y decepcionados, aseguraron que ni bien apagan el fuego, los colonos realizan chaqueos en los mismos sectores”.

“Me siento frustrado” —dijo a Página Siete uno de los  bomberos voluntarios de Cochabamba que prefirió guardar su nombre en reserva—. “Nos vamos, sentimos que nuestra presencia es insulsa… Nosotros apagamos  un  incendio con mucho trabajo en un sector determinado, incluso exponemos hasta nuestras vidas. Pasa un rato y en otro sector prenden nuevamente fuego”. Aseguró que pese a tanto esfuerzo “se sienten derrotados. “No es por las quemas, sino por los comunarios que provocan los chaqueos”, insistió.

Y lo más alarmante, la zona estaría infestada de narcotraficantes.

El pasado jueves, el programa AM de radio Fides informó que varios de ellos, que estuvieron en Concepción, “dejaron esa labor por la falta de seguridad, pues encontraron una fábrica de droga”. Policías que aparentemente resguardaban el laboratorio de cocaína se negaban a colaborar con las tareas anti-fuego de los bomberos voluntarios.

Sol de Pando tomó contacto con un grupo de padres de familia que se estarían organizando para que sus hijos pertenecientes a grupos de voluntariado como el SAR-Bolivia y organizaciones de Scouts, se abstengan de retornar a las zonas de incendio o eviten brindarse como voluntarios en futuras expediciones.

“No podemos seguir siendo tontos útiles de un Gobierno que está llevando a la muerte a nuestros hijos en una supuesta lucha contra los incendios, mientras el mismo Gobierno provoca esos incendios legalizando los chaqueos”, dijo un padre de familia.

GALERÍA | Voluntarios en acción

La base jurídica del desastre forestal boliviano

Los familiares de los voluntarios denuncian asimismo que el régimen no ofrece ninguna facilidad ni garantía real para que los jóvenes ambientalistas desempeñen su labor con la debida proligidad. “Somos nosotros los que financiamos el voluntariado de nuestros hijos comprando equipos, ropa y alimentos, muchos hemos llegado a gastar hasta mil dólares para un sacrifício que no tiene sentido”, protesta una madre de familia.

“Si el Gobierno desea seguir contando con los voluntarios, debe anular de una vez por todas esa ley y ese decreto que les permite a los campesinos que trasladaron quemar los bosques para sembrar”, declaró otro vocero del grupo que pidió resguardo de su identidad.

Según el Ministerio de Defensa, más de 7.000 personas combaten el fuego por tierra en los bosques del país, entre quienes se cuentan a los voluntarios que llegaron de distintas regiones.

Sin embargo la frustración se generaliza entre los voluntarios al constatar que las normas impuestas por el Gobierno para legalizar los “chaqueos” dentro las reservas forestales y parques nacionales —la Ley 741 del 29 de septiembre de 2015 y el Decreto Supremo 3973 del 10 de julio de este año— hacen que sofocar las tormentas de fuego sea una misión imposible.

El presidente Evo Morales y su Ministro favorito han cerrado toda posibilidad de abrogar aquellas dos normas incendiarias; mientras Bolivia ya perdió casi tres millones de hectáreas forestales bajo las tormentas de fuego que están destruyendo los principales bosques protegidos del país donde se aplica, sin piedad, la Ley 741 y el Decreto 3973.

Mapa satelital con el registro de zonas de riesgo, focos de calor y zonas incendiadas sobre áreas protegidas, que se acumularon este año hasta el mes de agosto. | Cartografía FAN

La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) reportó que sumado los departamentos de Beni, La Paz, Tarija y Cochabamba, los bosques destruidos por los incendios alcanzan a 2,9 millones de hectáreas en 20 de las 22 áreas protegidas que hay en todo el país. El departamento de Santa Cruz concentra el 71 por ciento del total de áreas afectadas por incendios a nivel nacional. En todas esas áreas fiscales se aplican la Ley 741 y el Decreto 3973 que permiten a campesinos migrantes, trasladados por el Gobierno, realizar «chaqueos» (quema «controlada» de árboles) para transformar esos asentamientos dentro el bosque en tierras de cultivo agrícola y de pastoreo.

El pasado fin de semana la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz informó que el incendio forestal en la Chiquitania arrasó hasta el viernes 13 de septiembre un total de 2’440.000 hectáreas, de las cuales 1’150.000 hectáreas corresponden a áreas protegidas y parques nacionales —dentro el departamento de Santa Cruz— que contienen gran biodiversidad.

Los incendios afectaron al menos ocho reservas naturales cruceñas, de las cuales cinco son nacionales y tres del ámbito subnacional (municipal o departamental). Las más afectadas son la Reserva Nacional de San Matías y el Parque Nacional Otuquis y Ñenmbi Guasu, un área de conservación ecológica de la nación indígena Guaraní. También sufrieron devastación la Reserva de Vida Silvestre Tucabaca, la Reserva Biológica de San Borja, el Área de Protección Santa Cruz La Vieja, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el Parque Nacional Kaa-Iya.

El desastre es total.

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