Carlos D. Mesa Gisbert | LOS GRAVES DAÑOS DEL 28N
El Presidente Morales ganó sucesivamente y por mayoría absoluta las elecciones de 2005, 2009 y 2014. En el primer caso con las reglas del mal llamado “neoliberalismo” y dentro de la Constitución de 1967. Sus tres triunfos le dieron una legitimidad de origen que le permitió jactarse de su incuestionable apoyo popular. En ninguno de ellos -obviamente- puso en cuestión la democracia que lo había hecho Primer Magistrado y menos todavía la fortaleza del voto ciudadano personal y secreto en el que basó su éxito electoral. Durante todos estos años en los que las mayorías le sonreían, su gobierno reivindicó su base democrática. El sistema era bueno porque lo avalaba.
Cuando el 21 de febrero de 2016 esa mayoría cambio de signo y su intento de ir a la reelección indefinida fue bloqueado con la misma fuerza democrática que lo hizo Presidente en tres ocasiones, se acabó la celebración, se acabó la demanda de respeto a la soberanía popular y la retórica de gobernar escuchando al pueblo. Comenzó, en cambio, a funcionar otro discurso, el del ‘cartel de la mentira’, el de las variopintas teorías de la conspiración repitiendo el viejo libreto de todo gobierno que prefiere inventar argumentos en vez de reconocer, aunque sea por una vez, que comienza a perder el favor popular. Es más fácil acusar al imperialismo yanki, a la derecha vende patria, a los políticos caducos y a la clase media decadente, que reconocer que el modelo no tiene nada que ofrecer, que hay una evidente degradación y envilecimiento de aquellos objetivos y promesas que permitieron un camino tan ancho y tan lleno de buenos augurios.
Aún en este contexto de desencanto y de rabia por la constatación de que el actual proyecto de futuro de nuestros gobernantes es atarse indefinidamente al poder, el Presidente mantuvo un respaldo a su gestión de más del 45% y una intención de voto superior al 30%. Su principal apuesta ha sido tratar de convencer a la gente de que su permanencia garantiza estabilidad económica, estabilidad política y estabilidad social. Sin embargo, la tesis que apunta a la idea de que “Después de mí, el Diluvio”, se está debilitando incluso en un contexto económico que es más favorable del previsto hace unos meses, pues los precios internacionales vuelven a subir, lo que permitirá un crecimiento sostenido y un alivio en algunos indicadores críticos. La hipótesis de que la seguridad económica adormece los cuestionamientos de la sociedad, parece no estar cumpliéndose. La clase media tan maltratada por los intelectuales del régimen, prueba que hay valores vinculados a la democracia que son cruciales y que se entienden en su exacta dimensión como derechos irrenunciables.
Para que estas justas reivindicaciones cobraran fuerza tuvo que activarse un detonante, ese detonante fue el fallo del Tribunal Constitucional del 28N (28 de noviembre de 2017) que no hizo otra cosa que operar la orden presidencial de habilitarlo para una nueva candidatura ilegal. Pero ocurre que el pueblo boliviano cree en la fuerza del voto, o mejor, se siente dueño y soberano -como debe ser- de su propia voluntad. No está dispuesto a delegarla porque entiende que su sufragio es sagrado. El término no es una exageración, refleja realmente una convicción producto de la lucha denodada y sangrienta para conquistar esa soberanía. La peor ironía en este caso es que el campeón de las lides electorales en los 35 años de nuestra democracia, ha sido precisamente el encargado de burlar la voluntad popular con una acción que muestra un olímpico desprecio por lo que es uno de los bienes más preciados de los ciudadanos, su decisión expresada en las urnas.
El gobierno pensó que la rabieta se pasaría, que era cuestión de tiempo, que al final nos resignaríamos a aceptar los hechos consumados. Por alguna razón inexplicable, además, decidió concentrar tres iniciativas antipopulares en muy corto tiempo. El 28N; las elecciones judiciales que fueron un revés de magnitud que, por supuesto, no modificó la hoja de ruta de posesionar un nuevo Poder Judicial legal pero no legitimo; y el nuevo Código Penal que desencadenó las movilizaciones populares.
El MAS se niega a entender qué hay una diferencia entre la valoración de lo hecho hasta hoy, contrastado con el agotamiento por las cosas negativas que salen progresivamente a la luz, la institucionalidad cada vez más debilitada y, sobre todo, lo poco o nada nuevo que el proceso político en vigencia tiene para ofrecer.
Pero, sin duda, el peso mayor es el desprecio por nuestro voto. Esa afirmación prepotente que conlleva el fallo del 28: “sí, he decidido no aceptar el veredicto del Referendo del 21F. Algún problema? La respuesta ha sido: “sí, hay un problema, la soberanía popular es el mayor bien de la democracia y lo vamos a defender”.
El Presidente y su gobierno se equivocan y prueban una vez más que no han logrado construir un modelo capaz de reproducirse legítimamente en democracia, con la indispensable renovación de liderazgo. Su decisión atrabiliaria pone en riesgo su propia propuesta histórica y muestra una limitación pertinaz, confundir revolución con democracia. Democracia es algo tan simple pero tan importante como aprender a cumplir las reglas que el pueblo se dio a sí mismo por decisión soberana, cuando aprobó mediante Referendo su Carta Magna. Sólo el pueblo la puede cambiar, y en este punto específico ya dijo un rotundo NO.
